Nadie se acuerda los nombres de los dos directores de Acuamed de la etapa socialista, Adrián Baltanás y Carlos Masssa
¿Son más duros los fiscales o jueces de instrucción con los acusados de unos partidos que con los de otros? La pregunta se la hace Carlos Cuesta en El Mundo tras múltiples insinuaciones de políticos del PP en este sentido. Unas veces sus afirmaciones trascienden más, otras menos, pero el argumento surge de forma recurrente.
Cojamos uno de esos parámetros: por ejemplo, cuántos imputados han caído de cada partido por cada cien millones de euros investigados en las distintas tramas.
Pues bien, el resultado no deja de despertar cierto escepticismo. Porque si cogemos como muestra los tres casos más sonados en estos momentos del PP -Gürtel, Púnica y Lezo-, los tres similares del PSOE -ERE, Formación y facturas UGT- y los tres de la antigua CDC -Pujol, 3% y Palau-, las diferencias son excesivas. Así, por cada cien millones investigados, en el caso del PP han sido imputadas cien personas; en el caso del PSOE, 14 personas; y en el de Convergència, una persona.
Cabría hacerse otra pregunta: ¿vende más la corrupción si del PP? ¿da más audiencia si el que entra en la trena es pepero? La trama Púnica hizo millones en Parla (Madrid) a la sombra del PSOE. Los socialistas no tuvieron que pagar ni un banderín de sus campañas electorales porque todas las pagaban Granados y Marjaliza.
Y la mayor coima de la trama se la llevó un alcalde socialista: José María Fraile. Pero la percepción, hoy tan importante en la época de la posverdad, es que la trama Púnica es corrupción del PP, no del PSOE.
Otro ejemplo es Acuamed. Todos recuerdan a Arcadio Mateo, ese hombre de Cospedal al que el juez Velasco envió a prisión. Los telediarios se han ocupado de recordarnos que esa corrupción era del PP y no del PSOE.
¿La prueba? Nadie se acuerda los nombres de los dos directores de Acuamed de la etapa socialista, Adrián Baltanás y Carlos Masssa, que dejaron millones de euros en pufos con las desaladoras. Agua sin comprador, para una oferta sin demanda frente a un lema publicitado hasta la saciedad.
«Más agua en menos tiempo, de mayor calidad y con un coste menor». Eran las palabras de Cristina Narbona, ministra de Medio Ambiente bajo las órdenes de José Luis Rodríguez Zapatero, presentando el «Programa AGUA» en septiembre de 2004, que derogaba el trasvase del Ebro y supuso una inversión pública de 1.797 millones de euros en desaladoras, la mayor parte ubicadas en el litoral Mediterráneo.
Marisa Gallero comienza un reportaje este 2 de mayo 2017 en ABC sobre la Acuamed socialista. Trece años más tarde, no hay agua desalada en Castellón. «Ni más barata ni de mayor calidad», afirma rotunda Isabel Bonig, presidenta del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Solo en una desaladora de Torrevieja se gastaron 227 millones de euros, donde Velasco encontró facturas falsas, sobreprecios, etc.
Por no hablar de Caja Madrid, que perdonó 16 millones de euros de créditos al PSOE, partido que tenía hasta 14 miembros gastando a saco con las tarjetas black. Pero la corrupción solo es del PP. Y que nadie diga que no se lo han ganado a pulso.
