Grande-Marlaska: Que no sepamos dónde nos movemos está llevando a que los jueces sean muy restrictivos sobre el secreto
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Hace unos días pudimos ver a los detenidos en el marco de la ‘Operación Pretoria’ esposados mientras recogían unas bolsas azules, como las de la basura, en las que llevaban sus efectos personales.
«Era tremendo, humillante, vergonzoso, indigno y llama la atención que algunos medios de comunicación se felicitasen por ello», concluyen los ponentes en las Jornadas sobre Prensa y Justicia que organiza el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de La Laguna (Tenerife).
El tema central del debate fue la confrontación existente entre los derechos fundamentales como el de la información frente al de presunción de inocencia y a un proceso judicial adecuado.
MODIFICAR LA REGULACIÓN
Los participantes valoraron la necesidad de modificar la regulación sobre este asunto porque induce a la confusión tanto entre periodistas como entre los magistrados.
Y es que el derecho a la información, secreto sumarial, filtraciones y detenidos esposados están a la orden del día.
Los expertos señalan que:
«El día que no se filtra una conversación íntima, sale el fragmento de un interrogatorio y cuando no son páginas del supuestamente secreto sumario, son fotos comprometidas. Las imágenes se repiten en los telediarios y están en las portadas de todos los diarios españoles»
Entre los ponentes se encontraba el magistrado de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, que recordó la importancia de que exista un marco jurídico serio:
«Que no sepamos dónde nos movemos está llevando a que los jueces sean muy restrictivos sobre el secreto, o lo contrario: que lleguen a publicarse en un periódico conversaciones telefónicas contenidas en el sumario y que no pase nada»
LA LEY ES CONFUSA
Uno de los principales problemas es que la ley presenta vaguedades. La Constitución consagra la publicidad de los procesos judiciales, pero la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que data de 1882, proclama el secreto de las actuaciones. En ese ámbito difuso y contradictorio se mueve la información judicial.
Por eso los conferenciantes urgieron a cambiar la legislación. (Agencias)
