Este 5 de noviembre de 2015 los lectores van a tener un hartazgo en las columnas de papel Cataluña y el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional por parte de PP, PSOE y Ciudadanos para que se pare la votación separatista que pretende realizar el 9 de noviembre de 2015 el Parlamento catalán que preside una tal Carmen Forcadell que, en circunstancias normales, nunca la hubieran permitido que subiera siquiera a la tribuna de su comunidad de vecinos a hacer el mamarracho. Pero es lo que tiene llevar décadas al margen de la realidad.
Arrancamos en ABC y lo hacemos con Gabriel Albiac que considera que lo que están haciendo Mas y compañía no es más que un golpe de Estado propio de unos ladrones (aunque ellos insistan con el mantra de que es España quien les roba):
Curcio Malaparte transcribe, irónico, la anécdota. Liberal y británico, Israel Zangwill es retenido por los camisas negras en la Florencia golpista de 1922. Entre furioso y despectivo, deja caer su enojo: «La revolución de Mussolini no es una revolución. Es una comedia». Podía, incluso, haber dicho que era un circo. Y no erraría demasiado. En la apariencia, al menos. Pero Malaparte sabe que no, que ni lo uno ni lo otro. Que es un golpe de Estado. Que triunfa. Los golpes de Estado cabalgan siempre entre épica y ridículo. Puede que Zangwill fuera demasiado británico para entenderlo.
Entre épico y ridículo, Mas inició el martes ese golpe de Estado que ha venido anunciando en un tono lo bastante histriónico como para que nadie se lo tomara en serio: golpe de ladrones que buscan eludir castigo por lo que robaron bajo el mando patriarcal de los Pujoles. Hecho está. ¿Qué viene ahora? ¿Impunidad o ley y cárcel? Porque aquellos payasos, que describía el enojado Zangwill, triunfaron. Conviene no olvidarlo. Y Mas no es ni más ni menos grotesco que Mussolini. ¿Por qué no habría de esperar igual fortuna?
Apunta que:
La presidenta del parlamento regional, Carmen Forcadell, ha erigido la mitológica legalidad de la larvaria República Catalana como potencia que excluye la material legalidad que rige en España. Llegados a ese punto, una ley que se dice naciente se opone a otra en vigor. Y, entre dos derechos iguales e incompatibles, sólo decide la fuerza; a través de cuantas retóricas sean precisas para engrasar la máquina de la constricción material que, al fin, debe decidir todo, cuando el poder se halla en juego.
Afirmados dos Estados distintos -y aun enemigos- sobre un mismo territorio, uno ha necesariamente de destruir al otro. La buena voluntad aquí no juega nada: las coyunturas de doble poder sólo transitan hacia el choque, porque, guste o no guste, el poder no se comparte. Y todas las alternativas retóricas intermedias componen únicamente la red de ardides, a través de la cual cada uno de los contendientes aguarda el instante de la debilidad fatal del adversario.
No es que en Barcelona esté a punto de desencadenarse un golpe de Estado. El golpe se inició anteayer, cuando la funcionaria Forcadell dio orden de violar la ley vigente. Poca sorpresa había en su comportamiento: su primera providencia, la semana pasada, había sido anunciar el fin de la autonomía y el inicio de la República independiente catalana. El martes, la solemnidad retórica bajó a los hechos: no hay ley española ya que rija en Cataluña; la desconexión jurídica se ha consumado. Y aquel que se declara fuera de la ley asume una alternativa: o bien trocarse él mismo en fuente de ley, o bien ser reo de la legalidad violada. Se gana o se pierde, pero un golpe de Estado nunca sale gratis.
Y exige que estos elementos acaben a buen recaudo en la cárcel:
Golpe de Estado es acto de una fuerza que, si no aspira al suicidio, debe ser milimétricamente eficaz. A la espera de respuesta. Si esta no llega, habrá triunfado el golpe. Si la respuesta acumula una eficacia más alta que la del golpista, la aventura de este acabará en presidio. Son las reglas del juego.
No hay Estado moderno que no disponga de una panoplia amplísima de respuestas materiales frente a una sedición. Sería torpe por su parte anticiparlas. Y criminal, no hacer uso de ellas. Artículo 155, estado de excepción, estado de sitio… Da igual cuál sea el procedimiento: el menos costoso. Siempre que acabe con los sublevados en la cárcel. Y que la plena garantía de los ciudadanos sea salvaguardada.
Isabel San Sebastián exige al Gobierno de Mariano Rajoy que se deje de medias tintas y aplique de una vez por todas el artículo 155 contra los independentistas catalanes:
Cuando un ministro del Gobierno tilda al artículo 155 de la Constitución de «bomba atómica» mientras el presidente evita escrupulosamente referirse a él por su nombre, el mensaje que se está enviando desde el Ejecutivo a los sediciosos catalanes es inequívoco: «Tranquilos, que no vamos a intervenir la autonomía; nos parece una medida desproporcionada». Exactamente lo que necesitan oír ellos para seguir adelante con su proceso rupturista sin miedo a las consecuencias, como hicieron hace un año con ese referéndum ilegal que, según La Moncloa, no iba a celebrarse, pero que tuvo lugar sin impedimento alguno y, a fecha de hoy, con total impunidad. ¿Por qué les da tanto miedo a algunos un recurso constitucional impecablemente democrático?
El artículo 155 de nuestra Carta Magna no habla de bombas ni de tanques ni tampoco de la Guardia Civil desfilando por la Diagonal, en expresión desafortunadísima de otro miembro del Gabinete responsable del citado Cuerpo. Dice exactamente lo siguiente: «Si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las comunidades autónomas».
Explica que:
Los supuestos contemplados en este texto se cumplen con creces desde hace ya tiempo. Las medidas necesarias para garantizar que el dinero público sea empleado en pagar a las farmacias, por ejemplo, en vez de financiar delitos de sedición, son muy sencillas de tomar y absolutamente incruentas. Consisten en activar el mecanismo legal correspondiente y cursar órdenes a unos cuantos bancos. ¿Dónde está el problema?
El peor enemigo de la democracia es el miedo. Durante décadas imperó en el País Vasco, impuesto a punta de pistola y de complejo. «¡No se puede ilegalizar Batasuna!», decían. «Representa a 300.000 vascos que incendiarán las calles», auguraban. En vano. Batasuna-ETA fue ilegalizada, porque integraba la estructura de una organización terrorista. Lejos de incendiarse nada, se acabó la violencia callejera y empezó a escribirse el final de la era de terror etarra. Un final que habría conducido a la derrota incondicional de la banda, sin infamia, si se hubiera perseverado en esa vía de firmeza en lugar de negociar.
Y recuerda que ese artículo 155 garantiza la defensa de la Nación frente a la caterva separatista:
El artículo 155 está en la Constitución para defender a nuestra Nación de quienes, como Artur Mas y sus secuaces, pretenden destruirla haciendo caso omiso del ordenamiento jurídico e ignorando las normas del Estado de Derecho. Habría sido conveniente que alguna administración de las muchas que han gobernado se hubiera tomado la molestia de desarrollarlo, pero el hecho de que no haya sido así no lo invalida. Es un procedimiento lícito, legal y legítimo. Sería muy de agradecer que los llamados a aplicarlo empezaran a manifestar su fe en esa legitimidad mencionándolo con naturalidad en sus discursos públicos, porque la capacidad de disuadir al contrario con una amenaza que tú mismo no te crees es nula. Amenaza, sí. Empleemos la palabra armándonos de razón democrática. ¿O vamos a ceder también esa prerrogativa a quienes la practican desde el lado oscuro de la Ley?
Mayte Alcaraz asegura en su tribuna en el diario de Vocento que hay cuatro consejeros nombrados por Artur Mas que no entienden la deriva separatista hacia la que ha conducido el presidente en funciones a Cataluña, aunque callan por miedo:
Hay cuatro consellers de Artur Mas que no entienden nada de lo que está haciendo el presidente que los nombró. Callan (en público), pero eso no quiere decir que otorguen. Andreu Mas-Colell (Economía), Felip Puig (Empresa), Santi Vila (Territorio y Sostenibilidad) y Jordi Jané (Interior) se enteraron por los medios de la resolución independentista en el Parlamento catalán. El grito de Carme Forcadell de «viva la república catalana» les convenció de que la locura secesionista iba en serio.
El simple acercamiento a ERC, una formación de extrema izquierda con ningún punto en común con los postulados conservadores de Convergència, les había supuesto un distanciamiento de Mas. En privado y por separado, los cuatro llevaban meses quejándose de la situación, reprochando la falta de debate interno y advirtiendo de la proximidad del precipicio.
Detalla que:
Pero ninguno de ellos ha abierto la boca más allá de las filtraciones periodísticas disfrazadas de anonimato. Si esperaban no ser señalados se equivocan, porque el independentismo los va a purgar. Mas-Colell, con el que tuve el gusto de tomar un café antes de los días de ira, es un sólido profesor de Economía que ha tenido que tragar ruedas de molino desde 2012, cuando las políticas radicales de Oriol Junqueras se adueñaron del Gobierno. Con la nariz tapada tuvo que recuperar el impuesto de Sucesiones -que CiU había suprimido tras tildarlo de «confiscatorio»-, instaurar el impuesto sobre depósitos bancarios que Mas siempre se había negado a implantar y gravar con tasas ambientales a los contribuyentes. Se sintió muy incómodo. Pero ni un reproche salió de su boca, ni la renuncia de su firma.
Desde que hace tres años el todavía presidente en funciones emprendió el camino que le llevaría al desafío actual, ni Mas-Colell, ni Jané, ni Puig, ni Vila han sido suficientemente honestos con su electorado. A ninguno le ha podido sorprender que quien juega con fuego finalmente se queme. La política del avestruz no sirve para justificar determinados comportamientos. No se trata de tragar con una decisión con la que uno no está enteramente de acuerdo, o con una declaración política poco justificada, o hasta con una ley contra la que se presentan reparos. Lo que estaba y -ahora más que nunca- está en juego es el respeto a la ley y la lealtad institucional. Un golpe a la legalidad.
Y remacha:
El silencio solo lo explica el miedo. De ese sentimiento saben mucho algunos empresarios catalanes que han silbado y mirado al tendido mientras sus dirigentes autonómicos hacían tambalear la seguridad jurídica de su Comunidad. A resultas, los mercados dieron un portazo a Cataluña, que solo se financia gracias a la solidaridad del resto de España. Pero cuando uno no está a la altura moral de un cargo, cuando uno no actúa a conciencia, las consecuencias son más íntimas, más personales. Pero no menos graves.
En El Mundo, Victoria Prego se fija en el fichaje del general Julio Rodríguez por Podemos y, aunque cree que es un golpe de efecto en toda la línea de flotación de un PSOE al que la incorporación de Zaida Cantera se queda poco menos que en una anécdota, avisa al militar de que ir como número dos por Zaragoza le asegura muchas papeletas de quedarse sin escaño:
Un puntazo. Eso es lo que ha sido la inclusión del general Julio Rodríguez en las listas electorales de Podemos. Sobre todo porque nos ha dado la oportunidad de escuchar a Pablo Iglesias hablar en unos términos de las Fuerzas Armadas que nunca hubiéramos oído hace tan sólo un año.
«Es un honor», dice el líder de Podemos, que les acompañe un general que ha sido galardonado «por su compromiso con la Constitución». Pero no sólo eso. Iglesias se ha lanzado a hablar de los problemas de precariedad laboral entre la tropa, sobre todo entre los suboficiales, y se ha metido de cabeza a proponer un sistema diferente de promoción en escala basado en el mérito y no sólo en la antigüedad. En esto el líder de Podemos debería asesorarse mejor con su flamante fichaje porque fue precisamente durante los años en que el general ahora podemita ocupaba su puesto de Jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad) cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero desarrolló la ley que estableció que los ascensos se lograrían por méritos y no por antigüedad.
Precisa que:
Pero eso son minucias. Lo impactante del asunto es ver a Pablo Iglesias hablar con interés, hasta con dedicación, de las Fuerzas Armadas españolas e incluso hacer una propuesta para lograr una fuerza defensiva estrictamente europea, aunque siempre dentro de la OTAN. Lo nunca visto.
Desde luego, le ha madrugado la operación a Pedro Sánchez, que se ha conformado con la comandante Zaida Cantero como posible golpe de efecto, con vistas a que la opinión pública la empezara a ver como posible ministra de Defensa en un Gobierno socialista. Pero no hay color, Iglesias trae a un general con megamando en plaza y con todas sus estrellas. Desde el paso del teniente general Gutiérrez Mellado por el Gobierno -fue vicepresidente de Defensa con Adolfo Suárez en pleno proceso de la Transición- no se había visto en España a un militar aterrizando así en la arena política.
Concluye que:
Y no se debería ver a muchos más, como no se debería ver a más jueces saltando de estrados a los despachos ministeriales. Entre otras cosas porque, puntazo aparte, el general Rodríguez ya ha demostrado no saber nada de cómo se gestionan determinados problemas y en su primera intervención pública como aspirante a diputado ha dicho que el problema de Cataluña hay que abordarlo con la política, y «no con la ley», como si fueran términos contrapuestos.
Un error grave en quien aspira a ocupar un escaño en la Cámara, cosa que no es probable que suceda porque va de número dos por Zaragoza, aunque él es de Orense, y su partido difícilmente puede aspirar a lograr más de un escaño por esa provincia. Esperemos de todos modos que su mentalidad castrense no acabe enseguida horrorizada al zambullirse de lleno en la proverbial calidad y limpieza del ámbito de la política.
Finalmente, Luis María Anson habla de Ciudadanos y cree que el partido de Albert Rivera puede ser esa formación bisagra con la que siempre soñó Adolfo Suárez cuando fundó el CDS:
Adolfo Suárez fue un excelente peón del Rey Juan Carlos durante la primera parte de la Transición. Después empezó a gallear por su cuenta y se puso en contra, aparte la feroz oposición de Felipe González, también al Ejército, a la Iglesia, a la Corona, a la gran empresa, incluso a un sector de su propio partido UCD, que decidió desmontarle.
Cuando, en enero de 1981, Suárez se dio cuenta de que sería sometido a una moción de censura y que al menos cinco o seis de los diputados ucedistas votarían en su contra, decidió dimitir. Unas semanas después fundó el CDS, el Centro Democrático y Social. Calvo-Sotelo adelantó la convocatoria electoral para que el expresidente no tuviera tiempo de organizarse. Lo consiguió. Suárez se quedó en las elecciones de 1982 en 2 diputados, si bien Calvo-Sotelo, que se había corrido torpemente a una izquierda socialdemócrata, pasó de 165 escaños a 12.
Destaca:
Recuerdo que en una larga conversación mantenida con Suárez en su despacho junto al Ritz, me dijo: «Es cuestión de poco tiempo que me instale por encima de los 60 diputados. Y créeme, no se podrá hacer política en España sin mí». La bisagra suarista consiguió rozar la veintena de diputados en las siguientes elecciones. Después, una serie de circunstancias de carácter familiar terminaron por diluir el CDS suarista, que expiró bajo el control de Mario Conde.
Antes de Suárez intentaron el partido bisagra de centro, Roca y Garrigues; después, Rosa Díez. Fracasaron todos. ¿Qué pasará con Ciudadanos? Es el quinto intento de condicionar la política nacional con una cuña clavada en el centro, entre los dos grandes partidos. Si las encuestas más solventes respondieran a la realidad, Rivera se alzaría con 60 diputados y se cumpliría así el sueño de Suárez. Aún más: algunos dirigentes de Ciudadanos creen que el ascenso se multiplicará de forma acelerada en las próximas semanas y que incluso pueden ganar las elecciones.
Por lo pronto, gracias al apoyo de Ciudadanos, el PP gobierna la Comunidad de Madrid y el PSOE la de Andalucía. La bisagra es un hecho. Rajoy se ha dado cuenta del riesgo que corre y tras abandonar los consejos de Pedro Arriola, hombre muy seguro en sus errores, se ha lanzado al ruedo ibérico para lidiar la nueva situación.
Asegura, eso sí, que las urnas serán las que dictaminen la solidez de Ciudadanos:
Soy periodista, no profeta. No me atrevo a especular si finalmente la operación Rivera se disolverá como ocurrió con las de Roca, Garrigues, Suárez y Rosa Díez. La sensación que producen las encuestas solventes es que en esta ocasión la fortaleza del partido bisagra es mayor. Albert Rivera ha conectado con una parte de las nuevas generaciones. La juventud española está al 70% indiferente ante el sistema político, al 30%, indignada y casi al 100%, asqueada. Rechaza la voracidad económica de los partidos políticos que derrochan el dinero público y que se han entregado al clientelismo, convirtiéndose en gigantescas agencias de colocación de parientes, amiguetes y paniaguados, aparte la corrupción creciente que zocatea la vida pública española. Dentro de unas semanas, en fin, las urnas dictarán si se consolida o no en España el partido bisagra con el que soñó Adolfo Suárez, tras el cruel escabeche al que le sometió UCD.
