Pactos postelectorales tras las generales o las barrabasadas de los podemitas son los temas que abundan en las columnas de este 18 de agosto de 2015. Si tienen ustedes en casa algo que huela a Franco o su calle se llama, por ejemplo, Caídos de la División Azul, prepárense porque en ambos casos desaparecerán de sus vidas con Podemos y comparsa al frente.
Arrancamos en ABC donde David Gistau habla sobre la intransigencia de la que hacen gala Pablo Iglesias y sus correligionarios:
El Ayuntamiento de Madrid hace ya experimentos precursores de un nuevo tipo de representación que no pasa por el parlamento, sino por la web, versión tecnológica del soviet, o asamblea. Trasladada allí la legitimidad, los parlamentos, de los que ya decía el 15-M que «no nos representan» -sólo la Puerta del Sol lo hacía-, quedarán como antiguallas burguesas, contaminadas además por residuos de la casta, sin agallas para resistirse a los mandatos populares expresados en las webs de Podemos.
Sin que Pablo Iglesias haya hecho aún su entrada a lomos de un borriquito de Alberti, el pueblo ideológico se siente ya por anticipado tan «empoderado» que, con un agresividad que es toda ella reminiscencia histórica, ha comenzado a descartar todo cuanto quedaría proscrito en ese mundo diseñado por la ingeniería social que pretenden construir sobre los escombros del «régimen del 78». El afán de liquidación lo abarca todo. Desde la corrección en los callejeros de la excesiva presencia «borbónica» y el uso como coartada del antifranquismo para borrar a cualquiera que no coincida con el canon militante. Hasta elementos culturales como las corridas de toros, de las cuales este verano ha demostrado que no le serán consentidas al nuevo español.
Y relata lo sucedido en el festival Rototom Sunplash
Lo que ha ocurrido en el festival Rototom Sunsplash puede parecer una anécdota, pero es reveladora de todo esto. Una militancia mentalmente violenta e intransigente, que además siente que la hora española le pertenece, da rienda suelta, sin disimulo alguno, a sus odios y sus prejuicios. En este caso, el antisemitismo, pulsión vertebral de esa izquierda/web que va a refundarnos. Su fuerza es tal, y tan altanera, y tan dominante, que el director del festival se acobarda del modo más indigno posible y termina entregando la expulsión de Matisyahu, el artista al que primero hizo amago de defender en nombre de una serie de principios blablablá. A todas ésas, Matisyahu ha sido declarado execrable por defender la existencia del estado de Israel. Pero la expulsión del cartel no es lo único. Al artista intentan someterlo a una humillación con la que se le ofrece expiar sus pecados, retractarse y decir en público la verdad verdadera, cuya luz no lo ilumina, pobre hombre. En definitiva, se le ofrece ser reprogramado sin pasar siquiera por el psiquiátrico, como ocurría en la URSS. Con la colaboración del director del festival, cuyo nombre no recuerdo, y espero vivir en adelante una larga vida sin llegar nunca a saberlo, a Matisyahu se le dice que podrá quedarse si primero expresa unas opiniones acerca de Palestina que alguien le lleva escritas para que no tenga ni que hacer el esfuerzo de improvisarlas. Así, si Matisyahu no encaja, ya es culpa suya, porque se le dijo cómo hacerlo.
¿Es una anécdota o es una advertencia, entre otras, de cómo será la España de mañana? Cruel, intransigente y con un afán de dominio que lo abarca todo, desde el callejero hasta la cultura.
Por su parte, Ignacio Camacho habla de los posibles pactos postelectorales del PSOE tras las generales de finales de noviembre de 2015:
Sin que Pedro Sánchez se haya pronunciado aún al respecto, como sí hizo Zapatero antes de su primera campaña electoral «no intentaré gobernar si saco un voto menos que al adversario», numerosos dirigentes del PSOE han comenzado a manifestar con progresiva frecuencia su intención de tejer alianzas para alcanzar el poder en el caso de que el PP, al que dan por ganador aritmético de las generales, no logre una mayoría suficiente. No van a engañar, pues, a nadie que no quiera darse por engañado; los pactos autonómicos y municipales se repetirán a escala nacional si existe una posibilidad de reeditarlos. Los socialistas están satisfechos de la experiencia, que les ha consolidado como referencia del voto útil de izquierda, y su jefe de filas sabe además que sólo cuenta con una oportunidad de ser presidente. Si la desperdicia sufrirá, Susana Díaz mediante, el inmediato cuestionamiento de su liderazgo.
Asevera que el sueño del guapo Pedro Sánchez es conseguir una alianza con Ciudadanos:
El sueño de Sánchez consiste en un acuerdo con Ciudadanos, y es una idea que suena bien asimismo en los oídos de Albert Rivera. Sin embargo las encuestas, encabezadas por el PP con ligera aunque creciente ventaja, no contemplan a día de hoy una masa crítica de diputados suficiente para permitir un compromiso entre el segundo partido y el cuarto. Ese trato sólo sería posible si los socialistas fuesen la primera fuerza o Cs la tercera, hipótesis que por ahora no aparecen en ningún radar de opinión pública. Es cierto que los sondeos envejecen pronto en estos tiempos tan volátiles, pero las combinaciones más plausibles son otras: o el Partido Popular gobierna con el apoyo de los riveristas, como ha sucedido en la Comunidad de Madrid y en Málaga, o el PSOE lo hace con Podemos, IU y los nacionalistas de izquierda, como en Valencia. Ése es el cuadro.
Entre los electores de centro derecha, todavía bastante renuentes al voto del miedo, funciona una suerte de automatismo mental sobre la primera opción, dando por hechos acuerdos que la dirección de Ciudadanos no ve en absoluto claros. Existe empero la posibilidad de que, como en Sevilla o la citada Valencia, ambas fuerzas no sumen mayoría de gobierno. Ése es el marco de situación en que el PSOE postularía su alternativa de investidura, con la izquierda radical y el nacionalismo como socios principales. No es el escenario que más le gusta a su candidato pero sí el que tiene más a su alcance. En cálculo de probabilidades, a tenor de las proyecciones demoscópicas, se trata también del más verosímil. Y si se dan las condiciones, Sánchez no va a desperdiciarlo.
Y pone negro sobre blanco que es lo que le hace falta a Mariano Rajoy para evitar salir de La Moncloa:
Con todo, y como se suele decir en las competiciones deportivas, Rajoy depende todavía de sí mismo. Lidera la estimación de voto y por tanto sus resultados serán los que determinen el resto de cábalas. Le falta un salto cualitativo: el del 30 por ciento o los 150 escaños. Y le quedan tres meses para despertar a su reticente electorado.
Hermann Tertsch le mete de lleno al pancatalanista y secesionista consejero de Educación de la Comunidad Valenciana, Vicente Marzá:
El Gobierno de la Comunidad Valenciana asegura no compartir las intenciones de uno de sus más destacados miembros, Vicente Marzá, de sumar a esta región a la operación separatista acaudillada en Cataluña por el presidente de la Generalitat, Artur Mas. Dice la portavoz del Gobierno regional, la vicepresidenta y dirigente del nacionalista Compromís, Mónica Oltra, que el gobierno del socialista Ximo Puig no apoya los planes de su consejero de trabajar para destruir España, dinamizar la Constitución y anexionar Valencia a Cataluña. ¡Vaya, qué bien! Pero trabaja bien y cómodamente con el enemigo del Estado. El presidente del Gobierno regional, del PSOE, no tiene ninguna intención de relevarlo. Marzá es un separatista, un enemigo declarado de España como Estado y Nación, y de la Constitución. De una Constitución que tenía que haber jurado respetar y defender, porque si no fuera el caso, no debería estar hoy ejerciendo el cargo que ocupa y que tantas satisfacciones produce al gobierno del socialista Puig. Tampoco está libre de culpa el PP, cuya política educativa en décadas ha creado el caldo de cultivo para esta miseria. Lo cierto es que el deber de controlar que los gobiernos regionales cumplan con la ley es del Gobierno de la Nación.
Explica con detalle quién es este sujeto:
Marzá es nada menos que consejero de Educación, Cultura y Deportes. Es quien establece cuáles son las directrices educativas a las que están sometidos todos los niños en la región. El que decide qué aprenderán y escucharán los niños españoles en clase en toda la región valenciana sobre España, su historia, la democracia, su Estado y su Constitución. Marzá es lo que se llama un pancatalanista que cree que Cataluña tiene la misión histórica de destruir España para construir un nuevo Estado en las regiones de Cataluña, Comunidad Valenciana actual, Baleares y aquello que el apetito territorial vaya disponiendo, sobre todo en Aragón, quizás más adelante en Murcia o Castilla-La Mancha. Como Grossdeutschland o Velika Serbjia, pretende una Gran Cataluña mucho más allá de las fronteras actuales de la región y con una vocación expansionista que tiene a poner cada vez más lejos las fronteras exteriores de esos fantasmales Países Catalanes. «Poquito a poquito, pasito a pasito, los que nos creemos el país construiremos un puente con las mismas piedras a cada lado del río Sènia», decía Marzà. De forma tan poética describe el consejero de Educación sus planes de dinamitar España para crear un Estado a partir de la anexión de Valencia a Cataluña en gran parte de España oriental incluidas las Baleares. Quiere destruir un Estado para hacer otro sobre ideas fanáticas nacionalistas propias del siglo XIX. Como Slobodan Milosevic o Radovan Karadzic, poetiza con proyectos que solo pueden generar violencia, odio, dolor y sangre.
Y le da un palo a Mariano Rajoy por hacer el Don Tancredo:
No hace falta decir que en cualquier otro país europeo alguien con la abierta intención de destruir la Constitución y la integridad del estado y la Nación no podría ejercer tal cargo. En muchos países tendría vetado hasta dar clase debido a esa militancia subversiva contra el Estado. En España es el jefe de la enseñanza de toda una región. Pero además es miembro de un Gobierno que no preside un friki llegado por alguna pirueta electoral. No. El gobierno que deja en manos de ese enemigo del Estado tal responsabilidad es del PSOE. Del partido que durante más tiempo ha gobernado España en democracia. Marzá debería estar inhabilitado. Pero ni más ni menos que Artur Mas y todo su equipo de gobierno golpista. Poco puede esperarse del partido de Pedro Sánchez y Ximo Puig, cuando el gobierno de Mariano Rajoy sigue de mero observador ante el golpismo sin complejos del presidente de la Generalitat.
Mientras, en La Razón, Carlos Rodríguez Braun habla sobre los antidesahucios:
El llamado movimiento antidesahucios empezó siendo una bandera de la izquierda radical y ahora es de muchos. Ya Isaías habló de la convivencia de lobos y corderos (Is. 11, 6-7 y 65, 25). La verdad es que todo se reduce a una nueva vuelta de tuerca en la explotación del más débil, el que no organiza manifestaciones ni proclama sus reivindicaciones, es decir: el contribuyente.
Pone como botón de muestra el consistorio de Madrid:
Por ejemplo, el Ayuntamiento de su ciudad, o sea, usted, puede pagar al banco parte de la hipoteca de los posibles desahuciados, o buscar «soluciones habitacionales», que también paga usted. Los beneficiarios en primer lugar son los políticos, como la alcaldesa de Madrid, que obtuvo en «El País» honores de portada: «Carmena paraliza más de 2.000 desahucios». Se trataba de «pisos sociales» con «alquileres sociales» en el centro de la ciudad, que paga o subvenciona el Ayuntamiento, o sea, usted.
Y explica cuál era el propósito:
El plan municipal era vender esos pisos a fondos de inversión, que pagarían una buena cantidad porque están en el centro, mientras que los inquilinos pagan alquileres de 200 euros y en algunos casos 75 euros al mes. En absoluto se trataba de dejar a la gente en la calle, porque el Ayuntamiento «les ofrecía otras viviendas con el mismo alquiler, pero en otros distritos». El resultado: «Casi todos se negaron porque llevaban media vida en esas calles y barrios». Y ahí empezaron la «lucha» y las «reivindicaciones», que llegaron un final feliz: todo sigue igual. Y ni un recuerdo para el que realmente paga.
En El Mundo, Carlos Cuesta se carcajea a mandíbula batiente de las formas de hacer política de alcaldesas como la de Barcelona, Ada Colau, o la de Madrid, Manuela Carmena:
Así es la nueva política. Ese supuesto viento fresco que iba a acabar con la casta. Un estilo de política que si tuviese que analizarse en parámetros de comercio tendría más parecidos con un top manta que con un comercio tradicional. Un tipo de política que, por desgracia, amenaza con desbaratar no sólo los esquemas de seguridad jurídica necesarios en cualquier estado de derecho, sino que, además puede truncar la incipiente recuperación económica en la que ya se encuentra inmersa España.
No es mi opinión. Es la del FMI, que acaba de alertar del riesgo de un parón en el ritmo de las reformas. Un riesgo que llevaría nuestro crecimiento potencial al 1,5%, una frontera en la que resulta extremadamente difícil crear empleo.¿Exagera el FMI? Al margen de análisis económicos, apliquemos el sentido común a las medidas y declaraciones planteadas por los populistas y sus aliados socialistas en las últimas semanas.
Habla sobre los manteros de Colau:
Ada Colau afirma que la solución al top manta no debe ser policial. ¿Deben entonces los comercios habituales pagar sus tributos municipales? ¿Podrán competir contra un comercio ilegal que no soporta el sistema de bienestar? ¿Deben los policías continuar con su exigencia del cumplimiento de las ordenanzas municipales?
La misma alcaldesa de Barcelona suma a su guerra contra las licencias turísticas el bombardeo al turismo de crucero. ¿Esperarán los siete millones de turistas que llenan Barcelona cada año a que Colau se percate de su error o cambiarán, en mayor o menor proporción, su destino?
Y en Madrid precisa que:
Manuela Carmena mantiene la incertidumbre inmobiliaria mientras afirma que su prioridad es entregar inmuebles públicos a colectivos como los okupas. ¿A alguien le extraña que Monte Sinaí se haya replanteado su inversión en la quinta torre de Madrid?
La regente madrileña inicia una batalla para intentar frenar la compra de más de 1.800 VPO por Blackstone, firma que ya había pagado 128,5 millones. ¿Se atreverá algún otro fondo a firmar una inversión con Madrid si persiste esta inseguridad jurídica?
Y por último habla sobre García Page al frente de la presidencia de Castilla-La Mancha:
Y, sin llegar al caso del Kichi en Cádiz -Ayuntamiento donde la práctica totalidad de proyectos de obra pública con inversión privada se encuentran paralizados-, mencionaré la situación de Castilla La Mancha. Allí no gobierna Podemos. Pero García Page se ha empeñado en demostrar que es fiel servidor de sus aliados con un boicot al almacén nuclear que nos puede costar a todos los españoles un encarecimiento del 30% del recibo de la luz y un intento de corte del trasvase al Levante. ¿Puede alguien justificar el beneficio laboral o económico de estas medidas?
Así es lo que algunos definían como la nueva política. Un desastre que pagarán sin duda los menos favorecidos y más necesitados de la creación de empleo.