La estrella de este 2 de diciembre de 2016 en las tribunas de opinión de la prensa de papel es el ministro de Hacienda del Gobierno de España, Cristóbal Montoro. El jienense acaba de ‘felicitar’ las Navidades a muchos españoles con una subida de impuestos al alcohol, a los refrescos, al tabaco, a los combustibles y a las empresas. Evidentemente, no le regalan caramelos en los diferentes diarios.
En El Mundo, Federico Jiménez Losantos habla del atraco a mano armada de Montoro a las empresas y vaticina que acabará atracando a los españolitos de a pie:
Nada lo muestra como el coro de Montoro, que hoy presumirá del atraco perpetrado a las Sociedades obligándoles a pagar 8.000 millones de adelanto para compensar su incapacidad de controlar el déficit y el gasto. El País, con una deuda de 3.200 millones de euros cuya ejecución impide Soraya, es el que más se distingue en presentar el atraco como una sabia forma de cuadrar las cuentas. Pero, en rigor, el socialismo populista del PSOE y el belenita de C’s también truenan en el orfeón montoril contra las grandes empresas, a las que Rivera acusa de pagar poco… porque ganan menos. Legalizar el atraco en Sociedades abre la puerta a hacerlo en el IRPF y demás impuestos y dibuja un horizonte terrorífico: el año que viene, cuando tenga que devolver lo atracado y lo haya gastado, Montoro cobrará dos años de adelanto, y dentro de dos años, tres, y así hasta la ruina. Pero las tres socialdemocracias, que son tres desgracias, dirán a coro: ¡Aaamén!
El editorial de El Mundo es claro a la hora de resaltar el incumplimiento del Gobierno:
Ese esfuerzo adicional obligatorio se debe a que el Ejecutivo popular no ha cumplido con sus compromisos previos. Es más, no ha sido capaz de adecuarse a la senda pactada con Bruselas en un solo año de la anterior legislatura, aunque hay que reconocer que el esfuerzo fiscal realizado- pasar del 9,6% de 2011 al 4,6% de 2015- en medio de una recesión ha sido muy grande. Pero también hay que preguntarse si el Ejecutivo ha hecho todo lo que estaba en su mano por el lado de reducción del gasto estructural del Estado y la respuesta es claramente negativa. Y para muestra vale un botón: el número de funcionarios y personal laboral de las distintas administraciones es ahora mayor que en el inicio de la crisis. No hace falta recordar que medidas anunciadas en la anterior legislatura como la reducción de las innumerables empresas públicas o la racionalización del entramado administrativo, han sido simples operaciones cosméticas que no han servido para mucho.
David Gistau, con mucha gracia, habla sobre la subida de impuestos de Montoro en las páginas de ABC:
No sé si les suena, pero la primera decisión del Gobierno de Rajoy es una subida de impuestos contradictoria con las promesas electorales. Luego dirán que esto lacera su naturaleza liberal, que no ignoran que el dinero donde mejor está es «en el bolsillo de los ciudadanos» y que en cuanto puedan permitírselo volverán a bajarlos, lo cual ocurrirá entre ocho y once minutos antes de las próximas elecciones. Pero, mientras tanto, lo que hacen es diluir de nuevo el empellón en una maraña tecnocrática de eufemismos que a mí siempre me recuerda el chiste aquel del médico que pide quedarse a solas en la consulta con una paciente porque tiene que practicarle «un coito»: en el pasillo, el marido se dice muy aliviado de saber lo que es un coito, porque, por los ruidos, lo que sucede ahí dentro podría haber parecido un polvo.
Ignacio Camacho resalta el entendimiento entre PP y PSOE para hacer una legislatura bipartidista y no tener que ir a unas nuevas elecciones en junio de 2017:
El Gobierno ha empezado a ofrecer cesiones que los socialistas puedan vender a los suyos como avances. Subida del salario mínimo y del techo de gasto, mayor presión recaudatoria y rebaja del objetivo autonómico de déficit para dar oxígeno financiero a los barones y en especial a Susana Díaz. Incluso un modelo territorial basado en el diseño de la factoría Rubalcaba. La negociación social busca unos nuevos pactos de La Moncloa que podrían cuajar aunque la izquierda y los sindicatos tengan que exhibir antes un poco de músculo en la calle. El gran objetivo son los presupuestos, que darían más de un año de margen, el tiempo que el PSOE necesita para reagruparse. Luego volvería la confrontación, ya con Díaz al frente -lo tiene decidido-, y el toma y daca propio de las perspectivas electorales.
El editorial de El País destaca la problemática existente con esos trabajadores en edad de jubilación que quieren seguir cobrando de su empleo y al mismo tiempo percibir la pensión:
Jubilarse es una cosa; retirarse, otra muy distinta. Son muy respetables las personas que prefieren hacer coincidir el cambio de situación administrativa con la efectiva salida del sistema productivo o de las tareas de creación intelectual, pero sin imponerlo a todos. Los escritores y los artistas no deben quedar reducidos al silencio a partir de los 65 años, como los carpinteros o los electricistas deben tener opciones distintas a la de pasar a la economía en negro para cobrar la pensión que se ganaron con sus cotizaciones. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha prometido soluciones. Hora es de aplicarlas.
La Razón, en su editorial, no ve con malos ojos, la presión fiscal a la que el Gobierno someterá a los ciudadanos si con ello se logra la aprobación de los Presupuestos Generales para 2017 y, de paso, la estabilidad necesaria:
Tampoco se puede desdeñar el papel del Gobierno que preside Mariano Rajoy, que ha moderado sus posiciones de partida sobre el déficit presupuestario autonómico y sobre el techo de gasto, buscando un difícil reequilibrio entre los ingresos y gastos del Estado que supondrá una mayor presión fiscal sobre los ciudadanos y sobre el tejido empresarial español. También aquí, el Partido Popular asume su cuota parte del coste electoral, en este caso el desgaste que siempre viene asociado a una subida de la fiscalidad. Pero lo que de verdad importa, lo que trasciende a la mera coyuntura, es que los dos principales partidos españoles se muestran dispuestos a ceder en sus posiciones para que España pueda abordar su futuro inmediato con al menos estabilidad fiscal. Hay que confiar en que, como señalábamos al principio, los acuerdos se prolonguen hasta la aprobación de los PGE de 2017, para lo que es necesaria la abstención positiva del PSOE, que, a nuestro juicio, compensará cualquier coste político con su renovada percepción de partido de izquierda, con vocación de Estado y única alternativa razonable de Gobierno.
