Una catedrática de Ciencias de la Información de la Universidad de La Laguna sostenía que el papel lo aguanta todo.
Y lo cierto es que la reflexión de la socialista Olga Álvarez de Armas, muy amiga por cierto de Rosa María Mateo, es más que apropiada para introducir la siguiente noticia fechada en Barcelona.
Cinco antisistemas de inclinación independentista se querellan contra un agente de la Policía Nacional por haberles sonsacado información.
¿Y cómo lo hizo el funcionario? Pues según denuncian estas ‘lumbreras’ porque este les engatusó, supuestamente, con sus artimañas y habilidades entre las sábanas de satén.
Por supuesto, para no quedar como unas pardillas de tres al cuarto, ahora sus abogados pintan la cosa de manera más completa y se habla en el escrito judicial de delitos de abusos sexuales continuados, tortura o contra la integridad moral, revelación de secretos e impedimento del ejercicio de derechos cívicos.
Los datos obtenidos por el policía se refieren al tiempo que duró su infiltración en la asociación independentista, entre mayo de 2020 y octubre de 2022.
Según el diario ABC, está acusado de haber entablado relaciones sexoafectivas con ellas para obtener información y apuntalar así su identidad encubierta.
Y como si fueran buenas alumnas de Irene Montero, retuercen la legalidad vigente para alegar que, aunque consintieron las relaciones con el funcionario policial, este se produjo producto de un engaño:
El consentimiento en este caso se puede considerar viciado, en tanto que nunca hubiésemos mantenido relaciones sexuales con el funcionario de haber sabido que era policía. La conducta del agente no solo transgrede los límites legales de la actuación de infiltración de los cuerpos policiales, sino que traspasa los límites éticos, atentando contra el núcleo esencial de las activistas y su autonomía sexual.
Torturas
Sostienen las denunciantes que:
La imposición de interacciones sexuales, sea por engaño o prevalencia, no solo afectan a la integridad física sino que tiene un severo impacto en la integridad moral y en la identidad de las mujeres. La infiltración de agentes solo tiene justificación legal cuando se proyecta a la investigación de unos delitos tasados en el marco de la lucha contra el crimen organizado o el terrorismo. Este caso quedaría fuera de este supuesto, ya que el objetivo era monitorizar movimientos sociales, y/o desestructurarlos , lo que supone una grave vulneración de derechos civiles.
También acusan al funcionario de un posible delito de torturas, y subsidiariamente, contra la integridad moral, al considerar que, en el uso de su cargo, la actitud del agente provocó sufrimientos físicos o mentales a las cinco mujeres, con el objetivo de obtener información.
El agente, según las fuentes, se integró en círculos de activistas del barrio de San Andrés de Barcelona y habría mantenido relaciones con, al menos, ocho de sus componentes. Fue en julio de 2020 cuando el funcionario se presentó primero en La Cinétika, un espacio ocupado y gestionado por activistas y, poco a poco, comenzó a integrarse en su círculo, hasta participar en movilizaciones para tratar de impedir desahucios, o incluso en algunos de los cortes de la Meridiana.
¿Y fue legal la actuación del miembro de la Policía Nacional? Taxativamente sí.
Con fines de investigación, según recoge la Ley de Enjuiciamiento Criminal, un juez puede autorizar el uso de una identidad falsa a funcionarios de la Policía Judicial. La duración es de seis meses prorrogables. Así, los agentes quedan legitimados para actuar de forma encubierta en lo relativo a la investigación. La información obtenida deberá trasladarse a aquel que haya autorizado las pesquisas.
