Las condiciones del nuevo contrato atarían en corto al locutor estrella de la COPE

Los obispos no se fían de Buruaga y le dan un ultimátum para que renueve

El burgalés estará sujeto a 20 condiciones de obligado cumplimiento

A la tercera va la vencida… si es que llega. Ernesto Sáenz de Buruaga vive momentos críticos en la COPE, donde ni los directivos ni sus propietarios, los obispos, se fían de él. Al periodista mirandés se le mira con desconfianza por haber incumplido los acuerdos del Consejo de Administración de la cadena de diciembre pasado, en los que se le pedía -más bien exigía- una serie de cambios en su programa. Cambios que, por supuesto, no cumplió y que el presidente de la emisora, Fernando Giménez Barriocanal, toleró.

Ahora la desconfianza es tal que a Buruaga le han marcado muy de cerca. Como ya adelantó Periodista Digital, la COPE apuesta por renovarle una temporada más pero con condiciones y metiendo la cuchara en ‘Así son las mañanas’.

Las exigencias de la emisora han sido durísimas y, además de la rebaja salarial, incluyen la aplicación estricta del Plan Estratégico diseñado por asesores externos, con una batería de más de veinte condiciones que, a modo de blindaje por parte de la COPE, irían incluidas en el contrato de Buruaga. De ese modo, su incumplimiento llevaría aparejadas consecuencias letales para el periodista.

Entre esas condiciones se encontraría una de las peticiones realizadas en diciembre pasado: eliminar a Andrés Aberasturi y Luis del Val como colaboradores del programa. Ambos, en la picota desde hace meses, han sido mantenidos por Buruaga.

Esta explosiva situación en la cadena propiedad de la Conferencia Episcopal coincide en el tiempo con el escándalo, destapado esta semana por Periodista Digital, causado por el envío a los trabajadores de dicha radio de un correo electrónico anónimo en el que se acusa de corrupción a tres miembros de la dirección —COPE es un polvorín: un explosivo e-mail anónimo que acusa de corrupción a tres miembros de la dirección–.

En concreto, el mensaje señala con el dedo acusar al consejero delegado Rafael Pérez del Puerto, al director general comercial Julián Velasco y al director general financiero, Ignacio Armenteros –conocidos como el «trío de la petaka»– acusándoles de corrupción.

Mientras tanto suena el tic tac para Buruaga, al que se le ha dado el viernes como plazo límite para dar una respuesta. En breve, y tras haber prolongado el plazo para responder, debería conocerse su decisión.

Las alternativas son las que son: o aceptar las condiciones para continuar en COPE o negarse a ello y coger la puerta para volver a intentar probar suerte en alguna televisión autonómica afín al Partido Popular, donde, la verdad sea dicha, tampoco cuenta con excesivas simpatías. Y menos en el entorno de La Moncloa.  

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Autor

Antonio Chinchetru

Licenciado en Periodismo y tiene la acreditación de suficiencia investigadora (actual DEA) en Sociología y Opinión Pública

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