¡Pónganse los acusados de pie! Este repaso a las tribunas y editoriales de la prensa de papel de este 13 de de febrero de 2019 se pone más jurídico que nunca para analizar lo que fue la primera jornada del juicio a los separatistas que arrancó el 12 de febrero de 2019 en el Tribunal Supremo.
El editorial de ABC critica que los abogados de los separatistas golpistas quisieran convertir la sala del Supremo en un lugar para el mitin y la soflama política:
Más pareció un conjunto de alegaciones a la desesperada para que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condene al Estado español por abusos inventados, que un discurso coherente en defensa de unos acusados que intentaron romper España pisoteando la Constitución, jactándose de vulnerar la legalidad, y desobedeciendo expresamente a nuestros Tribunales. Si Junqueras y sus cómplices del golpe de Estado quieren afrontar el juicio desde un absurdo victimismo procesal, no pueden estar más equivocados. Ya lo intentaron en su día Artur Mas o Francesc Homs en un proceso penal con acusaciones infinitamente más leves y resultaron condenados e inhabilitados. El Tribunal Supremo no es lugar para mítines.
Álvaro Martínez da buena cuenta de la foto del día, la de Junqueras ignorando a Quim Torra cuando este saludaba a los 12 procesados:
Que Junqueras no quiere ver a Torra ni en pintura es sabido desde hace tiempo. No lo soporta. Es lo que ocurre cuando uno se convierte en asistente de un cobarde, el deshonroso precio que se paga al ponerse del lado de quien dejó tirados a sus consejeros, sin avisar tan siquiera a su vicepresidente de que iba a salir corriendo por el oscuro túnel del deshonor. «No creo en los mártires» fue la única razón que Puigdemont alcanzó a balbucir, nervioso, cuando se le preguntó el pasado septiembre por qué no da la cara en España, pues su huida es la que seguramente ha alargado la prisión preventiva del resto.
Luis Ventoso recuerda a los golpistas y a sus acólitos que, se pongan como se pongan, lo que cometieron fue delito:
Por mucha mística amarilla que le pongan el separatismo, sus tontos útiles tipo Colau y los nacionalistas foráneos, el asunto resulta sencillo: ningún país permite que una parte de su territorio se desgaje a la brava y violentando las leyes nacionales. Algo así te lleva a la cárcel de cabeza en Francia, EE.UU., China, Rusia… y lógicamente también España. Los magistrados del Supremo, juristas eruditos de acreditado prestigio, analizarán las acciones de los doce acusados, las compararán con lo que establece la ley y emitirán su sentencia. Así de simple. Y si Junqueras tiene que cenar una larga temporada en la cárcel, pues tampoco nos deprimiremos en demasía, porque intentar romper un país y destrozar la convivencia de los catalanes no es regalar rositas en Sant Jordi.
Ignacio Camacho vaticina unos meses largos de escuchar disparates a troche y moche:
Durante meses, los acusados y sus defensores se van a dedicar a una tentativa insistente de desacreditar a la Justicia. Ya empezaron ayer, en una mañana de alegatos plañideros trufados de la farfolla pesadísima que hace años sirve de esqueleto retórico al proyecto golpista. No tienen otra estrategia que la de hablar para fuera de la sala, para la tropa adicta y para una opinión pública extranjera siempre seducida por el imaginario romántico de la rebeldía. Lo más chocante de todo, no te rías, es verlos apelar a la Constitución que declararon abolida para implantar como única norma su voluntad exclusiva de someter a toda Cataluña al designio procesista. Por eso, aunque te sulfures, no debes alarmarte ante el derroche de elocuente cinismo con el que van a tratar de revestir de gloria insurgente sus (presuntos) delitos. La batalla publicitaria hace mucho que España la ha perdido por desistimiento de sus convicciones y principios. Pero la historia final de la sublevación no será la que divulguen los pregoneros del separatismo ni sus arúspices oportunistas sino la que quede escrita en la prosa aburrida y contundente del veredicto. Tendrás que esperar, pero hazlo con el ánimo tranquilo: en las sentencias judiciales no hay sitio para los mitos.
Manuel Marín se troncha del argumentativo escogido por los letrados de los separatistas procesados para intentar anular el juicio:
Iba de dar un mitin y fue un mitin. Político y de escaso peso jurídico: se suspendieron indebidamente derechos políticos, se vulneró su derecho de manifestación y de expresión, es un proceso político con forma de causa general contra el independentismo, son tratados como terroristas… Un guión previsible para estigmatizar al Tribunal con soflamas separatistas de esas que tanto excitan en Estrasburgo, donde la justicia engolada a menudo no es justicia, sino política. Arengas facilonas de asamblea de primero de Derecho con café de facultad, y hojarasca de tópicos para consumo interno de un secesionismo inusualmente desmovilizado. Ya probaron con esos argumentos Artur Mas y Francesc Homs, y fueron condenados e inhabilitados. Ironía: los jueces no pueden ser «salvadores de la patria», pero los acusados, sí. No va a ser la nulidad del juicio lo que está en juego. Con esta línea de defensa, la nulidad es otra.
La Razón recuerda a los golpistas que están en el banquillo no por sus ideas, sino por ejecutar una agresión contra el Estado:
El problema es que la vista se celebra en Madrid y no en Estrasburgo, y responde a una causa penal y no ideológica. Es, si se quiere, un juicio con innegables connotaciones políticas, pero éstas vienen dadas, precisamente, por la propia naturaleza de los delitos encausados y la consideración institucional de la mayoría de los acusados. Dicho más claramente: sólo desde los cargos públicos que ocupaban podían adquirir las herramientas necesarias para acometer la agresión al ordenamiento constitucional español. En el exterior de la sala de audiencia del Tribunal Supremo, el nacionalismo catalán mantiene el mismo discurso denigrante de la Justicia y de la democracia española y su sempiterno memorial de agravios. Pero ni se juzga a Cataluña ni se pretende escarmentar al independentismo catalán ni se dilucidan políticas. Con todas las garantías de nuestro Estado de derecho se juzgan unas actuaciones constitutivas de delitos claramente definidos en el Código Penal.
Pedro Narváez refleja el trato que están recibiendo los doce procesados golpistas, mucho mejor que el trato que, por ejemplo, se le dispensa a la oposición en el Parlamento de Cataluña:
Vimos a doce personas mejor tratadas en el Supremo que la oposición en los días aciagos del Parlamento cuando Forcadell mandaba callar como si fuera Fidel Castro. ¿Se acuerda, Carme? No ponga ese gesto pánico de Jodie Foster en «El silencio de los corderos» porque Hannibal Lecter era su jefe. Fue aquella una lección de democracia que nunca olvidaremos. La república a la fuerza. Están los presos bien comidos y asistidos. Ningún rastro de martirio. En las patrias que le hacen la ola ya estarían desaparecidos. Esa dignidad soberanista mal digerida del tipo «Usted no sabe con quién está hablando» se desvanece ya hasta en los titulares de la BBC cuando habla ya del «autoexilio» de Puigdemont, tal vez el más ruin de los protagonistas de la película.
El Mundo le recuerda a quienes trataron de romper a España lo obvio, que están en el banquillo por un delito, no por unas ideas separatistas:
La primera sesión del juicio dejó claro el desprecio de Junqueras a Torra, pero también la línea de las defensas. Mientras algunos abogados se centraron en refutar los hechos imputados, el representante legal del ex vicepresidente verbalizó la defensa más política. Acusó al tribunal de propinar a los acusados un trato «peor que a los terroristas». El abogado de Jordi Sànchez espetó a los siete magistrados: «Hagan de jueces, no de salvadores de la patria». A esta estrategia de descrédito se sumaron Torra y Torrent, así como Ada Colau, que participó en la protesta a las puertas de la Generalitat, y varios dirigentes de Podemos. Nuevamente, conviene recordar lo obvio. Los líderes políticos y sociales separatistas no están acusados por sus ideas, sino por atacar la Constitución. No fueron procesados por delitos políticos, sino por vulnerar el orden legal. Y no se enfrentan a peticiones de cárcel elevadas por poner las urnas, sino por quebrantar el artículo 2 de la Carta Magna.
Arcadi Espada hace una pregunta más que pertinente respecto al juicio a los golpistas:
Es falso sostener que el Estado español abrió una Causa General contra el independentismo que concluye con este juicio, como dijo ayer uno de los abogados y es recurrencia habitual en la estrategia de algunas defensas. El independentismo operó con total tranquilidad en Cataluña y en el resto de España mientras sus movimientos se atuvieron a la legalidad. Pero, al mismo tiempo, es imposible juzgar los hechos de octubre si no se inscriben en una Causa General contra el Proceso. El Proceso tuvo por objeto declarar la independencia de Cataluña, con la ley o contra la ley. Y en una acción sostenida de varios años movilizó un número notable de personas y de recursos, siempre bajo la dirección de la autoridad política catalana, que nunca obedeció a las masas, sino que las encuadró, en una sucesión de bellos efectos populistas. La pregunta profunda de este juicio no es si los hechos que relata la acusación son ciertos. La pregunta es cómo decidirá la democracia española castigarlos.
Juan Velarde es redactor de Periodista Digital @juanvelarde72
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