Entretanto, se mantiene un inasumible plantel de 240 directivos. Todos con sabrosos sueldos, tarjetas de crédito y regalias, que no llegan al derroche de los consejeros, pero se acercan bastante
Subraya Blanca Torquemada en ‘ABC’ y con fundamento que no le está resultando fácil al Gobierno del PP hallar la salida en el laberinto minado de RTVE.
La probable desaparición de las series estrella a la que obligará el tijeretazo de 200 millones de euros no es más que el titular de neón de un problema con muchas aristas por la parálisis en la cúpula de la Corporación.
Además, el impasse forzoso en el relevo de directivos, derivado de obstáculos legales, está provocando un atrincheramiento ideológico sin precedentes.RTVE ha conocido toda suerte de organigramas pero nunca uno cuya máxima expresión de gobierno esté formado por una asamblea de consejeros. Este régimen dura ya ocho meses.
Esta fórmula no es útil para la gestión diaria y menos para cumplir el mandato del Gobierno de recortar el gasto en 200 millones de euros.
No pueden destituir a nadie y tampoco nombrar a nadie. La situación es tan kafkiana que los consejeros han pedido dictámenes a la Abogacía del Estado para que les aclare qué decisiones pueden tomar y cuáles no.
Y a río revuelto, ganancia de agitadores y telediarios asilvestrados.
Un reciente reportaje sobre Repsol capaz de sonrojar a grupos antisistema ha sido el capítulo más ilustrativo de esa deriva.
LA INTERINIDAD COMO NORMA
Esta época de interinidad solo tiene una ventaja: su transparencia. Bajo este régimen, todo gasto que supere los 500.000 euros debe ser aprobado en consejo. Y se conoce.
Antes, el presidente podía decidir sobre gastos de hasta siete millones sin preguntar a nadie y, luego, los consejeros se quedaban con la boca abierta cuando se enteraban.
Todo está parado, a pesar de lo cual TVE sigue siendo líder de audiencia. Terminó el año 2011 con una media del 14,5%, por delante de Telecinco (14,2%) y Antena 3 (11,5%)¿Durará su liderazgo mucho tiempo?
¿Es compatible con un presupuesto a la baja? La Corporación no tiene un presidente ejecutivo, pero sí directores.El director de TVE sigue siendo Santiago González.
Lo nombró Alberto Oliart y ahora nadie le puede despedir.
¿QUIERE EL PP CARGARSE LA PÚBLICA?
¿Quiere el PP cargarse la televisión pública para beneficiar a las privadas? Silva (CiU) cree que no. Esteve, tampoco (PP). Sacaluga (PSOE) tiene sus dudas. Quien anuncia el apocalipsis es Santos Ruesga (consejero elegido por UGT):
«Pegarle un hachazo al presupuesto es la mejor manera de acabar con la televisión pública. Entrará en liquidación por derribo. La anunciada fusión de RTVE con la agencia Efe acelerará el proceso de destrucción de ambas. Con las empresas fusionadas habrá un ERE. Suprimirán las series, el fútbol y el cine americano y caerá la audiencia…»
Mientras no haya un presidente ejecutivo será difícil saber qué modelo quiere Rajoy.
Como recuerda ‘El País’ -«¿Qué hacemos con TVE?»– , en su momento el PP ofreció el puesto a José Ignacio Wert, pero un reajuste de última hora convirtió al sociólogo Wert en ministro de Educación y Cultura.
Como quiera que el nombramiento tendrá que ser consensuado entre Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba y que ambos se vieron a mediados de semana, se han disparado las conjeturas.
«Agujero» en la ley
La salida de Oliart de la presidencia de CRTVE hace un año dejó al descubierto un agujero negro en la ley vigente, pues esa normativa no preveía algo tan elemental como el mecanismo de sustitución del máximo responsable de la Corporación.
No es que sea imposible el nombramiento inmediato de un nuevo presidente en estas situaciones, pues bastaría con que el PP y el PSOE se pusieran de acuerdo en una figura de consenso y la refrendasen dos tercios del Congreso de los Diputados.
Pero los socialistas no tienen prisa, por la inminencia de las elecciones andaluzas, y existe además otro condicionante: cualquiera que fuera nombrado ahora sólo podría estar en el cargo hasta diciembre, sin posibilidad de reelección.
¿Por qué? Porque según la normativa vigente, el elegido vendría a cubrir el tiempo que le faltaba al anterior para completar su mandato, que en este caso expiraba a finales de 2012.
Hasta ahora, desde que Oliart se fue, se ha recurrido a la solución provisional de que la presidencia la ocupen de forma rotatoria los once miembros del Consejo de Administración restantes, cada uno un mes.
Por la falta de previsión de la ley, se ha halló esa fórmula tras escarbar en los estatutos de RTVE, pero el vacío «de facto» es una realidad porque a esa presidencia de turno no se le dio capacidad ejecutiva.
Ha servido, simplemente, para que la Corporación no se colapse. Por ello, el Gobierno se ve atrapado entre su voluntad de consensuar un nuevo presidente de CRTVE y su interés en atajar cuanto antes excesos de «territorio comanche» en los informativos.
Para eso, según fuentes de La Moncloa, ya cuenta con un informe de la Abogacía del Estado que recomienda modificar los estatutos de RTVE con el fin de que la presidencia de turno tengan un mayor margen de decisión en situaciones de interinidad como la actual.
Y en marzo de 2012 corresponde ser presidente a uno de los consejeros designados a propuesta del PP, por lo que se puede lograr adelantar el punto final de inercias heredadas, como la continuidad de Fran Llorente al frente de la jefatura de Informativos.
Pero a esa maraña política y orgánica se le han unido los acuciantes problemas presupuestarios, tras el recorte de 200 millones.
Ante la sima económica, se impone la necesidad de buscar alternativas, dado que el Ejecutivo del PP se mantiene firme en dos principios: ni se volverá a emitir publicidad a corto plazo (no se quiere abrir un frente de conflicto con el «lobby» de las televisiones privadas) ni se reducirá la plantilla, actualmente de 6.500 trabajadores. Con lo cual la única vía de ahorro a corto plazo es renunciar a las series de relumbrón.
Fuentes del Consejo de Administración explican que «de los 1.200 millones totales de presupuesto anual, un tercio (o, sea 400 millones) es para salarios, otro para mantenimiento y funcionamiento de las instalaciones y el restante para programación.
Así que sólo cabe ahorrar en ese capítulo si lo que se quiere es mantener el empleo.
¿Servicio público?
Las actuales circunstancias determinan el punto final de la puja por los carísimos derechos de las emisiones deportivas, de las películas americanas de estreno y de las series rumbosas como «Águila Roja» o «Cuéntame».
Pero el portavoz del PP en la Comisión Mixta Congreso-Senado para RTVE, Ramón Moreno, se pregunta si realmente «es obligación de una televisión pública ser líder de audiencia».
«Si se reactiva la producción propia, hay trabajadores y medios para ofrecer calidad y ser competitivos.
Con una eficiente gestión de los recursos no tiene por qué haber una condena eterna a niveles bajos de «share»».
Otras fuentes estiman que algunos de estos productos están sobrevalorados:
«Con los 800.000 euros por capítulo que cuesta «Águila Roja» hay que ser muy torpe para no hacer una serie capaz de ganar varios Emmy».
Lo inevitablemente gravoso es lo ya comprometido, a estas alturas un 80 por ciento del presupuesto de programación: por ejemplo, los 90 millones de euros por los derechos de los Juegos Olímpicos de Londres.
Desde el Consejo de Administración apuntan que las retransmisiones olímpicas se consideran servicio público y siempre cargan con ellas.
«Hasta ahora, el Gobierno nos compensaba con una subvención específica, pero este año no toca. Así que no es sólo que nos quiten 200 millones, es que además no nos subvencionan por los Juegos como otras veces».
Entretanto, se mantiene un inasumible plantel de 240 directivos. Todos con sabrosos sueldos, tarjetas de crédito y regalias, que no llegan al derroche de los consejeros, pero se acercan bastante.
«En las Cortes nos presentaron el organigrama -apunta el diputado Moreno- en un rollo de papel de siete metros».
Sueldos desorbitados
La rebaja de sueldos también toca en RTVE, donde se aplicará hasta un 25 por ciento de recorte a los de los presentadores estrella.
Las medidas de contención de salarios anunciadas en el último Consejo de Ministros se podrán aplicar a los directivos, pero no tendrían por qué ser de obligado cumplimiento para los rostros populares de la cadena.
«El sueldo de Anne Igartiburu -apunta un consejero- deriva de un contrato mercantil y lo fija el mercado.
Si no se lo das, se va a Telecinco. Y algo parecido se puede decir de ciertos presentadores de telediarios.
Aunque estén en plantilla, si su informativo es líder hay que compensarles con complementos, por la ley de la oferta y la demanda».
Es el efecto secundario de ofrecer desde una televisión pública un modelo de programación propio de las privadas.
Muchos condicionantes, en suma, para que sea viable RTVE tal y como la hemos conocido hasta ahora.
Ante la penuria presupuestaria, el Consejo de Administración de la Corporación -cuyos miembros cobran 7.900 euros mensuales por cabeza, tienen derecho a asistente y secretaria, además de coche oificial y tarjeta de crédito sin límite- propuso al Gobierno una exención del IVA para recuperar unos cien millones de euros.
La idea está en estudio, pero nadie confía en que salga adelante:
«No va a querer Montoro que se le escape por un lado lo que se ahorra por otro».