Seguimos a vueltas con los lazos amarillos. Que si Torra no los quita, que si ahora le consulta al Síndic de Greugues, una especie de defensor del pueblo para los catalanes y mientras Pedro Sánchez sin decir ni mú, no vaya a ser que de repente precise del apoyo de los golpistas tras el 28 de abril de 2019. Así vienen con este enfoque las tribunas y editoriales de opinión de la prensa de papel de este 21 de marzo de 2019.
David Jiménez Torres, en El Mundo, recuerda que el ministro del Interior, Grande-Marlaska, había pactado con Torra que las instituciones estuviesen sometidas a la neutralidad política. ¿El resultado? El que todos ustedes ya conocen:
Grande-Marlaska, por ejemplo, ya pactó con la Generalitat que esta respetaría la neutralidad de los edificios públicos, sin hacer luego nada ante el incumplimiento de aquel acuerdo. Fatiga tener que recordar que las leyes no obligan solamente por ser leyes, sino porque suelen dar forma a un orden más justo que el que impondrían quienes se las saltan. En este caso, es más justo que las instituciones permanezcan neutrales en periodo electoral que lo contrario. Y así con tantos principios que conforman otra médula: la de la democracia. La que sí merece una osamenta que la proteja.
El editorial de El Mundo habla ya se una farsa total con el tema de los lazos amarillos:
La negativa de Torra a respetar la orden de la Junta Electoral para retirar los lazos de los espacios públicos ha degenerado en otra farsa secesionista. Primero el representante ordinario del Estado en Cataluña presume de desacato incumpliendo el mandato del órgano que vela por la neutralidad electoral. Después, descarga su responsabilidad instrumentalizando al Síndic de Greuges, que en esta comedia interpreta el papel de tonto útil o el de cooperador necesario. Torra optó por alimentar el enfrentamiento con su habitual mezcla de estulticia, irresponsabilidad y teatralización. Su intención ahora es encontrar la manera de burlar la orden de la autoridad electoral sin incurrir en un delito de desobediencia. La Fiscalía debe querellarse por flagrante desobediencia. Y el Gobierno, abandonar su tancredismo. Lo contrario sería un bochornoso ejercicio de inhibición.
Javier Redondo considera que Torra, gradualmente, por mucho que se pavonee, irá reculando y retirando los lazos amarillos:
Entre procesados e inhabilitados, el supremacismo pierde efectivos a tal velocidad que no puede permitirse más bajas. Torra, un incordio para el independentismo gradual y a la espera de mejor momento procesal, reculará a instancias del defensor del pueblo de la comunidad autónoma de Cataluña. Lo hará poco a poco y pavoneándose al remolonear.
El País observa en Torra, más que una convicción separatista con el tema de los lazos amarillos, una cuestión que tiene que ver más con el electoralismo:
Detrás de la actuación irresponsable de Torra se esconde la voluntad de erigirse ante los votantes independentistas como el representante más genuino del secesionismo radical; pura campaña electoral de la manera más torticera posible. Lo grave es que, haciéndolo desde la presidencia de la Generalitat, Torra ha vuelto a poner en riesgo a toda la institución.
El editorial de La Razón es claro y contundente, Torra puede escudarse en mil excusas, pero al final la ley la tiene que cumplir o es el Estado quien, a través de los mecanismos habilitados a tal efecto, haga efectivo ese cumplimiento:
El presidente de la Generalitat puede cubrirse con las muletas que quiera o que encuentre a mano, pero estaba obligado a limpiar los edificios oficiales de propaganda partidista, sencillamente, porque así se lo ha ordenado el órgano superior de la Administración Electoral, con sede en el Congreso de los Diputados. La situación admite, pues, poca discusión y, como venimos señalando, el Gobierno, a través de los mecanismos legales a su alcance, debe instar al cumplimiento exacto y completo de lo dispuesto o, en su caso, proceder por sus propios medios, con independencia de las actuaciones que correspondan a la Fiscalía, de acuerdo a lo que establece el artículo 410 del Código Penal. Cualquier retraso en la limpieza de todos los edificios oficiales, cualquier sustitución por otros símbolos ‘imaginativos’ que sigan reivindicando a quienes están siendo juzgados por graves delitos ante el Tribunal Supremo, sólo servirán para cuestionar la autoridad y la vigencia de las instituciones del Estado en Cataluña, que es, exactamente, lo que pretende el presidente de la Generalitat.
Antonio Martín Beaumont denuncia el silencio de Sánchez ante las atrocidades de Torra saltándose la ley a la torera:
Lo que aún me parece más grave en esta soporífera opereta de insumisión permanente del secesionismo es el profundo desprecio que Quim Torra demuestra hacia los propios catalanes. Al presidente de la Generalitat se le olvida que en las últimas elecciones autonómicas no fue él quien ganó en las urnas, sino Inés Arrimadas y el partido Ciudadanos, justo la formación política que ha instado a que se retiren los lazos en pro del principio de neutralidad e igualdad de oportunidades en los lugares públicos en campaña electoral. Lo que de verdad esconden los lazos es el perverso concepto patrimonial que de la democracia y la libertad tiene el independentismo. Por eso, el ‘atronador’ silencio de Pedro Sánchez desde La Moncloa es cada hora que pasa más inaguantable.
ABC denuncia los pasos atrás del Estado en la defensa de sus propios intereses:
La inacción del Gobierno, ese ponerse de perfil siempre para no molestar a quienes han sido sus socios en el Congreso, ha dado la iniciativa a Torra que, después de que se lo diga el Defensor del Pueblo catalán, procederá a retirar los símbolos. Es decir, ya puede vender a su facción que solo atiende a instituciones catalanas y no a las estatales. No es un problema de insuficiencia de leyes o instituciones, tampoco de personas dispuestas a hacer cumplir la ley. Hay de lo uno y de lo otro para hacer respetar la legalidad y la dignidad nacional. Es más grave, se trata de la falta de impulso político, de liderazgo nacional y, sobre todo, de compromiso con los intereses de España por aquellos que están obligados a defenderlos.
Isabel San Sebastián se pregunta qué hay detrás de la reiterada desobediencia de Quim Torra a la hora de retirar los lazos amarillos:
El president Torra, teledirigido desde Waterloo, se fuma un puro con las resoluciones de la Junta Electoral Central, se arriesga a ser inhabilitado y mantiene en los edificios públicos toda clase de símbolos partidistas, incompatibles con la neutralidad exigible a las instituciones e insultantes para España y para la democracia misma. ¿Sabrá él algo que los demás ignoramos respecto de eventuales indultos? Parece altamente probable. Los alumnos aventajados de la kaleborroka etarra, encuadrados en las CUP, de las que depende el Ejecutivo local, multiplican sus maniobras intimidatorias y tienen la desvergüenza de reivindicarlas. La cárcel de Brians 2, sujeta al control de la Generalitat, pone en libertad a Oriol Pujol, miembro ilustre de una saga de acreditados corruptos, tras apenas dos meses de prisión efectiva, como para dar patente de corso al latrocinio que se perpetra en nombre de la «nación catalana». Y suma y sigue. Esta es la tónica desde hace ya demasiados años. Atrincherados en su capacidad de condicionar gobiernos, los separatistas han puesto a prueba nuestra paciencia con movimientos considerados hasta hace poco impensables. Imaginen lo que nos aguarda si, a lomos de un constitucionalismo dividido, Sánchez regresa a La Moncloa de su mano.
Juan Velarde es redactor de Periodista Digital @juanvelarde72