La mayoría de los grandes medios públicos y privados de comunicación españoles, así como las principales instituciones reguladoras del audiovisual, están descontentos con las normas reguladoras del sector.
Según el «III Informe sobre la transparencia en el sector audiovisual», presentado hoy por el grupo de trabajo Trabucom, de la Universidad Complutense y el Banco Santander, el 60% de las compañías y entidades consideran que la legislación por la que se rigen es «confusa» e «ininteligible».
«Son los operadores de televisión, en el ámbito privado, los que acusan un mayor grado de incomprensión de las normas que les afectan, y que conciernen a la transparencia y al ejercicio del derecho de acceso. En el ámbito público, el máximo nivel de incomprensión normativa es el de los agentes reguladores, lo que cuestiona toda su actividad, al ser los encargados de obligar a los agentes a aplicar estas normas», señala.
De la consulta realizada entre 42 agentes audiovisuales (entre ellos los principales operadores de radio y televisión nacionales y regionales, la CMT y la CNMV) se desprende que los más transparentes son las instituciones públicas estatales (74,5%), y los que menos, los operadores de televisión no cotizados (7%).
Los operadores audiovisuales privados consideran que la inversión que han de hacer para obtener beneficios en términos de transparencia es tan elevada que les compensa raramente (para obtener un 74% de beneficio, deben invertir un 70%).
Los operadores públicos audiovisuales entienden que la rentabilidad de la transparencia es grande para ellos, pues con unos costes del 35% los beneficios superan el 80%.
La autoevaluación de cada subsector audiovisual pone de manifiesto que son los operadores de televisión cotizados los que se ven a sí mismos como más transparentes (85,7%). Los más descontentos con su propio nivel de transparencia son las instituciones públicas estatales y autonómicas con competencias en el sector audiovisual (64,28% en ambos casos).
