La Oficina Contra el Fraude no tenía más que "sospechas" contra Rato, pero ningún "indicio"
La detención de Rodrigo Rato en abril de 2015, pocas semanas antes de las elecciones locales, por cinco supuestos delitos fiscales se está revelando como un escándalo político, pero no de quien fue ministro de José María Aznar, director gerente del FMI y presidente de Bankia, sino del Ministerio de Hacienda dirigido por Cristóbal Montoro.
El País publica un editorial en que arremete contra la inspectora jefe de la ONIF (Oficina Nacional de Investigación del Fraude), Margarita García-Valdecasas, por haber declarado ante el juez el 20 de julio 2015 que se limitó a firmar el informe que le presentaron sus subordinados sobre los cinco presuntos delitos fiscales cometidos por Rodrigo Rato en el manejo de su patrimonio.
Para el periódico progresista, la investigación a Rato se aceleró «indebidamente» y por «una motivación política». Debido a ello, pide la sustitución de García-Valdecasas y también del director de la ONIF.
Sin embargo, la Audiencia de Madrid mantiene la fianza de 18 millones de euros contra Rato por varios delitos fiscales.
Las respuestas de García-Valdecasas alientan la sospecha de que el caso contra Rato -cometiera o no delito fiscal- se aceleró indebidamente, sin las pruebas indiciarias mínimas requeridas en una investigación, utilizando las meras sospechas como si fueran pruebas. La hipótesis que manejan algunos estupefactos cargos políticos y funcionarios de Hacienda y Economía es que el expediente se aceleró para controlar el momento político en el que se difundía el caso Rato.
En primer lugar, es totalmente insólito que la responsable de la Oficina Antifraude responda a un juez que las conclusiones del informe se basaban en los datos que figuraban en los ficheros de la Oficina, técnicamente meras sospechas.
Porque el modo de actuación de la Agencia excluye que un expediente se base en sospechas; por el contrario, debe fundamentarse en indicios. Y para convertir las sospechas en indicios es necesario, según el procedimiento de la ONIF, que el informe incluya la declaración del contribuyente (derecho de contradicción). Algo que sorprendentemente no se hizo.
En resumen, el informe contra Rato (con independencia, hay que repetir, de si hubo o no delito fiscal) es una actuación técnicamente desdichada, preñada de sospechas y sin indicios sustanciales. No es de extrañar que la Fiscalía Anticorrupción no lo tuviera en cuenta. El que, a pesar de todo, se llevara adelante implica una motivación política que contamina escandalosamente la credibilidad de la Agencia.
Parece obvio que Margarita García-Valdecasas no está capacitada para dirigir la Oficina de Investigación del Fraude; sus respuestas al juez así lo indican. En cuanto al director de la Agencia, también se ha ganado su sustitución; por éste y por otros graves problemas anteriores.
