La cuestión catalana sigue un día más en el menú informativo de columnas y editoriales de la prensa de papel de este 17 de noviembre de 2017. Lo más novedoso, amén de los encajes de bolillos que ya hacen algunos partidos pensando en el 21 de diciembre de 2017, fecha de las elecciones en Cataluña, es lo tiquismiquis que se ha puesto la Fiscalía belga a la hora de extraditar a España a Carles Puigdemont.
Federico Jiménez Losantos sacude a Pablo Iglesias por vender España a trozos y al peor postor:
Pablo Iglesias, que pudo haber sido el caudillo bolivariano español, sigue empeñado en convertirse en el Duran i Lleida de Inmaculada Colau. Malo hubiera sido lo primero, pero habría sido algo importante. Penoso es acabar como escudero o cipayo del imperialismo catalán, al que además de entregar Baleares, la Comunidad Valenciana y un pedazo de Aragón, ayer ofreció una España en la que España -a la que reconoció como nación- es sólo un pedazo, trozo o cacho más, entre naciones de primera, sentimientos de segunda, cuatro ínfulas de tercera y desechos de cuarta.
Santiago González relata cómo los secesionistas en Cataluña son únicos en el arte de pisarse la manguera:
Tal vez la ocurrencia de Junqueras de presentar a la pobre Marta Rovira sea un gesto de piedad hacia el ex presidente; la va a poner de candidata para que las fuerzas estén parejas. Pero él no acepta regalos y para compensar va a poner a seis ex consejeros presos y/o fugados detrás de Sànchez: Rull, Turull, Forn, Borrás, Puig y Ponsatí. O sea, que en los plenos los secesionistas tendrán 12 escaños menos (siete de JxC y cinco de ERC). Admirable estilo de pisarse la manguera, qué fenómenos.
Ignacio Camacho, en ABC, cree que Iceta está más por la labor de unirse a un pacto ERC con los comunes de Colau e Iglesias que al PP y Ciudadanos:
A Miquel Iceta le gustaría sentarse en esa mesa. Lo intentará si, sumados los escaños, a la alianza bilateral no le cuadran las cuentas. Tiene la coartada del anclaje constitucionalista que dé respetabilidad a un bloque de inquietante apariencia, y el antecedente histórico de dos tripartitos (funestos) y de las recientes coaliciones municipales, aunque le haya salido mal la barcelonesa. Si puede estar, hará por ello todo lo que pueda; y Sánchez lo respaldará porque necesita hacerse perdonar el 155 y porque aún confía en que el nacionalismo ensanche sus propias posibilidades de auparse a la Presidencia.
José María Carrascal define a la perfección quiénes son los que han llevado a Cataluña a una situación límite:
Han sido unos farsantes en el mejor de los casos, y unos irresponsables en el peor, habiendo causado gravísimos daños a Cataluña y a España, poniendo en peligro su recuperación económica y su paz social. Mientras no hagan esa confesión en voz alta, pensaremos que la farsa continúa y que, aparte de unos mentirosos compulsivos, son unos individuos peligrosos para toda comunidad democrática y para todas las personas de bien.
Manuel Marín cuenta de donde viene el odio a España y cómo se ha ido inoculando a lo largo de las últimas décadas:
Se ha recurrido a una legión de profesores arbitrarios y fanáticos de una utopía basada en mil mentiras para adoctrinar a los niños en un odio sin causa. ¡Cómo no entender ahora su frustración si ellos no solo se habían creído la inmensa falacia de la independencia factible, sino que además orientaban su vocación de servicio y enseñanza a la prostitución de su función social y educativa en la formación de pequeños soldaditos ciegos de un régimen sectario!
La Razón se lleva las manos a la cabeza por las peticiones de la Fiscalía belga para ver si en España los presos están en unas condiciones óptimas. Como dice el propio diario en portada, ni con el etarra De Juana Chaos les pidieron tantas garantías:
El hecho de que la Fiscalía belga haya solicitado información a la Audiencia Nacional sobre la situación de las cárceles españolas y el tipo de Tribunal que podría juzgar al ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a sus cuatro ex consejeros fugados con él, debe tomarse con la suficiente alarma, por cuanto confirma el doble rasero que la experiencia europea atribuye a la Justicia de Bélgica, muy dada a imponer estándares de «excelencia democrática» que sus propias instituciones están muy lejos de cumplir.