La publicidad se desploma en todos los medios de comunicación

Televisiones autonómicas: cada vez menos audiencia y más déficit

Sólo el PP, decidido a acabar con la sangría, inicia los procesos de privatización

Televisiones autonómicas: cada vez menos audiencia y más déficit
Televisión, televisor y televidentes. EP

Los nuevos Gobiernos regionales del PP han puesto a las televisiones autonómicas en el punto de mira. En conjunto, los 13 entes públicos consumen más de 800 millones de euros al año en subvenciones y la demanda de fondos no cesa de crecer.

Como subraya Rosario G. Gómez en ‘El País’, desde el punto de vista económico son un mal negocio y en tiempos de crisis, un eslabón débil.

A eso se suma, aunque Gómez no lo recoja, que su influencia en la opinión pública es mínima, tiende a decrecer y se han visto desplazadas como ‘instrumentos políticos’ por Internet, las redes sociales y la proliferación de medios online.

Cada vez son más los Gobiernos autonómicos que no sucumben a la tentación que significa tener una tele donde se echa incienso a sus actos, y aceptan que son un lastre para las arcas públicas.

Varios -con María Dolores de Cospedal a la cabeza-  ya han anunciado su intención de privatizar su televisión autonómica.

Otros, sobre todo los que tiene ínfulas nacionalistas o un idioma diferenciado, defienden su papel como instrumento de cohesión cultural y territorial.

Y hay también algunos que, sencillamente, han rechazado su creación para destinar esos recursos a financiar otros servicios.

Las televisiones públicas (contabilizando RTVE) absorbieron el ejercicio pasado 2.288 millones de euros en subvenciones, el doble que cuatro años antes, según datos de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT).

Pero con la crisis global y el desplome del mercado publicitario muchos presupuestos se van a descuadrar y es posible que algunas cadenas se vean obligadas a incrementar su deuda o a pedir un rescate a sus respectivos Parlamentos.

Menos ingresos auguran más déficit. Las señales de alarma son evidentes. Durante el primer trimestre del año la facturación publicitaria cayó el 19,6% en los canales regionales, una situación que ha empeorado.

Entre enero y junio, el descenso se ha disparado hasta el 21,9%, según datos de la consultora InfoAdex. Este retroceso obedece en parte al declive de la audiencia de Telemadrid y Canal 9, que se han situado en mínimos históricos (la valenciana se anotó una cuota de pantalla del 5,4% en junio pasado).

En el polo opuesto está la catalana TV3, líder autonómica con el 13,8%. Y en la media de los 13 entes públicos aparece Aragón TV, que con un 9,7% fue ese mismo mes la cuarta cadena más seguida.

Otras emisoras han vivido en un eterno enfrentamiento con la oposición y con sus propios trabajadores, casi todos contratados como empleados fijos en tiempos en que gobernaba el PSOE. Telemadrid y Canal 9 son, de nuevo, los casos más llamativos.

  La cadena madrileña es la autonómica que menos cuesta a los ciudadanos: 16,5 euros al año.

La gestión de los entes no es un ejemplo de eficiencia. La Sindicatura de Cuentas ha alertado de la grave situación financiera de la Radiotelevisón Valenciana, que acumula una deuda de 1.139 millones de euros.

La crisis económica, la llegada del PP a los Gobiernos autonómicos y la mala gestión de algunas televisiones conducen, en su opinión, «al auge del discurso privatizador, neoliberal y de reducción del espacio público».

A esta ola privatizadora se han subido María Dolores de Cospedal, presidenta de Castilla-La Mancha, y Francisco Álvarez Casos, jefe del Ejecutivo del Principado de Asturias.

Se unen a una clásica en esta materia: la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre. Pero para que puedan poner en marcha los procesos de enajenación es necesario cambiar la legislación. Los socialistas salvaguardaron el carácter público de los entes autonómicos en la Ley General de la Comunicación Audiovisual, aprobada hace un año.

Una vía a la que las televisiones regionales han recurrido para reducir costes es la externalización parcial de la actividad audiovisual. 

Canarias y Baleares han optado por este modelo, como Aragón, mientras que Castilla y León ha adjudicado la explotación total de un canal regional a la iniciativa privada a cambio de una subvención. Lo único que la televisión tiene de público es la frecuencia.

En Mallorca, el PP ha iniciado los trámites para la clausura de su tele. Esgrime cuatro razones: su alto coste económico (9,5 millones al año, la duplicidad de servicios con la autonómica IB3, la necesidad de afrontar actuaciones más urgentes y la escasa repercusión social.

 

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