Pablo Iglesias avanza en una normativa para acallar a las voces críticas con su nefasta gestión

Losantos, indignado por la censura morada: «No puedes llamar a un comunista millonario, Marqués de Galapagar»

El famoso presentador de EsRadio criticó que mientras Francia defiende su libertad de expresión para publicar caricaturas de Mahoma, en España se censuren las redes sociales

Federico Jiménez Losantos mostró su total rechazo a la ‘Ley Mordaza’ de Podemos.

El partido de Pablo Iglesias logró avanzar en su iniciativa de instar al Gobierno a adoptar medidas para supuestamente prevenir la propagación de mensajes de odio en las redes sociales mediante la vigilancia y eliminación inmediata de los mismos.

Todo un ‘envoltorio’ legal que oculta el verdadero objetivo: silenciar y perseguir a todos los ciudadanos críticos con el Gobierno del PSOE-Podemos que transmitan su opinión en las redes sociales.

Incluso, el diputado que fue abogado de las FARC, Enrique Santiago, afirmó en el marco del debate que resulta ofensivo tildar de Marqués de Galapagar a Pablo Iglesias y a su pareja, Irene Montero.

Una afirmación que hizo saltar de indignación a Jiménez Losantos: “Es decir, que en Francia están defendiendo poder hacer caricaturas de Mahoma y aquí no se le puede llamar a un comunista convertido en millonario, Marqués de Galapagar”.

El famoso presentador de EsRadio explicó que la ‘Ley Mordaza’ de Podemos llega debido a que “quieren establecer una dictadura”.

Incluso, da un paso más allá y afirma que “ya hay una dictadura” que se manifiesta en los “medios servilmente subvencionados, empezando por el duopolio televisivo, siguiendo por el triopolio radiofónico… Es una vergüenza, es pura corrupción”.

«Esta dictadura que no se atrevió a anunciar en tan obscenos términos ni siquiera el Gorila Rojo, y que no presentará el Mulo Egregio, que tiene cosas más importantes que hacer que aburrirse en el Congreso, va a ser defendida por el ministro Illa. Con el abogado Illa y el procurador Casado, Sánchez saldrá dictador por seis meses, o el tiempo que sea, porque aquí manda el virus, no la ley», remató haciendo referencia al estado de alarma que propone el Gobierno.

Podemos y su opresión

A pesar de que Pablo Iglesias y sus ‘socios’ de la extrema izquierda no ven ilegalidad en injuriar a la Corona, celebrar homenajes a terroristas o quemar la bandera española (por lo que piden quitar dichas penas del Código Penal), sí perseguirán a quienes les acusen de una nefasta gestión sanitaria del COVID-19 o, simplemente, de ser los “marqueses de Galapagar”.

La medida de Podemos, que tuvo los votos en contra del PP y VOX, advierte que no tolerará las críticas por la nefasta gestión de la crisis del coronavirus. El partido radical de izquierdas alega que es intolerable que la opinión pública emplee «el espacio digital» para señalar a algunos individuos o grupos específicos como causantes y responsables de la crisis sanitaria.

Los mismos promotores de los ‘escraches’ ahora se relamen las heridas y afirman que las críticas en internet ponen «en riesgo la seguridad física y la integridad moral de quienes han sido objetivo de estos linchamientos digitales».

Irónicamente, desde Podemos no realizaron ninguna crítica a los ataques y ‘bulos’ de los ‘trolls’ de la extrema izquierda contra figuras como Isabel Díaz Ayuso o el propio Rafael Nadal. Mucho menos, hablar de las amenazas de muerte e intimidación que recibió el juez que solicitó la imputación de Pablo Iglesias por el ‘Caso Dina’.

La medida es una copia de la implementada en agosto de 2017 por el dictador Nicolás Maduro, quien también exigió un control de las redes sociales para acallar y perseguir a los opositores. Justamente, el líder chavista también utilizó la excusa de los “delitos de odio” para encargarse de controlar las redes sociales.

Censura exprés

La medida, que ataca la libertad de expresión de los españoles para demostrar su rechazo a una gestión sanitaria fallida que desencadena en más de 55.000 muertes, facilitar que sean sus propios votantes quienes censuren a quienes piensan distinto.

Por esto, se insta al Gobierno a garantizar que los usuarios de las empresas tecnológicas dispongan de la información necesaria sobre cómo denunciar los contenidos que inciten al odio.

En concreto, plantean que se simplifiquen los mecanismos para denunciar este tipo de mensajes, que se reduzca el tiempo de procesamiento de los contenidos y que los operadores de las empresas dispongan de 24 horas para eliminarlos de la red, y de solo una cuando las víctimas sean menores.

«Quieren implantar una Inquisición laica contra todo aquello que rompe sus esquemas ideológicos», indicó el diputado de VOX, Manuel Mariscal.

Un pronunciamiento similar al del ‘popular’ Eloy Suárez, quien tildó de «disparate» que los adalides de «lo público» pretendan que las empresas tecnológicas privadas, y no los jueces, decidan sobre lo que está bien o mal en las redes sociales y que además sea Podemos, el partido que «ha señalado domicilios de jueces y diputados para escraches», los que promuevan ahora esta iniciativa.

«Ustedes pueden criticarlo todo pero a ustedes no se les puede decir la mínima palabra», precisó Suárez.

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Autor

José Antonio Puglisi

Periodista italovenezolano especializado en economía y periodismo de investigación.

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