La ‘retirada’ de Puigdemont sigue siendo el tema que más ocupa y preocupa a los articulistas y editorialistas de la prensa de papel este 2 de febrero de 2018. Todos dan por amortizado a un expresidente que, mientras exige sacrificios a los demás, él está viviendo a todo lujo en Bélgica, ahora en un casoplón de Waterloo.
Federico Jiménez Losantos, en El Mundo, vaticina que al final en Cataluña volverá todo a la ‘normalidad’ vivida en los últimos años, es decir que el golpismo pueda seguir campando a sus anchas:
A Tocomocho lo llamará el sorayeo tertuliano President de la Normalitat y el rebaño político-mediático se felicitará de que las aguas hayan vuelto a su cauce, es decir, que la minoría separatista catalana siga machacando tabarneses y destrozando España, pero sin que el Gobierno tenga la responsabilidad del 155, archivado para siempre. Iceta y Sánchez pedirán «generosidad» con los golpistas encarcelados, Maridiálogo se hará eco del sentir general por ella generado, Catalá le dará a la palanca de la tragaperras de los indultos de Gallardón y, tachán, saldrá el Gordo.
El editorial de El Mundo destaca que a los políticos catalanes sólo les quedan los opciones, o buscar un candidato limpio a la Generalitat o seguir con el circo en sesión continua:
Torrent ha vuelto a pedir «un Govern que pueda gobernar». Tanto él como su partido saben que hacer viable la legislatura exige orillar a quienes tienen causas pendientes derivadas de la recta final del procés. ERC debe elegir, y debe hacerlo cuanto antes por el bien de la sociedad catalana: o vuelta a la normalidad institucional o más madera para seguir alimentando la bufonada de Puigdemont.
Santiago González celebra la decisión del Gobierno de Rajoy de recurrir al Constitucional y asevera que gracias a una insistencia no compartida por muchos sectores ahora Puigdemont está atrapado y con remotas opciones de poder ser presidente…pero de su comunidad de vecinos:
Uno habría esperado leer más rectificaciones en todos los que afearon al Gobierno su empecinamiento en recurrir la convocatoria del pleno de investidura ante el Tribunal Constitucional a pesar del dictamen adverso del Consejo de Estado. Parece evidente que Rajoy acertaba. Baste pensar en cómo estaríamos si el Consejo de Ministros hubiera dejado pasar la oportunidad: tendríamos a Puigdemont investido por skype, o por teléfono o por fax. Ahora lo tenemos deprimido y enviando mensajes que hasta Comín pueda entender: El plan Moncloa triunfa.
Raúl Del Pozo está convencido de que no existe un ‘Plan Moncloa’ para llegar a acuerdos con el separatismo:
Al descubrir su sombrío futuro, algunos quieren volver a su proverbial pactismo, cuando ya es tarde. Van a ser inhabilitados antes de abril; por ahora, no hay tal plan Moncloa para sacarlos de prisión. La institución del indulto es tan antigua como el delito, fue una prerrogativa de los monarcas. El gran Juan Carlos I firmó la primera medida de gracia de la Transición cuando fue proclamado Rey; afectó a más de 12.000 ciudadanos. Tras promulgarse la Constitución del 78 quedaron prohibidos los indultos en cuadrilla.
El editorial de ABC avisa de que el independentismo no va a desaparecer únicamente poniendo en su sitio a los responsables:
El Estado en general y el Gobierno en particular tienen la obligación moral de impedir en la nueva etapa que se abra que lo ocurrido con la educación en los últimos lustros siga produciéndose. Lo mismo resulta imperativo para los medios públicos de comunicación. La superación de una crisis tan severa no puede basarse en una solución provisional a una simple legislatura vista porque son precisas luces largas. El independentismo no se desactiva solo inhabilitando a los responsables que hayan delinquido, ni la semilla del «odio a lo español» será fácil de erradicar. Tras Puigdemont, queda ahora todo el trabajo por hacer.
Hughes le lanza un recado a los independentistas que aún se dejan seducir o embaucar por Puigdemont:
Las capacidades napoleónicas (delirantes) y para el martirio de Puigdemont son asombrosas, y ya merecen un serio respeto, pero le va a ser muy difícil seguir convenciendo a alguien de su sacrificio mientras amuebla seis dormitorios y tres cuartos de baño, unas dependencias (sin el in) casi preyslerianas. Dirán que se trata del palacete republicano, y que el casoplón es sede legítima.
David Gistau se ríe de un Puigdemont que ya es un juguete roto:
Ay, Puchi, Puchi, el móvil no, hombre, el móvil no. Cualquier adúltero avezado le habría advertido a usted de los peligros inherentes a la costumbre de aliviarse en el móvil. Gracias a Dios, no envió a Comín una fotografía erótica -un selfi ante el espejo del cuarto de baño, desnudo salvo por una vara de salvapatrias municipal y una banda patriótica cruzada, erecto de destino manifiesto-, porque entonces el ridículo habría sido histórico, histórico, histórico.
Ignacio Camacho insiste una vez más en su columna que Ciudadanos debería dar ese paso al frente en Cataluña y presentar a Arrimadas como candidata a un debate de investidura. Perderlo, lo perdería, pero ganaría apoyos a largo plazo:
Para alcanzar el poder, y sobre todo para merecerlo, no basta siempre con esperar: hay que ganárselo. Apostar por la responsabilidad en momentos críticos sin miedo al fracaso. Por su excesivo conservadurismo, cachazudo o timorato, a Rajoy se le escapan apoyos a puñados; va a llegar un momento en que Rivera tendrá que asumir compromisos arriscados, serios, ásperos. El de Cataluña es de los que pasan factura a quienes se cruzan de brazos.
Manuel Marín considera que ERC va a poner toda la carne en el asador para que Puigdemont no se salga con la suya:
Allí donde la frialdad política debería primar, lo hacen el sectarismo de los sentimientos, la fractura emocional y la desconfianza mutua. Junqueras no perdona. Lleva tres meses en prisión, el mismo tiempo que Puigdemont huido, pero libre. Es un factor puramente humano, pero lo condiciona todo.
El editorial de La Razón le dice claramente a Torrent que Cataluña no puede permitirse vivir en el limbo:
No le queda otra salida legítima y razonable a Torrent, si es que piensa en los intereses generales de Cataluña, que permitir que comience a correr el plazo de dos meses previsto en la Ley de Presidencia de la Generalitat para elegir jefe del Ejecutivo catalán o, en su caso, convocar de nuevo elecciones autonómicas.