¿A qué espera a cumplir el Gobierno de España la ley en Cataluña? Esa es la gran pregunta que este 16 de febrero de 2018 le hacen a Mariano Rajoy en tribunas y editoriales de la prensa de papel. Y es que las dudas del Ejecutivo sobre la defensa del castellano en la educación catalana ha puesto a la tropa columnista levantada en armas.
El editorial de El Mundo le dice a Rajoy que se deje de monsergas y cumpla de una vez con la ley lingüística para que se deje de marginar al castellano en Cataluña:
Mariano Rajoy, tras reunirse en Moncloa con el presidente de Sociedad Civil Catalana, ha anunciado que estudia servirse del 155 para hacer que se cumpla la norma que contempla la matriculación en castellano. No hay nada que estudiar. Ya en el fallo sobre el Estatut de 2010, el TC señaló que el castellano debe «disfrutar de la condición de lengua vehicular». Los tribunales han dictaminado que se imparta al menos un 25% de horario lectivo en castellano. Nada de esto se ha cumplido jamás. Bien está que Rajoy reaccione ahora en asuntos lingüísticos. Lo lamentable es que dude tanto. Lo lamentable es que hasta ahora no haya aprovechado las posibilidades legales del 155 para estrenar de una vez el cumplimiento de las sentencias en materia educativa. Falta saber si los derechos de los castellanohablantes serán respetados pronto en Cataluña.
La Razón exige ya al Gobierno que cumpla la ley lingüística en Cataluña y apoye el uso del castellano:
No debería retrasar el Gobierno la inclusión en los formularios de matriculación escolar en Cataluña de una casilla en la que se refleje la preferencia lingüística del solicitante o su deseo de recibir también enseñanza en castellano. No es sólo un derecho garantizado a todos los españoles por la Constitución, sino que se cumplirían por fin las previsiones de la propia Ley de Educación de la Generalitat, que sus responsables venían despreciando olímpicamente. Es una demanda social justa y muy necesaria.
El editorial de ABC apunta que no es de recibo que las familias que quieren educar a sus hijos en castellano sólo encuentren amparo en los tribunales:
El Gobierno debería garantizar el cumplimiento sin matices de la Constitución y velar porque se respeten y cumplan las decisiones de los tribunales de justicia. Y como -tristemente- no siempre ha sido así, la duda es cómo obligar al independentismo a cumplir la ley cuando cesen las medidas excepcionales. Porque lo que no puede ser es que miles de familias en Cataluña solo encuentren amparo en situaciones de anormalidad institucional
Hermann Tertsch, en ABC, se lleva las manos a la cabeza porque el Ejecutivo responda lacónicamente cuando se le pregunta si piensa defender el castellano:
La única lengua oficial que todos los españoles tienen el derecho y la obligación de saber y usar en todo el territorio español es la lengua española o castellano. La Generalidad, y no solo ella, viola sistemáticamente la ley con políticas de inmersión que han marginado y sometido a persecución el uso del español. Ayer se sugirió que el Gobierno podría restablecer directamente ese derecho en virtud del artículo 155. Se preguntó al secretario de Estado, Marcial Marín, por esta posibilidad en la preinscripción que se abre en marzo. Respondió que «estamos en ello». Terrible conmoción. «Estamos en ello», en cumplir la ley. Gran indignación de dirigentes de partidos culpables de la violación permanente de leyes y sentencias.
Federico Jiménez Losantos apunta en El Mundo que los separatistas de toda condición, sean políticos o empresarios, se ponen hechos unas furias cuando les tocan lo que ellos consideran sus privilegios:
La única ventaja de llevar cuarenta años pagando a los separatistas de toda laya y condición el impuesto revolucionario que los Gobiernos han inscrito en los Presupuestos es que están muy mal acostumbrados y cuando alguien critica o amenaza sus privilegios, se ponen como fieras, y atacando disparatadamente al crítico, se delatan. Los últimos en demostrarlo han sido el portavoz del PNV y la nota de prensa de Roures, al que la Guardia Civil ha señalado -no son ciegos- como clave del golpe de Estado en Cataluña.
Santiago González le recuerda a Ciudadanos que le convendría bajarse del burro y poner los pies en la tierra, que los buenos augurios demoscópicos luego se pueden virar en contra:
Ciudadanos, partido que en ocasiones ha mostrado un cierto sentido de Estado va con su vela mayor henchida por el viento de la encuesta y no parece probable que vaya a atender a otras razones. ¿Recuerdan el 155? Después de negarlo tres veces, Rivera lo aceptó con la condición de celebrar inmediatamente las elecciones, uno de los dos grandes errores; el otro fue no tocar la radiotelevisión de las mil colinas. Es verdad que ganaron el 21-D, pero en la práctica parece que hayan ganado los golpistas.
Raúl Del Pozo da por finiquitado a Puigdemont y dice que al final, a lo sumo, le acabarán dando un puesto en las elecciones europeas:
Es un personaje que ha aparecido otra vez como una farsa. Ha vivido el imperio de los 100 días desde que se escapó de la Elba donde gobernaba, para acabar en Waterloo, pero ya es un estorbo para su propio partido y para el partido rival independentista. Puigdemont intenta ser proclamado presidente en Gante, cuando ya no asusta con la amenaza de forzar unas elecciones. Quizás, al final le darán un reloj y le prometerán un puesto en la lista de las europeas.
Ignacio Camacho, en ABC, cree que el informe de la Guardia Civil no tendrá consecuencias penales para Roures, pero sí que viene a señalarle como una pieza clave en el engranaje del 1 de octubre de 2017:
Los informes de la GC que señalan a Roures como el quinto elemento del procés parecen de escasa relevancia penal, pero definen su intervención en los hechos como una suerte de regidor escénico. El anfitrión de aquella cena de agosto con Junqueras y Pablo Iglesias, el impulsor estratégico de la avasalladora presencia televisiva de Podemos. El millonario antisistema capaz de intuir en la revolución separatista no sólo un formidable escaparate de su fuerza en los medios sino un ventajoso negocio de entretenimiento. El ideólogo nihilista que trata como enemigo a un Estado que nunca ha dejado de concederle privilegios.
Manuel Marín asegura que, estando a favor de que haya muchos partidos, lo que no es de recibo es que cada uno use su parcela de poder para bloquear iniciativas parlamentarias:
No hay gestión legislativa. No hay avances. Solo vetos mutuos y amenazas sostenidas sobre la espuma superficial de una nefasta concepción de la política. Los sondeos son un divertimento para gurús de partido y analistas en permanente ebullición. El multipartidismo abre mil debates: pensiones, demografía, Constitución, ley electoral, aforamientos, agua, financiación… Luego, los manosea durante unos días a modo de limpiagrasas útil contra todos los residuos de nuestra democracia, hasta que se aburre sin cerrar ninguno de ellos. El multipartidismo no vive de pactar, sino de bloquearse, y gobierna desde la ingobernabilidad. Una triste paradoja.
El País enfoca su editorial aconsejando al PSOE que piense en un proyecto para toda España y que deje a un lado sus cuitas internas:
Sus nuevas normas despiertan, inevitablemente, la sospecha de que la dirección nacional reacciona contra los líderes regionales y las estructuras que en su día descabalgaron a su secretario general y a la parte del aparato que le apoyaba. Huir de la confrontación interna, atraer nuevos talentos, ser más inclusivos y revitalizar el partido debería imponerse a revanchas internas que solo menoscaban aún más la voz de los socialistas.