No le extraña a nadie que Quim Torra se haya pasado por el arco del triunfo la orden de retirar de todos los organismos oficiales los lazos amarillos. Y no extraña porque, tal y como comentan columnistas y editoriales de la prensa de papel de este 20 de marzo de 2019, el Gobierno de Pedro Sánchez ha optado por el perfil bajo y poner todo tipo de prórrogas. A nadie se le esconde que el 28 de abril de 2019 está a la vuelta de la esquina y los votos de los golpistas pueden darle a Sánchez la opción de seguir en La Moncloa cuatro años más.
El diario ABC comenta en su editorial que Torra, gracias al perfil bajo de Pedro Sánchez, vuelve a reírse del Estado al no retirar los lazos amarillos:
Resulta casi humillante que Torra persista en esta actitud y decepcionante que no haya una réplica inmediata del Estado más allá de una hipotética querella por desobediencia. Si Torra se quiere inmolar camino de una inhabilitación, el Gobierno tiene la obligación de cumplir con lo dictaminado por la JEC. El tactismo de Sánchez, esa especie de perfil bajo de su Ejecutivo en tan grave asunto, es una muy mala noticia para España. La retirada de símbolos no permitidos debió ser automática ayer mismo. Si finalmente Torra es acusado pero los lazos y esteladas siguen colgando de los balcones oficiales, ni la neutralidad electoral se habrá garantizado, ni el ciudadano podrá percibir la fuerza coercitiva del Estado cuando se vulnera la ley. Dar oportunidades de «diálogo» a Torra es una pérdida de tiempo. Es evidente que se vuelve a reír del Estado de Derecho y que sigue disfrutando de una imagen de inmunidad que debe avergonzar a todos los demócratas.
Luis Ventoso señala que no le extraña que Sánchez engrandezca el techo electoral de Vox cuando permite que Torra se fume la orden de retirada de esos ‘churros’ amarillos:
La Junta Electoral exigió la semana pasada al Gobierno de Torra que en 48 horas retirase los lazos amarillos y la simbología separatista de las fachadas de las instituciones catalanas. Torra no lo hizo. La insólita reacción de la Junta no fue obligarle, sino otorgarle 24 horas más. Torra y sus consejeros han vuelto a fumarse la orden. Pero el Gobierno de Sánchez se encoge de hombros, despeja el balón y se limita a enviar a la Junta Electoral fotos de cómo están las fachadas, para que ella decida. Resultado: el Gobierno catalán, máximo representante del Estado en Cataluña, se instala en la desobediencia y nada ocurre. Escenas así no pasan desapercibidas. Muchísimos españoles anónimos se indignan al observar que un Gobierno regional goza de bula para saltarse las normas que nos obligan a todos. De ahí brota el grueso del voto a Vox, cuyo mayor agente electoral es Sánchez (hablamos de un presidente de España que incurrió en la infamia de recibir en La Moncloa a un Torra que portaba en su solapa el lacito amarillo, símbolo del golpismo antiespañol).
La Razón, con cierta suavidad en las formas, le pide al Gobierno de Sánchez que tome la iniciativa en Cataluña ante los incumplimientos de los golpistas:
El presidente de la Generalitat se expone a cometer un delito de desobediencia que podría derivar en inhabilitación, lo que en su estrambótica carrera política no debe significar mucho, y tampoco le importará demasiado un paso más en la degradación de la institución que representa. El argumento de que Torra sólo cumplirá lo que le aconseje el Sindic de Greuges (defensor del pueblo) es un acto más en esta ceremonia de falsedades a la que la Generalitat está sometiendo a los catalanes, ya que se trata de una instancia cuya función es otra («atender las quejas de todas las personas que se encuentran desprotegidas ante la actuación, o falta de actuación, de las administraciones»). A la espera de que la JEC decida llevar el caso a la Fiscalía, el Gobierno no puede abandonar a una parte de los catalanes y tomar la iniciativa.
El Mundo prefiere darle para el pelo al cobarde Quim Torra:
Torra debe asumir su responsabilidad por un delito de desobediencia que podría derivar en su inhabilitación. Ya les ocurrió a Artur Mas y a sus consejeras Irene Rigau y Joana Ortega por organizar la consulta del 9-N. Los precedentes son claros y la Fiscalía debe actuar por la vía penal al margen de las sanciones administrativas: si no hay una rectificación in extremis antes de que se formalice la querella contra él, el president de la Generalitat deberá ser imputado y finalmente inhabilitado. No obstante, no parece probable que Torra haya superado su característica cobardía de la noche a la mañana. Ya anticipó Artadi ayer que recurrirían al Síndic de Greuges para tomar una decisión definitiva; es de prever que el Síndic les brindará la coartada más conveniente para obedecer a la Junta Electoral sin que parezca que se están plegando a la legalidad española por miedo a las consecuencias penales.
Santi González habla de que daba por hecho de que Torra no iba a cumplir lo ordenado por la Junta Electoral y de que el Gobierno tampoco iba a dar pasos directos para obligarle a quitar los lazos amarillos:
Nadie habría apostado un euro por la posibilidad de que Torra acatase la orden de la Junta en el plazo señalado. Bueno, pues le dieron 24 horas más, poco más o menos como en la película de Walter Hill que protagonizaron Eddie Murphy y Nick Nolte, dilatando la cuenta atrás más allá de lo tolerable por un sistema nervioso normalmente constituido. Claro que la Junta no se ha conformado con eso, pues buena es cuando se pone a adoptar medidas para restablecer el orden. Además de lo dicho, ha requerido a la delegada del Gobierno, Teresa Cunillera, para que informe a la JEC de si se ha cumplido su orden en el plazo fijado. Encomendar a la zorra el cuidado de las gallinas, se llama la figura, sin ánimo de extender mácula alguna sobre la honorabilidad de la virreina de Sánchez en Cataluña. Qué buenos tiempos los de Enric Millo y qué prueba tan palmaria de que todo puede empeorar.
Juan Velarde es redactor de Periodista Digital @juanvelarde72
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