Washington Post pidió dinero a sus lectores al verse presionado por la Administración Nixon
Que el Grupo Prisa se permita editar el diario El País o Roures y Juan Abelló el diario Público, es como si un pirómano publicara un manual sobre extinción de incendios o Rockefeller explicara en Harlem cómo llegar a fin de mes con un sueldo de 500 dólares.
Tienen tal desparpajo estos chicos de la llamada izquierda que logran engañar a muchos durante mucho tiempo. El espectáculo de estos días de nuestro compañero Wyoming -nos perdonarán que lo de «gran» lo reservemos para los buenos actores o cómicos- mofándose de unos colegas que deciden apoyarse en su audiencia para buscar una fórmula mixta de venta/financiación de du producto televisivo, sorprende por su desfachatez.
Nos explicamos: Las cadenas de televisión privadas viven de la publicidad. El precio de la publicidad en televisión que pagan los anunciantes lo marca la audiencia de esas cadenas: el número de espectadores que las sigue en un horario dado. La medición de ese número de espectadores, en España, la hace una sola empresa en régimen de monopolio, por tanto, sin posibilidad de contrastar los datos que ofrece.
Esta empresa de medición de audiencias se llama SOFRES. SOFRES tiene como accionista al holding publicitario mundial WPP, que cotiza en la Bolsa de Londres y cuyo presidente es Sir Martin Sorrell. WPP es también accionista de agencias de publicidad multinacionales (Dentsu Young & Rubicam, Ogilvy & Mather, J. Walter Thompson, Grey, entre otras); agencias de publicidad españolas (Sra. Rushmore, SCPF, Tapsa, Bassat, entre otras); agencias de relaciones públicas (Burson Marsteller); centrales de medios (Cia MediaEdge, The Media Innovation Co., MediaCom, Kantar Media, entre otras); y, dato muy significativo, WPP es accionista de Mediapro-La Sexta.
Por tanto, quien mide las audiencias es juez y parte: controla enormes volúmenes de la publicidad mundial a través de sus centrales de medios, controla los mensajes a través de sus agencias de publicidad, controla contenidos y es parte de una cadena -La Sexta- y controla la medición a través de SOFRES -Kantar Media-.
El hombre que gestó desde el Gobierno de Zapatero la operación Mediapro-La Sexta es Miguel Barroso, marido de Carmen Chacón. Actualmente, es presidente de Young & Rubicam en España -agencia del grupo WPP, como hemos visto-.
Dato curioso: con excepción de la campaña electoral del PP -gestionada por un grupo rival de WPP, Interpublic, a través de una filial española, la agencia de publicidad Draft/FCB-, las campañas del PSOE -agencia: Sra. Rushmore-, del PSC -agencia: SCPF- y de Convergència i Unió -agencia: Vinizius, Young & Rubicam- han sido realizadas por el Grupo WPP. SOFRES dispone de 4.625 audímetros en toda España, una cantidad claramente insuficiente para medir con rigor lo que ven los 44.002.730 millones de espectadores potenciales de las cadenas de televisión, en 16.909.342 hogares en el territorio nacional.
Se desconoce cómo se aplican los criterios sociodemográficos para la renovación periódica de dichos audíme audímetros en los hogares donde están instalados. Para perjudicar en la medición a una cadena determinada, SOFRES sólo tendría que retirar los audímetros de ciertos hogares donde se sigue esa cadena e instalarlos en otros, aprovechando el proceso periódico de renovación.
Para favorecer a una cadena, se haría la misma operación al revés. SOFRES puede medir la caída de audiencia que se produce durante los cortes de publicidad en los programas, pero no puede medir si los espectadores presentes durante el corte ven los anuncios o no. Para medir la verdadera eficacia de un anuncio publicitario habría que ponerlo a la misma hora en todas las cadenas y valorar la respuesta directa de los espectadores (vía telefónica, por ejemplo).
Ante un panorama de monopolio de facto por parte de WPP, nuestra iniciativa no sólo pone en riesgo su statu quo, sino que abre nuevas vías de financiación para las cadenas independientes en este país.
La financiación privada de medios de comunicación
Pedir a la sociedad civil que se implique en la financiación de medios de comunicación es algo habitual en Estados Unidos. Era algo habi- tual en Europa en el siglo XVIII: la Enciclopedia fue posible gracias a los donativos de particulares y al mecenazgo burgués de que disfrutaron Voltaire y sus colegas.
Es significativo el caso del Washington Post: pidió dinero a sus lectores al verse presionado por la Administración Nixon cuando ese diario destapó el llamado escándalo Watergate.
Pedir a la sociedad civil que financie libremente a un medio de comunicación es más honesto que obligar a la sociedad civil, a todos los ciudadanos, a pagar con el dinero de sus impuestos unos medios de comunicación oficiales.
Que, por cierto, gastan una buena parte de ese dinero, que también es de nuestros telespectadores, en dárselo a Mediapro, que es su principal proveedor externo.
Pedir a la sociedad civil su apoyo para el mantenimiento de la libertad e independencia de aquellos medios que le dan una voz libre e independiente del poder político de turno, pedir «el apoyo del pueblo», según la terminología política de la izquierda, no debería escandalizar a esa misma izquierda.
Pedir a la sociedad civil que desembolse algún dinero por ver unos contenidos de calidad, caros de producir, tampoco es nuevo: véanse los canales de pago existentes. Este hecho, curiosamente, no produjo escándalo alguno en el sistema político-mediático nacional. Pero sigamos con los datos:
Lo que ya pagan los ciudadanos por ver la televisión
Cada hogar español desembolsó, en 2010, 95 euros por mantener RTVE y 110 euros por mantener el entramado de televisiones autonómicas. En concreto: la vasca ETB fue la más cara (191 euros de coste por hogar), seguida de Canal Sur (121), Canal 9 (117), y TV3 (114). Por cierto, el jefe de Wyoming, Roures, también es el principal proveedor de estas TV autonómicas.
Las televisiones públicas costaron a los españoles 2.134 millones de euros durante 2009, el peor año de la crisis. Esta cifra, la suma de las subvenciones recibidas por RTVE y las cadenas autonómicas y de las pérdidas en que han incurrido los entes, supone que la televisión pública costó 144 euros por hogar, un 11% más que en 2008 (130€) y un coste récord.
La Corporación RTVE recibió del Estado, en 2010, 582,54 millones de euros. Es decir, recibió ese dinero de todos los españoles.
Además, los españoles pagamos en 2010 114 campañas institucionales, por un importe total de 130.959.921 euros. La media de inversión por campaña fue de 1.148.771 euros.
El 40,8% de las campañas se destinó a la «promoción de hábitos saludables» y el 22,7 % a la «promoción de derechos ciudadanos». En otras palabras, el 63,5% de las cam-pañas se destinó a lo que bien podría denominarse «ingeniería social».
Cada campaña institucional cuesta a los hogares españoles 7,74 euros. Por tanto, cada ciudadano vasco paga por ver medios oficiales 293,74 euros -la suma de los 95 €/hogar por mantener RTVE, los 191 por mantener ETB y los 7,74 de las campañas institucionales-. Cada hogar andaluz paga 223,74 euros. Cada hogar valenciano, 219,74 euros. Y cada hogar catalán, 216,74 euros.
Les sorprende a Vds. después de todo lo dicho, que Roures, Barrosos y Wyomings se rían?, no nos extraña en su situación que se tiren por el suelo con carcajadas estentóreas, mientras sus acreedores y proveedores sufren que Mediapro ¡sigue en concurso de acreedores!