Las relaciones entre ABC y la dirección del PP no pasan por su mejor momento.La denuncia que le puso el PP al diario de Vocento en plena campaña catalana del 21-D ha dejado heridas difíciles de cerrar.
Las encuestas adversas a los intereses del PP ante el 21-D de 2017 desencadenó tales nervios en la calle Génova que la dirección del PP decidió presentar una denuncia contra el diario ABC ante la Junta Electoral Central por publicar una entrevista informativa con la candidata de Ciudadanos, Inés Arrimadas, el día anterior a las elecciones.
La pieza, que fue portada del ABC, fue elaborada el día 19 de diciembre 2017 antes de que se decretara el cierre de campaña, establecido por el artículo 51 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) en las 0:00 horas del día 20 de diciembre 2017.
En la denuncia se acusa a ABC de no haber realizado una «información objetiva que no entrañe propaganda electoral», y considera «evidente» que existió un «ánimo de vulnerar los principios» de la LOREG por lo que solicita a la Junta Electoral que remita su denuncia a la Fiscalía por si la publicación de la entrevista pudiera ser constitutiva de delito conforme al artículo 144.1 de la LOREG.
Este precepto condena con pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses a quienes lleven a cabo actos de propaganda electoral una vez finalizado el plazo de la campaña.
De ahí que este 31 de marzo de 2018, Ramón Pérez Maura, adjunto al director de ABC, le recuerde al PP la deriva de su formación en las islas Baleares.
Resulta que el Parlamento de Baleares ha aprobado su propia ley de memoria histórica gracias a una coalición de izquierdistas y nacionalistas catalanes… y los votos a favor del Partido Popular de Baleares, que preside Biel Company.
Pero la ley balear ha tenido alguna utilidad colateral. Nos ha servido para ser informados de que el PP, después de no haber considerado necesario derogar la ley de amnesia histórica zapaterista, ahora está abiertamente alineado con ella al menos en Baleares. Una ley que, por ejemplo, a algunos ciudadanos nos está causando notables perjuicios por el empeño del Ayuntamiento de Madrid de cambiar el nombre de nuestra calle escudándose falsamente en esa ley. O quizá también en Madrid, porque desde el martes pasado no he escuchado ninguna salvedad o reproche del PP nacional a la actuación de sus hombres en Baleares. Pero ¿a quién puede sorprender eso? Martínez-Maíllo está demasiado ocupado persiguiendo y denunciando a ABC como para atender minucias como la Ley de la Memoria Histórica y la deriva catalanista del PP balear.