Para no aburrirnos como ovejas en agosto, Pedro Sánchez nos tiene entretenidos con el dictador enterrado en el Valle de los Caídos al que va a sacar de ahí por decreto de necesidad y urgencia. Su propia urgencia, la de un Sánchez deseoso de agradar a los suyos, no la de la pueblo español a lo que le pase a Franco le importa una higa.
Dada su debilidad parlamentaria, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha tomado por costumbre suplantar las funciones del poder Legislativo (en el que solo dispone de 84 escaños ), violentando la letra y el espíritu de la Constitución, que establece en su artículo 86.1 que la fórmula de los decretos-leyes está reservada exclusivamente para casos de «extraordinaria y urgente necesidad».
«Algo que no está justificado en esta ocasión, –según El Mundo— ya que el dictador lleva enterrado en la basílica de Cuelgamuros casi 43 años y no existe demanda social alguna para hacerlo de esta forma apresurada. En su sentencia 152/2017, el Tribunal Constitucional afirmó igualmente que un real decreto-ley es «una excepción al procedimiento ordinario de elaboración de las leyes y, en consecuencia, está sometida en cuanto a su ejercicio a la necesaria concurrencia de determinados requisitos que lo legitiman».
«Al final uno tiene la sensación de que, a lo peor, no es que Sánchez resucite a Franco sino que igual es el presidente el que necesita a Franco para resucitar. Eso, o que somos gilipollas», dice Agustín Pery en el ABC.
Desde las páginas del mismo peródico Ramón Pérez Maura desmiente que el presidente Sánchez haya hablado con el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro como dijo El País, y que éste haya dicho que no habrá oposición de la Iglesia».
En primer lugar el cardenal Osoro me afirma que nunca ha hablado con el presidente Sánchez. Nunca. Y en segundo lugar su posición sigue siendo la misma: el Gobierno tiene que llegar a un acuerdo con la familia. Y si no lo hace, ni el prior de la Basílica ni él pueden autorizar la exhumación. Pero aquí interesa mentir y confundir. A partir de ahí se añade que hasta el Papa Francisco está a favor de este acto político.
La realidad es que ese Concordato ya no está en vigor y esa inviolabilidad se deriva de los acuerdos bilaterales con la Santa Sede firmados por el ministro de Exteriores Marcelino Oreja cinco días después de entrar en vigor la Constitución de 1978. Así que la única salida posible, respetando la ley, es que el Gobierno convenza a la familia, lo que no parece fácil porque, como es lógico, los nietos del general no quieren que se haga un uso político de los restos mortales de su abuelo. ¿Por qué iban a aceptarlo?
La Razón constata lo dicho por Pérez Maura pero cree que Sánchez se saldrá al final con la suya porque la familia Franco no podrá oponerse: lo más probable es que el presidente del Gobierno vea cumplido su objetivo político, «por más que las virtudes del mismo se nos escapen, como a la mayoría de los ciudadanos, y aunque sea por la vía poco adecuada de la ingeniería legal y de las leyes especiales, que no suelen ser propias de las democracias».
