El nuevo estado de alarma de seis meses colocado por Pedro Sánchez para solventar el marco jurídico de las medidas que se adopten para frenar el nuevo impacto del coronavirus en España, trae cola.
La primera de todas, que necesita apoyo, y la segunda, que nadie entiende por qué en primavera de 2020 tenía que rendir cuentas quincenales en el Congreso y ahora se plantea no aparecer por allí para comentar la jugada en un semestre.
Pero todo es posible con Sánchez, y la gravedad de la última estrategia nos la revela Ignacio Camacho en su columna de ABC este 28 de octubre de 2020. Bajo título ‘Alarma en barbecho’, el columnista escribe, justo al final de su artículo, dónde reside el verdadero peligro:
Carece de argumentos políticos, jurídicos y hasta científicos para suspender durante medio año los contrapesos democráticos legítimos. Ha calculado el plazo a ojo, a su comodidad y beneficio. Puro arbitrismo sin soporte objetivo. Con el agravante de que una vez aprobada la prórroga del decreto, sólo el Gabinete podrá hacerlo decaer o interrumpirlo. Es decir, que Sánchez obtendrá un salvoconducto legislativo de amplio espectro para usarlo a su capricho. Peligro, peligro: un yonqui del poder con libre albedrío para inyectarse sobredosis de su estupefaciente favorito.
El párrafo es soberbio y poco más necesita, pero Camacho había venido explicando la situación durante algunas frases previas más:
Seis meses de estado de alarma sin cláusulas de revisión por medio suponen una firma en barbecho para que el poder Ejecutivo prescinda de la fiscalización de los jueces y del Parlamento. Eso es lo que el presidente está pidiendo sin mayor razón real que la de que siente pereza de acudir cada quince días al Congreso y que no quiere que sus socios le mezclen el apoyo a la pandemia con el cambalache de los Presupuestos. Exige un mandato cerrado como el que los romanos le dieron al dictador Camilo para luchar contra los galos de Breno.
El problema para el articulista no es la medida, sino el Presidente:
Sencillamente, no es fiable. No se ha ganado ningún tipo de confianza para merecer ni para recibir poderes excepcionales, sobre todo después de haberlos malversado a conciencia poco antes. Y si ya es arriesgado otorgar a cualquier gobernante carta blanca para cerrar las calles y restringir derechos y libertades, mucho más a alguien que esta misma primavera demostró su proclividad a confundir el acuerdo con el vasallaje. La carta blanca que solicita equivale a una autorización bajo la que eludir controles de cualquier clase.
