Alberto Oliart ha dimitido como presidente de RTVE este miércoles 6 de julio de 2011 espoleado por la polvareda levantada, tan sólo un día antes, por adjudicar un contrato millonario a la empresa de su hijo —TVE adjudica la cobertura de ‘La mañana de La 1’ al hijo de Alberto Oliart–.
Si efectivamente los miembros del Consejo de RTVE aceptan la dimisión de Oliart, el ex ministro pondría fin a una etapa de dos años que ha estado marcada por escándalos de despilfarro y nepotismo.
Especialmente dolorosos para los trabajadores de RTVE y el erario público han sido, durante este periodo, el supuesto ‘trato de favor’ hacia Jaume Roures —Roures hace caja con Oliart: ‘España Directo’ le cuesta a TVE más de diez millones de euros–, las licitaciones hechas a medida de empresas específicas —Licitaciones a la carta en RTVE— o el sangrante caso -y último capítulo en el ‘historial Oliart’- de la adjudicación de un contrato millonario a su hijo —TVE adjudica la cobertura de ‘La mañana de La 1’ al hijo de Alberto Oliart–.
Como dijo Carlos Dávila en una entrevista con este periódico —Carlos Dávila: «Detrás del 15-M están Rubalcaba y los agentes del CNI»— a Rajoy le colaron a Alberto Oliart, un personaje identificado con Prisa, bien visto por la Casa Real pero ignorante de los pormenores del negocio audiovisual —Ramón Moreno: «En RTVE Oliart tiene un freno que incluso a él le desborda; con nombres y apellidos»–.
Prueba de ello era su férrea postura de no hablar apenas con los medios —Alberto Oliart a una reportera de PD: «No quieren que me entrevistes, tienen miedo a lo que pueda decir»–.
Personalmente el perfil que le definía, era el de continuador de la nefasta etapa de Luis Fernández en la cual el zapaterismo aterrizó en la corporación y montó el ‘cortijo’ de Roures a costa de los trabajadores de RTVE.
PP: «DEJA TODO PEOR DE LO QUE LO ENCONTRÓ»
El portavoz del PP en la Comisión de Control de RTVE, Ramón Moreno, ha señalado a EFE que la dimisión del presidente de la Corporación RTVE, Alberto Oliart, «no ha llegado por casualidad» sino que es el proceso normal de una «deriva» y señala que deja tras de sí una «situación peor de la que se encontró».
Además, Moreno ha advertido que ve «difícil» llegar a un acuerdo parlamentario para elegir, con el respaldo de al menos dos tercios del pleno de la Cámara Baja, al sustituto de Oliart, por lo que será el Consejo de Administración quien deba decidir quién será, de forma provisional, el nuevo responsable.
En opinión de Moreno, el Gobierno deberá dar una explicación «pública» y «convincente» sobre lo ocurrido y ha puesto de manifiesto que se trata del segundo presidente de la Corporación RTVE que presenta su dimisión bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero.
«Llama la atención que no haya presentado su dimisión cuando había motivos para ello, y lo ha hecho cuando el escándalo es referido a un tema personal», opina Moreno.
También cree que Oliart no ha sido capaz de pilotar una RTVE del siglo XXI y que su presidencia ha estado marcado por muchos «claroscuros».La sustitución de Alberto Oliart al frente de la Corporación RTVE se suma a las vacantes que están pendientes de cubrir por el Parlamento en una serie de órganos e instituciones como el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas o el propio Consejo de Administración de Radiotelevisión.
La sustitución de Alberto Oliart al frente de la Corporación RTVE se suma a las vacantes que están pendientes de cubrir por el Parlamento en una serie de órganos e instituciones como el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas o el propio Consejo de Administración de Radiotelevisión.
La elección del máximo responsable de RTVE debe contar con el respaldo de, al menos, dos tercios del pleno de la Cámara Baja, por lo que, para ello, ha de lograrse un acuerdo entre PSOE y PP.
La ausencia de consenso entre estos dos partidos es lo que ha hecho imposible hasta ahora la renovación de otros órganos que exigen también una mayoría cualificada en el Parlamento y, en consecuencia, es imprescindible el aval de socialistas y populares.
Es el caso del Tribunal Constitucional, pese a que el presidente del Congreso, José Bono, había dado un plazo hasta el pasado 30 de junio instando a PSOE y PP a que designaran a los nuevos miembros de esa institución.
No ha sido posible y la renovación de este Tribunal ha quedado pospuesta finalmente para septiembre.