ABC destaca que la 'victoria' de Susana Díaz puede volverse contra el PSOE y su unidad
La declaración de Manuel Gómez, quien fue interventor general de la Junta de Andalucía que durante una década y denunció el fraude de los ERE, deja clara la responsabilidad de Manuel Chaves y José Antonio Griñán en la orquestación del fraude de los ERE, que se calcula en 855 millones de euros. Pero quienes más preocupados parecen son los periódicos que lee la derecha.
En un editorial titulado ‘Andalucía necesita un Gobierno’, La Razón carga toda la responsabilidad en el PP. El periódico que dirige Francisco Marhuenda insta al PP a que facilite la investidura de Susana Díaz con la abstención de sus diputados. ¿A cambio de qué, cuando el PSOE parece dispuesto a pactar con Podemos para expulsar al PP de los Gobiernos en que se encuentra? No lo dice el editorialista.
ABC, más ecuánime, advierte las fisuras internas en el PSOE por los enfrentamientos entre los viejos socialistas, Susana Díaz y Pedro Sánchez, pero también añade que el PP debe tener más «astucia» para no quedar ante los andaluces como responsable del bloqueo institucional.
El Mundo le exige a Pedro Sánchez que imponga la decencia con la que asegura que quiere gobernar España y su partido y obligue a Manuel Chaves a renunciar a su acta de parlamentario.
EL MUNDO
La declaración del interventor general de la Junta de Andalucía que durante una década denunció en vano el fraude de los ERE pone en evidencia de tal forma el cúmulo de mentiras vertido ante el Supremo por José Antonio Griñán y Manuel Chaves que debería servir de punto de inflexión definitivo para que Pedro Sánchez tome de una vez la determinación de despojar de su escaño a este último. Sólo un manirroto o un cómplice consciente del saqueo puede incurrir en la dejación de funciones descrita con toda precisión por ese alto funcionario, así que el secretario general socialista puede escoger en cuál de esas dos categorías de la ignominia coloca a los dos ex presidentes.
Chaves acusó ayer a Podemos y Ciudadanos de ejercer «chantaje» al poner su cabeza como el precio de su apoyo a la investidura de Susana Díaz. No comprende que la sociedad española está exigiendo una nueva ética pública que impida que el responsable político de esa indecencia siga ocupando un escaño en representación de los ciudadanos. ¿Lo entiende Pedro Sánchez?
ABC
El doble cerco, judicial y político, al que está sometido el PSOE andaluz sigue estrechándose y reduciendo las posibilidades de que Susana Díaz sea investida en primera vuelta presidenta de la Junta de Andalucía. Los tres partidos minoritarios, Ciudadanos, Podemos e Izquierda Unida, han reiterado que votarán «no» a Díaz como presidenta, lo que deja en manos del PP que la candidata socialista salga o no del atolladero en el que ella misma se metió al romper con su socio comunista y convocar elecciones anticipadas. Los populares no deberían sentirse responsables del fracaso estratégico de Susana Díaz, pero si no emplean un poco más de astucia en su política de comunicación acabarán apareciendo ante los andaluces como los culpables del bloqueo institucional.
Puede que la expectativa de tener que acudir de nuevo a las urnas, harto improbable, lleve a los socialistas andaluces a ceder en todo lo que haga falta, pero el coste de esta opción puede ser muy alto para la cohesión interna del PSOE en un momento especialmente delicado de la legislatura.
Con esos informes de por medio, la situación procesal de Chaves y Griñán puede desembocar en una petición de suplicatorio para su inmediata imputación.
LA RAZÓN
Díaz deberá conseguir en la investidura 55 de los 109 escaños, una mayoría absoluta imposible, por lo que tendrá que someterse a una segunda votación en la que debería obtener la mayoría simple. De esta manera, el día 7, un día antes del inicio de la campaña electoral, puede concluir esta larga negociación en la que no se han puesto encima de la mesa programas concretos, sino una simulación ante el electorado. Andalucía tiene que salir cuanto antes de esta encrucijada en un momento en el que, por un lado, necesita un empuje en su política económica y, por otro lado, desbloquear la crisis abierta por el «caso de los ERE». La realidad es que Díaz sólo necesita 16 abstenciones.
