El diario del Grupo PRISA dice que podrían verse afectadas por la crisis si no definen su función

‘El País’ también se apunta al cierre de las televisiones autonómicas

Feudos en los que se puede llevar a cabo impunemente todo aquello que se censuraba en la antigua televisión

'El País' también se apunta al cierre de las televisiones autonómicas
Televisión digital. EP

En esta ocasión, no son sospechosos de nada, porque hace ya más de un mes que se quedaron sin CNN+ y no parece que vayan a levantar cabeza o hacer mucho negocio en el mundo de la televisión.

Tampoco parece que alberguen aviesas intenciones políticas, porque excepcionalmente no cargan sólo contra los feudos del Partido Popular.

En su interesante editorial-«Servicios televisivos«- meten a todos, incluyendo a Canal Sur, en el mismo saco.

Pasen y lean, porque la pieza no tiene desperdicio y está cargada de sentido común:

SERVICIOS TELEVISIVOS

La idea de que los ajustes presupuestarios que exige la crisis no solo corresponden al Estado central, sino también a las autonomías, ha tardado en abrirse paso. Pero una vez que lo ha hecho, está obligando a revisar algunos servicios que prestaban las comunidades, como las televisiones autonómicas.

El hecho de que la cadena pública estatal haya dejado de emitir publicidad, intentado compensar la pérdida de ingresos a través de tasas a las cadenas privadas y los operadores de telefonía, ha tenido como consecuencia más inmediata la ruptura de un modelo único de gestión para este medio público.

Las cadenas privadas reclaman que las televisiones autonómicas sigan los pasos de la estatal, y dejen de emitir publicidad. Los Gobiernos regionales, por su parte, consideran que esa renuncia las haría inviables.

Tras el apagón analógico y el crecimiento de los canales digitales, la audiencia de las televisiones autonómicas ha sufrido una severa reducción en el conjunto de 2010, aunque el porcentaje varíe de unas comunidades a otras. También la de las cadenas privadas.

La diferencia estriba en que estas se conciben como un negocio y las televisiones autonómicas, por su parte, aspiran a ser consideradas como un servicio público. La realidad es que resulta excepcional que lo consigan.

En la mayor parte de los casos, son feudos en los que se puede llevar a cabo impunemente todo aquello que se censuraba en la antigua televisión estatal, tanto en el ámbito de la gestión económica como en el de los contenidos, incluyendo los programas de telebasura y una descarada y asfixiante intervención política en los servicios informativos.

Antes de responder al dilema que se está imponiendo -televisión autonómica sí, televisión autonómica no-, habría que hacerse previamente la pregunta de televisión autonómica para qué.

Si es para ofrecer el mismo tipo de programas que las cadenas privadas, o eventualmente para duplicar los de la estatal, su existencia carece de sentido. Convertidas en aparatos de propaganda política, su continuidad sería aún más cuestionable.

Pero faltan por conocer las respuestas positivas, esto es, el espacio que las televisiones autonómicas estarían en condiciones de ocupar en tanto que servicio público.

Si estas respuestas no se hallan o no se ofrecen con rapidez, los ajustes presupuestarios terminarán por amenazar el modelo, si no la continuidad misma de estas televisiones.

 

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