Tras la toma de posición de Zapatero, sólo cabe urgir al Gobierno para que las palabras se conviertan lo más rápido posible en hechos
Quien ha levantado la libre, esta vez, ha sido el presidente Zapatero. Durante el debate sobre el estado de la nación en el Congreso, aseguró que «los anuncios de publicidad de la prostitución deben eliminarse«.
Y añadió Zapatero que su Gabinete estudia ya diversas fórmulas legales para impedir que esa publicidad aparezca en los medios de comunicación.
Lo que no dijo es que, bajo la mesa, a escondidas y con la connivencia de varios de sus ministros, los gerifaltes de la Prensa -Pedrojota Ramírez, Juan Luis Cebrián y dirigentes de grupos como Vocento, Zeta o la Vanguardia- se negocia a cuenta del erario público una sustanciosa compensación.
El trato sería iniquo: dejar de insertar anuncios de putas a cambio de recibir subvenciones oficiales por lo que dejarían de ingresar.
La campaña en favor de la desaparición de los anuncios de prostitución en la Prensa, a la que ahora intenta sumarse oportunísticamente Zapatero, tiene una base sólida.
Se hace en defensa de la dignidad de la mujer y con ánimo de denunciar una realidad humillante que no tiene más sustento que el interés económico para aquellas empresas que se obstinan en preservar un filón crematístico por encima de otros valores y principios.
La vertiente comercial, por mucha crisis económica que afecte al país y a las compañías, no puede ser excusa para cerrar los ojos y taparse la nariz ante unos hechos flagrantes que, en el mejor de los casos, son actividades denigrantes para las mujeres, y, en el peor, negocios delictivos, explotados por mafias, en los que en demasiadas ocasiones las niñas son las víctimas.
Según los texto que figuran en la mesa del presidente del Gobierno y a los que cualquiera que bucee en Internet puede tener acceso, unos cuatro millones de mujeres y niñas son compradas y vendidas al año en el mundo con objeto de ser utilizadas y explotadas sexualmente; un negocio que deja unos beneficios a las mafias internacionales de unos 7.000 millones de dólares (casi 5.500 millones de euros).
Más del 60% de los anuncios clasificados que aparecen en los periódicos españoles -en diarios «serios» como El País, El Mundo, ABC, la Vanguardia o El Periódico- son de prostitución, lo que reporta a la prensa nacional unos 40 millones de euros anuales.
Se calcula que en España hay más 300.000 mujeres en poder de esas redes y que operan 4.000 burdeles en manos de esas bandas, con un volumen de negocio de 18.000 millones de euros al año.
Tras la toma de posición de Zapatero, sólo cabe urgir al Gobierno para que las palabras se conviertan lo más rápido posible en hechos.
La autoridad y la razón moral están de parte de aquellos que ponen como única prioridad la dignidad de la persona y no de esos otros, especialmente cabeceras que supuestamente defienden principios humanistas, que se erigen en paladines de los derechos de la mujer en la página editorial y unas pocas más atrás dan cabida a decenas de anuncios cuya sola redacción es un compendio de humillaciones.
Estamos ante un deber ineludible y un compromiso colectivo.