Dice el refrán que por la boca muere el pez y eso es lo que le ha pasado a la izquierda española, que tanto renegar de la legislación en caliente ahora, con la sentencia del juicio a ‘La Manada’, ha visto como el chiringuito se le ha caído encima. Los editoriales y tribunas de la prensa de papel de este 28 de abril de 2018 inciden en este aspecto y, aunque comparten que deben de producirse cambios en el Código Penal, lo que no puede es blandirse una modificación en función de que convenga o no a unas determinadas causas.
El editorial de ABC invita a no hacer demagogia con las decisiones judiciales y que no se pueden celebrar con jolgorio las excarcelaciones de etarras y en cambio clamar por el endurecimiento de las penas a los violadores:
Las comparativas son odiosas, pero sean nueve o veintidós los años de cárcel que merezcan los miembros de ‘La Manada’, la ley debe ser inequívoca. Por eso no conviene incurrir en demagogia, y que muchos de los que hoy claman contra nuestra Justicia por oportunismo se feliciten cuando un etarra queda libre antes de tiempo. Demasiado se felicitaron ya cuando quedó derogada la doctrina Parot para poner en la calle, precisamente, a peligrosos violadores reincidentes.
Edurne Uriarte ejemplifica el editorial de ABC con un caso concreto y que está muy bien traído:
Cuando se trata de violencia de extrema izquierda, como en el caso de Alsasua, hasta niegan la existencia de tal violencia, por muy obvia que sea. Pero cuando se trata de violencia sexista, o de violencia de extrema derecha, exigen las penas máximas. Y ejemplarizantes. Ni condicionantes sociales, ni dudas sobre las pruebas ni derecho a la reinserción; penas máximas y condena mediática y social sin remisión posible. En estos casos, Pablo Iglesias y los suyos se hacen de derechas, responsabilidad individual y toda la dureza judicial. Un paso temporal por la derecha que será corregido por todos ellos, feministas oficiales incluidas, como la sentencia para los matones de Alsasua sea por terrorismo. Entonces, volverán a salir a la calle, pero para exigir justamente lo contrario que en este caso, la vuelta de los matones a casa.
Ignacio Camacho trata de arrojar luz y sobre todo prudencia con el tema de la sentencia de La Manada:
En la España de hoy, las sentencias no acaban en las salas de casación sino en la corte abierta de las redes sociales, que es la instancia última donde se zanjan los debates. No hay carrera togada que supere en saber jurídico a una cuenta de Twitter, cuyos titulares poseen la infusa capacidad providencial de decretar sin margen de error alguno quién es inocente y quién culpable. Un servidor también cree que lo de esa indeseable Manada -hay nombres parlantes desde Homero- fue una violación grupal, al menos en el sentido semántico del término, y tal vez lo siga creyendo hasta que decida el Supremo. Pero ni yo ni los miles de personas que se han manifestado contra el parecer de la Audiencia navarra somos juristas, y la mayoría ni siquiera hemos estudiado Derecho.
Luis Ventoso lleva a su tribuna el relato de la sentencia para concluir que ‘La Manada’ no violó a la joven de 18 años y llega a una conclusión clara:
Los tres jueces consideran que todo eso fue un caso de abusos sexuales. La fiscalía y la opinión pública creen que estamos ante una violación de libro. Si una salvajada así no se considera una violación, entonces tenemos un problema grave y debemos cambiar las leyes. Hoy mejor que mañana.
La Razón recuerda a esa izquierda con tan fino olfato judicial por qué hay que legislar en caliente:
Los mismos sectores de la izquierda que, ante la implantación de la Prisión Permanente Revisable, acusaron al Gobierno de legislar en caliente y pusieron en duda la legitimidad de las víctimas para oponerse a su derogación, se han apresurado a reclamar, igualmente «en caliente», una reforma del Código Penal que clarifique las circunstancias exigibles para la tipificación del delito de agresión sexual. Vaya por delante nuestra opinión favorable a un examen en profundidad del tratamiento penal que se aplica a los delitos contra la libertad sexual, entre otras cuestiones, porque la reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra plantea serias dudas y no pocas perplejidades, incluso en medios jurídico familiarizados con la interpretación del Derecho penal, pero, también, porque es cuando se detecta una posible disfunción en nuestro ordenamiento jurídico, cuando se deben -en caliente, si se quiere- poner sobre la mesa las posibles soluciones.
El Mundo, entendiendo las razones del enfado social por la sentencia a ‘La Manada’, reclama que se deje campo de acción al ámbito judicial porque hay recursos ya interpuestos y no se puede hacer justicia basándose nada más que en un sentir social:
El Gobierno se ha abierto a revisar la tipificación de las agresiones sexuales, pero no parece que este contexto sea un buen momento para revisar los tipos penales en esta materia. Primero porque la Fiscalía ya ha anunciado que recurrirá la sentencia. Y, segundo, porque legislar en caliente -pese al comprensible enojo ciudadano por la gravedad del delito enjuiciado- supone un atajo inadecuado. Las agresiones sexuales constituyen una lacra que merece el máximo repudio social. Corresponde al legislativo evaluar si el reproche penal debe endurecerse. Entretanto, lo que erosiona el Estado de derecho es pretender que los juicios se diriman no en función de la ley, sino al arbitrio de la calle y los platós de televisión.
