¡Bienvenidos a la subasta electoral! Pedro Sánchez, tal y como comentan con casi completa unanimidad los editoriales y las tribunas de opinión de la prensa de papel de este 2 de marzo de 2019, ha convertido todo organismo e institución oficial en la plataforma idónea para hacer propaganda de cara a las eleccions generales del 28 de abril de 2019.
El Mundo critica abiertamente la utilización del Consejo de Ministros para convertirlo en un comité electoral al servicio de Pedro Sánchez:
Ya lo advirtió la ministra de Hacienda la última semana, cuando el subconsciente le jugó una mala pasada y adelantó que los dos Consejos de Ministros restantes de esta legislatura iban a «estar cargados». María Jesús Montero descubrió así la torticera intención de este Gobierno de pervertir un órgano institucional tan relevante como el Consejo y degradarlo a una mostrenca herramienta electoral. Porque lo visto ayer supera incluso el habitual abuso del real decreto. Se trata de una orquestada estrategia política que pasa por aprovecharse del cierre del Congreso para intentar tramitar unas leyes electoralistas a través de un órgano excepcional: la Diputación Permanente. De esta manera, Pedro Sánchez no solo evitará el necesario debate parlamentario que debiera ser obligatorio para medidas como las aprobadas ayer en el último Consejo de Ministros, sino que incurre en una anomalía democrática: utilizar un órgano excepcional para tramitar medidas para nada excepcionales. Pues nunca antes se había servido de los limitados miembros de la Diputación Permanente para introducir iniciativas fuera de la actividad política y el debate en las Cortes.
El editorial del ABC sale con todo contra el uso partidista de los órganos oficiales, ya sea RTVE o el CIS:
La utilización partidista de las instituciones -que ayer siguió con un nuevo mitin de Carmen Calvo en La Moncloa, donde ahora se celebran unos viernes electorales que son una genuina tómbola de premios con cargo al presupuesto- ha contado en estos últimos meses con dos herramientas excepcionales, terminales de la manipulación de la opinión pública que el Gobierno ha ejercido para tratar de vender su mercancía política. Mientras RTVE se esfuerza en trasladar la idea de un PSOE centrado, ajeno al radicalismo antisistema con el que ha logrado sobrevivir estos meses, el CIS insiste en disparar la intención de voto de las listas de Pedro Sánchez, caballo ganador al que subirse a la carrera. Uno y otro organismo trabajan en la misma dirección y contra el interés general de los contribuyentes que pagan sus estudios y columnas de opinión.
Luis Ventoso comenta la última fechoría del sanchismo:
La intensa campaña de manipulación de la opinión pública que ha lanzado el sanchecismo, que lo primero que hizo fue convertir a TVE y al CIS en arietes del PSOE y del pensamiento único progresista, está siendo tan intensa que las tragaderas de la ciudadanía se han ensanchado. Todo vale y nada importa. Los mayores abusos comienzan a pasar desapercibidos, envueltos en la vaselina de una atosigante propaganda oficialista. Así que es posible que muchas personas consideren ‘normal’ lo de plantar un logo republicano en la correspondencia de nuestra diplomacia. No lo es. Supone un extraordinario abuso, e incluso puede constituir una ilegalidad. La bandera republicana no es un símbolo constitucional. De hecho representa la antítesis del marco legal sobre el que hoy se asienta el Reino de España. Servidores públicos leales a España; al Jefe del Estado, Felipe VI, y a la Constitución de 1978 van a ser forzados por Sánchez a violentar sus obligaciones de altos funcionarios españoles y sus conciencias para incorporar en sus cartas una simbología alusiva al régimen republicano de comienzos del siglo XX (que además resultó en su momento un dramático fracaso en todos los órdenes).
La Razón va por el mismo sentido, asegurando que hasta la fecha nadie había hecho tanto daño a la democracia como Pedro Sánchez:
Sánchez ha vuelto a hacer un uso patrimonial -de su propia imagen y de su partido- del Consejo de Ministros, un hecho que el líder del PP, Pablo Casado, ha definido de «escandaloso», ya que es una anormalidad que el Gobierno apruebe decretos con las Cortes disueltas y, en todo caso, use electoralmente la Diputación Permanente, algo inédito hasta ahora. El final de la legislatura podría haber sido más honroso para la labor de las cámaras, pero desde la constitución de este Gobierno con un pacto con los independentistas hacía inviable una labor más positiva. Era evidente que con 84 diputados no se puede gobernar, incluso más allá de una ambición desmedida. El uso abusivo del decreto tiene el riesgo de que las Cortes pierdan su papel de control. Si, además, hay un uso electoralista, se está produciendo un daño que ningún régimen parlamentario serio puede soportar.
Juan Velarde es redactor de Periodista Digital @juanvelarde72
