La declaración como testigos de Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría y Cristóbal Montoro en el juicio que tiene lugar en el Supremo donde se están juzgando los hechos acontecidos el 1 de octubre de 2017 es el tema esencial que domina este 28 de febrero de 2019 en las tribunas y editoriales de la prensa de papel.
Cristina López Schlichting, en La Razón, le calla la boca a los abogados de los golpistas cuando venían poco menos que a desmentir que en Cataluña haya existido acoso:
Me hace gracia la fijación de los abogados de los golpistas, pretendiendo que aquellos días horribles fueron pacíficos. Hay muchas formas de ejercer la violencia. Que me lo digan a mí, que fui amenazada esos días en la Plaza de Cataluña, cuando informaba para Trece: «Habría que fusilarte», gritaban. Se me escapan seguro todas las formas de coacción que se usaron esos días. El estrépito apabullante de las caceroladas, siempre a la hora del sueño de los niños. Las llamadas de los responsables de la Generalitat, chantajeando a los directores de colegio para que pusiesen los centros a disposición del referendo ilegal. Los escraches a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Las amenazas veladas con contenidos concretos: despídete del ascenso, olvida cualquier subvención o ayuda. La ansiedad de los enfermos que saturaron los servicios de Salud aquellas jornadas. Miles de retrasos por las carreteras cortadas. En fin, una vergüenza. El procés es esencialmente violento, porque no contempla cesión alguna y, por lo tanto, necesita reducir a los demás al silencio.
La Razón subraya que el separatismo empieza a ver como las pruebas irrefutables de su ilegalidad pesan como losas:
Sería demoledor para el separatismo catalán oír decir a sus líderes ante el Tribunal Supremo que todo fue una farsa. Tal vez ya sea tarde. El independentismo tiene una visión de la realidad instalada en lo «paralegal», con una gran dosis de fantasía ideológica y un fanatismo que ciega todo atisbo de razón, algo con lo que pueden superar las exigencias de sus seguidores, pero no las del Alto Tribunal. Sólo la evidencia de las pruebas servirá para que los líderes independentistas salgan del ensueño de que el 1-O no lo pagó nadie o que les acogía algún derecho más allá de la ley, que nunca se sabe, aunque servirá de muy poco.
ABC también va en la misma línea de ver como a los independentistas se les fueron cayendo todos los argumentos:
La pretensión de algunas de las defensas de que Rajoy, Santamaría o Cristóbal Montoro se vieran empujados a probar jurídicamente la tipicidad de la violencia vinculada al delito de rebelión, o la malversación de caudales públicos, cayó en saco roto. Por dos motivos: primero porque es improcedente interrogar a testigos en ese sentido a modo de encerrona, y segundo porque el presidente del tribunal, Manuel Marchena, cortó de manera impecable esta treta pseudojurídica para convertir la sala de juicios en un plató televisivo, más orientada a lograr titulares en favor de las tesis separatistas que en convencer al tribunal de los hechos.
Ignacio Camacho resalta la táctica usada por Rajoy para desesperar a las defensas de los golpistas:
Fiel a su naturaleza hierática y a su escasa fluidez expresiva, Rajoy estuvo bastante más espeso que Santamaría. Se agarró a tres conceptos básicos que repitió hasta la fatiga -el más importante, la imposibilidad de trocear la soberanía-, y cuando le requirieron detalles se desentendió con vagas excusas sobre su falta de retentiva. Fue más difuso que de costumbre, que ya es mucho, exagerando incluso esa galbana mental que en su etapa de dirigente convirtió en una impronta estilística. Por momentos, apareció aquel Rajoy pastoso, árido, renuente, de lengua de madera y aire de desidia, que esta vez, ante un montón de planteamientos capciosos, era la actitud que mejor le convenía.
El País le recuerda a sus lectores, por si acaso no lo tenían claro, que Rajoy no está declarando en el Tribunal Supremo por sus errores cometidos en Cataluña:
La comparecencia del expresidente Rajoy como testigo en el juicio contra los dirigentes independentistas es, sin duda, la de un líder al que cabe reprochar incontables errores en la gestión política de la crisis territorial en Cataluña, como también a aquellos de sus colaboradores que serán interrogados en sesiones sucesivas. Pero en ningún caso eso es lo que se juzga en el Tribunal Supremo ni lo que autoriza a interferir desde fuera de la sala en la labor que los jueces desarrollan en el interior. La frontera entre lo judicial y lo político debe permanecer infranqueable como hasta ahora, sean quienes sean los inculpados, pero también sean quienes sean los testigos.
El Mundo sentencia que a los separatistas se les escaparon por el desagüe todos los argumentos que defendieron durante el 1 de octubre de 2017:
Lo cierto es que los separatistas chocaron una vez más con los hechos: su agresión al Estado fue unilateral e injustificada, y sus promotores eran perfectamente conscientes de la ilegalidad que cometían. Enfrente tenían a un Gobierno que si de algo pecó no fue precisamente de precipitación sino de exceso de prudencia, por no decir cobardía o incredulidad. Rajoy no quiso aplicar el 155 con el referéndum ilegal de 2014 organizado por Mas porque, según afirmó, no era vinculante (tampoco lo era el de 2017), no hubo declaración de independencia y no existían garantías de los tribunales de que suspender la autonomía por el 9-N fuera proporcionado. El golpe del 1-O no obedeció por tanto más que al temerario proyecto de una élite gobernante reincidente que se creyó impune, pese a las constantes advertencias sobre el coste penal de su empeño segregador.
Juan Velarde es redactor de Periodista Digital @juanvelarde72
