ABC y El Mundo reclaman para cada uno de ellos la gloria de haber destapado el escándalo
El magistrado del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro aprecia indicio de delito en la actuación de los expresidentes del PSOE Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y les considera responsables de propiciar un sistema ilegal de ayudas a trabajadores despedidos y empresas en crisis entre 2001 y 2010.
La Junta de Andalucía estableció el fondo de los ERE, dotado de 855 millones, en 2001 para actuar con celeridad frente a los conflictos laborales. De estas ayudas se beneficiaron hasta 2011 numerosas empresas y personas que ni siquiera habían trabajado. Estos fondos fueron gestionados a través de UGT y CC OO, además de por aseguradoras y consultoras. Por ahora, hay 272 imputados.
La constatación de que la Administración andaluza bajo el PSOE montó un entramado para robar dinero supone para dos periódicos casi un motivo de alegrái. Para El País estamos ante un triunfo de la regeneración en política y para La Razón Susana Díaz se beneficia de escapar de la sombra de Manuel Chaves.
El Mundo y el ABC, que discuten sobre cuál de ellos fue el primero en denunciar el escándalo, tienen opiniones distintas. El periódico de David Jiménez reclama al PSOE que pida perdón a los españoles por haberse empeñado en mantener a Chaves y Griñán. ABC, que califica a Andalucía de haber sido «durante lustros un paraíso de corruptelas», se asombra de la lentitud de la justicia.
EL MUNDO
Como ha venido denunciando este diario durante un lustro de exclusivas, todos los escalones de la administración andaluza se pusieron al servicio de una trama corrupta que se dedicó durante 11 años a extraer una cantidad ingente de recursos públicos con los que comprar adhesiones políticas para el PSOE a través de ayudas irregulares.
El PSOE de Pedro Sánchez y Susana Díaz tendrá que cargar para siempre con el baldón de haber evitado romper para siempre y por propia iniciativa con ese pasado. Chaves, Zarrías y Viera renunciaron ayer sin que nadie se lo pidiese a sus respectivas actas y con ellas al aforamiento, de la misma forma que Griñán lo había hecho hace varias semanas.
El «cambio seguro» que el PSOE dice representar sólo tendrá credibilidad si emite una declaración en la que asuma esa responsabilidad como propia, pida disculpas y expulse a los ex presidentes. Quien tome esa iniciativa tiene que ser la ayer silente Susana Díaz. (…) Ciudadanos, que la invistió presidenta, está tardando en someterla a esa exigencia. No basta para la regeneración democrática, como pretendió ayer Albert Rivera, con que renuncien a sus actas. El PSOE debe pedir perdón
ABC
El de los ERE fraudulentos, con cerca de 200 imputados y con la cúpula del PSOE andaluz durante casi veinte años en la picota, fue un caso destapado por ABC en un ejercicio del más riguroso periodismo. Este diario -otros se sumaron mucho después- ha venido desgranando durante casi cinco años todas las revelaciones del proceso, poniendo a disposición de los lectores múltiples documentos acreditativos del fraude.
Hasta en tres ocasiones ha modificado Pedro Sánchez su oportunista criterio de exigencia a la hora de «condenar» a Chaves y Griñán. Primero, cuando quitó todo valor al auto de Alaya y no les exigió sus escaños; segundo, cuando negó que estuviesen imputados pese a que comparecieron en esa condición; y tercero, cuando prestaron declaración y, pese al contundente testimonio del interventor, les eximió de toda responsabilidad. Una triple vara de medir. Los imputados ya no tenían otra salida. Ni Sánchez otro remedio que provocarla, porque el crédito de su mensaje contra la corrupción está al límite.
Las sospechas de subvenciones a dedo y sin supervisión concedidas a UGT, o las investigaciones abiertas por cientos de cursos de formación simulados, reflejan que Andalucía ha sido durante lustros un paraíso de corruptelas e incumplimiento flagrante de la ley. Clarificada ahora la fase determinante del caso ERE, y estando esos otros procesos en plena instrucción, el drama se centra en la lentitud de la Justicia. No es aceptable tardar seis años en determinar imputaciones de estas características. El daño a imputados que dejan de serlo es irreversible y la tardanza da una imagen de ineficacia que no merece una democracia moderna. La justicia, cuando llega tan tarde, corre el riesgo de dejar de serlo.
EL PAÍS
En el plano político, se ponen a prueba los nuevos (y más altos) niveles de exigencia reclamados a los partidos. Griñán ya renunció hace 10 días a su acta en el Senado. Y Chaves, Zarrías y Viera comunicaron ayer su intención de dejar sus escaños. Pese a lo que simbolizan en el PSOE (Chaves y Griñán han sido los dos anteriores presidentes federales de este partido, además de ministros en los Gobiernos de Felipe González) ninguno tenía una salida menos traumática. Su decisión da crédito a los mensajes regeneracionistas que protagonizan el escenario de la actual situación política.
LA RAZÓN
Los dirigentes andaluces negaron siempre cualquier responsabilidad, incluso cuando la instrucción, ahora ratificada por el Tribunal Supremo, mostraba una red de clientelismo y corrupción que implicaba a toda la estructura de la Junta.
Uno de los hechos en los que Barreiro hace especial hincapié para demostrar que había la intención de prevaricar son las 22 veces que se modificaron estos presupuestos durante la concesión de las subvenciones de los ERE. Los fondos públicos defraudados ascienden a 136 millones. La imputación formal de los ex presidentes de la Junta Chaves y Griñán sitúa la responsabilidad del caso al más alto nivel político y obligará a la presidenta, Susana Díaz, a llegar hasta el final en la renovación del socialismo andaluz en la que se ha empeñado. La imputación de dirigentes tan señalados como Chaves y Griñán es, paradójicamente, un balón de oxígeno para la nueva presidenta, que, pese a adelantar y ganar las elecciones acosada por la corrupción, era evidente la debilidad de su posición, a pesar del acuerdo alcanzado con Ciudadanos, porque la estabilidad de su Gobierno dependía del futuro de Chaves.
