De todo un poco este 12 de abril de 2018 en las tribunas y editoriales de la prensa de papel. Seguimos con la matraca del máster de Cristina Cifuentes, lo de Puigdemont, que ya es una cuestión ‘zombi’ y, de postre, la decisión de los sindicatos estatales, UGT y CCOO, de unirse el 15 de abril de 2018 a una marcha para reclamar la liberación de los presos golpistas de Estremera y Soto del Real.
Ignacio Camacho, en ABC, sobre el tema de Cifuentes, asegura que si queda demostrada su mentira sobre el máster deberá irse, pero asegura que lo que tiene gracia es que quien se postula para el puesto de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid sea Íñigo Errejón:
Si ésta mintió o hizo trampas se tiene que ir y no hay más que hablar, por mucho sesgo tendencioso que sufra la derecha en el juicio social de sus comportamientos. Pero el caso de Errejón constituye un paradigma flagrante de supremacía autoconcedida, de doble rasero. Cometió una irregularidad contrastada en el mismo ámbito académico y además aspira al preciso cargo que ocupa la protagonista del actual escándalo. De toda la nomenclatura radical-populista, él es el postulante menos adecuado. La presión que su partido ejerce sobre Cifuentes lo invalida por razones obvias para cualquiera que no padezca esa clase de hemiplejía moral que divide la vida entre malos y buenos o entre propios y extraños.
Mayte Alcaraz opina que Cifuentes se marchará (o será obligada a marcharse), pero por un simple cálculo de rédito electoral:
Cifuentes se irá. Pero no (solo) por lo que ha hecho. Cifuentes se irá porque Albert Rivera ha calculado que para sus intereses electorales le conviene dejarla caer sin despeinarse en una moción de censura; o se irá porque el PP quiere que Ciudadanos les haga parte del discurso pactando con la izquierda y propiciando que retorne una porción del voto que se le fugó al partido naranja; o se irá porque Sánchez quiere hacerle una campaña exprés a Gabilondo a un año de las elecciones; o se irá porque a Podemos le estimula ver a los socialistas genuflexos en la primera moción de censura de la izquierda. Con esas cábalas, a quién le importa el principal objetivo, la decencia política, frente a las luces cortas de los partidos.
Isabel San Sebastián sigue sorprendida por la suave reacción del Gobierno de España a la decisión de tres jueces alemanes de poner en la calle al prófugo Carles Puigdemont:
Lo que no consigo hallar es una sola razón que explique el vergonzoso silencio de nuestro Gobierno. La aceptación sumisa de esta ofensa. Salvo que el objetivo de Moncloa sea quitarse el «muerto» Puigdemont de encima, dejándolo indefinidamente en Alemania, Bélgica o donde sea, con tal de que no aparezca por aquí. En cuyo caso (en absoluto descartable) solo nos quedaría Llarena.
Arcadi Espada, en El Mundo, considera que el relato del separatismo triunfa porque aún sigue latente en el inconsciente colectivo el tan traído y llevado franquismo:
Las simpatías por el xenófobo Puigdemont son más tolerables que las que tuvo la izquierda con ETA, tan sostenidas y tan sangrantes. Pero las dos tienen la misma causa: Franco. La izquierda no puede dejar de ver en los nacionalistas catalanes y vascos a unas víctimas convencionales de Franco. Y su correlato aún más estrábico: no puede dejar de ver en la reacción del Estado democrático la de un Estado autoritario. El éxito separatista de las imágenes del 1 de octubre no cabe atribuirlo a su destreza propagandística -grande, en cualquier caso-, sino al inconsciente guerracivilista que se dispara en la neurona -en la única neurona, a veces- socialdemócrata.
El editorial de El Mundo carga con dureza contra los sindicatos UGT y CCOO por sumarse a la causa separatista:
Los sindicatos, ya de por sí lastrados por su creciente pérdida de influencia, parecen empeñados en autolesionarse haciendo de correa de transmisión del independentismo. Si hasta ahora las federaciones de UGT y CCOO en Cataluña habían dado muestras claras de connivencia con el nacionalismo, hasta el punto de abrazar la demagógica bandera del derecho a decidir, ahora son las direcciones de las centrales sindicales las que se apresuran a adherirse a la causa separatista. Su participación en la manifestación convocada para este domingo en Barcelona supone un grave error y un ataque inaceptable al Poder Judicial, en la medida en que cuestiona la respuesta del Estado de derecho al golpe perpetrado por el secesionismo. Resulta bochornoso que los sindicatos, cuya función social ampara la Constitución, la traicionen para apoyar la voluntad independentista de liquidar la soberanía nacional. Prestándose a ser parasitados por el secesionismo, los sindicatos no sólo se suicidan sino que terminan abdicando de su principal labor, que estriba en la defensa de los intereses de los trabajadores.
