Es la noticia del día y de la semana (aunque con el Ejecutivo de Sánchez estando por medio nunca se puede poner el cuño). La renuncia de Manuel Marchena a presidir el Consejo General del Poder Judicial tras conocerse el pasteleo entre PP y PSOE, amén de whatsapps indiscretos y pelín chulescos, pone este 21 de noviembre de 2018 las tribunas y editoriales de la prensa de papel.
Luis Ventoso, en ABC, propone una fórmula sencilla para acabar con la politización de la Justicia y exige dos condiciones iniciales:
Si quieren empezar a cambiar las cosas, PP y PSOE podrían comenzar por darse un baño de ejemplaridad. El Partido Socialista relevando a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que ya estaba incapacitada para el cargo por lo que soltó en sus cuchipandas con Villarejo y que además ha empañado todavía más su figura con sus filtraciones contra Marchena (que no le agradaba por haber condenado en su día a Garzón, amigo íntimo de la ministra). En cuanto al PP, Casado debe relevar a Cosidó, y más toda vez que ya lo ha desautorizado. Una persona que en pleno siglo XXI envía un guasap a 148 senadores alardeando de cómo su partido va a mangonear a los jueces y cree que nadie va a darle al dedito y romper la confidencialidad demuestra dos cosas: una torpeza política inaudita y un desconocimiento absoluto de la condición humana y la tecnología actual. Por último, ayudaría a templar el panorama que algunos jueces -la mitad de ellos- no aventasen sus filias ideológicas en asociaciones profesionales que se han devenido en marcas blancas de PP o PSOE.
Ignacio Camacho tiene claro que el despropósito con el tema Marchena y el whatsapp de Cosidó ha abierto una vía de agua que van a aprovechar los letrados de los golpistas encarcelados:
Un abogado que no aprovechase ese regalo sería sencillamente un inepto. Y un magistrado que no diese un paso atrás, como ha hecho Marchena, dejaría de ser un juez serio. El problema es que puede que ya no haya remedio, que no baste el autoapartamiento para desmontar la base de un recurso ante el Derecho europeo. Ésta es la magnitud del disparate. La que, por incomprensible que se antoje, no parece haber previsto -¿o sí?- nadie. La que causa un destrozo incalculable al Estado menoscabando uno de sus poderes fundamentales. La que deja el crédito de la justicia española, que ya rodaba por los suelos, hecho un desastre.
Paco Robles no duda de que la renuncia de Marchena era lógica una vez conocida esa conversación del manazas de Cosidó:
La renuncia del juez Marchena ha sido tan ejemplar como inevitable. ¿Alguien en su sano juicio moral e intelectual piensa que este magistrado podía someterse al control de un Cosidó que estaba cosiendo la red del control que iban a aplicarle en cuenta ascendiera a la cúspide del poder judicial? Eso habría sido el culmen de la desvergüenza democrática, el hundimiento del acorazado que se mantiene a flote por la división de poderes. Este principio, que es básico para el funcionamiento del régimen que nos dimos tras la muerte del dictador, es una rémora para los conspiradores de aparato y covachuela, para los enterradores de Montesquieu que han cambiado el transistor por el pacto y el whatsapp, pero que quieren sepultar la democracia. Como siempre.
Manuel Marín hace un acertado retrato de lo que estamos viviendo ahora mismo en España:
Con cierta indolencia y resignación, España se adapta a una democracia ciclotímica y errática, repleta de instituciones disminuidas y con su crédito viciado y bajo mínimos. Con el prestigio del Poder Judicial hecho añicos, con el Legislativo forzando la voluntad real de las urnas, y con el Ejecutivo en permanente pose de selfie con dedo pulgar y morritos, lo ‘líquido’ es lo de menos. Lo de más, que no hay nada sólido que llevarse a la boca.
El País, que en ocasiones tarda 24 y hasta 48 horas en editorializar sobre asuntos de la más rabiosa actualidad, en esta ocasión se frota las manos con el asunto de Cosidó:
Tener el gatillo fácil para el insulto solo contribuye a emponzoñar las instituciones. Si entonces Cosidó pretendió desacreditar con una bravuconada una larga y rigurosa trayectoria de entrega a la construcción y defensa de la democracia, esta vez el objetivo ha sido presentar a un juez conservador como un monigote de su partido. No tuvo razón entonces, tampoco la tiene ahora. Pero Cosidó sigue ahí: llevando la indignidad a la vida pública.
Federico Jiménez Losantos, en El Mundo, considera que salvo Ciudadanos, todos han quedado retratados como la chata en el caso de Marchena:
Los jueces no salen indemnes de esta prueba de compadreo con los políticos, pero Marchena ha salvado lo que Sancho llamaba «la negra honrilla». En cambio, los partidos protagonistas del inmundo enjuague (todos, salvo Cs) perdieron ayer la ocasión de «hacerse un Marchena» y ahorrarnos la humillación de culparse mutuamente por destapar la infamia.
El editorial de El Mundo reparte palos a todos los partidos, a excepción de Ciudadanos:
De Pedro Sánchez, el hombre que en la oposición prometió que los partidos sacarían las manos de la Justicia pero que en el poder las ha metido hasta la cocina para contentar a los independentistas de los que depende su supervivencia en Moncloa, no esperamos ya casi nada. De Pablo Iglesias, que a la primera ocasión se ha sumado con avidez al reparto, mucho menos. Pero de Pablo Casado, que venía a romper con las peores prácticas del marianismo, esperábamos mucho; nos decepcionó con su implicación a través de Rafael Catalá en el cambalache del CGPJ, pero ahora la dignidad de Marchena le brinda la oportunidad de redimirse. Urge que la aproveche si no quiere perder todo crédito renovador.
Raúl Del Pozo define el asunto de Marchena y el pasteleo de los partidos como un auténtico esperpento:
La Justicia, que gozaba de respeto o miedo por parte de los ciudadanos, empieza a ser desprestigiada por su politización, el pasteleo y los chanchullos a los que la someten los partidos. En los últimos años España fue un banquillo, un comité de salud pública, una pasarela por la que desfilaron presidentes de Gobierno, generales, príncipes, duques, banqueros, y ahora van a desfilar gobernantes de comunidad acusados de rebelión. El monstruo de la multitud -la gente- pedía venganza, y la hubo más que en ningún otro estado de Europa. Pero lo que se llamó ordalía catódica ha pasado a convertirse en un esperpento.
El editorial de La Razón cree que el culpable de todo este lío es Pedro Sánchez por filtrar el nombre de Marchena pare presidente del CGPJ:
En todo este episodio hay, sin embargo, un claro responsable que no es otro que el Gobierno de Pedro Sánchez, de cuyo entorno monclovita procedieron las filtraciones a sus medios afines del contenido de las negociaciones con el Partido Popular, llegando al colmo de la descortesía institucional de facilitar a un periódico, ducho, por otra parte, en etiquetar ideológicamente a los jueces, el nombre del futuro presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, que, no lo olvidemos, debía ser elegido por los vocales. A partir de ese momento, la figura del magistrado Manuel Marchena, uno de los mejores juristas del país y con una carrera profesional intachable, pasó a ser manoseada ante la opinión pública, con especial saña por parte de los separatista catalanes.
Juan Velarde es redactor de Periodista Digital @juanvelarde72
