El nuevo secretario de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Víctor Calvo-Sotelo, ha advertido de que el sistema de financiación de TVE, que supuso la desaparición de la publicidad y su sustitución por una tasa que tienen que pagar las cadenas de televisión y las empresas de telecomunicaciones, «tiene problemas» y ha asegurado que el Gobierno lo estudiará «inmediatamente».
«La financiación de TVE, que se puso en marcha por el gobierno anterior ha tenido muchos problemas, tiene problemas en estos momentos en los ámbitos europeos, es un problema que está encima de la mesa y habrá que estudiarlo no sólo desde el ámbito de la financiación de la propia televisión sino también en lo que afecta a nuestro sector», ha señalado tras su toma de posesión como secretario de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Así, al ser preguntado por su opinión sobre el sistema de financiación actual de RTVE, y más concretamente sobre el 0,9% de sus ingresos que están obligados a aportar las empresas de telecomunicaciones para financiar a la cadena pública, ha reconocido que el modelo «tiene problemas» y es «un capítulo» con el que el nuevo Ejecutivo «se tendrá que poner inmediatamente».
En marzo de 2011, la Comisión Europea decidió llevar ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TUE) la tasa que España impuso a los operadores de telecomunicaciones para financiar Televisión Española (TVE) y compensar así la supresión de publicidad, tras las denuncias de las empresas de telecomunicaciones.
En ese momento, Bruselas ha indicado que esa tasa «es incompatible con las normas de la UE en materia de telecomunicaciones, que disponen a que las tasas específicas cobradas a los operadores de telecomunicaciones estén relacionadas directamente con la cobertura de los costes de regular el sector de las telecomunicaciones».
Meses antes, en octubre de 2010, la Comisión ya emplazó a las autoridades francesas y españolas a suprimir esos impuestos sobre las telecomunicaciones, pero tanto Madrid como París han desoído esta petición, por lo que Bruselas decidió llevar el caso ante la justicia.
Actualmente, las empresas de telecomunicaciones tienen que aportar a RTVE el 0,9% de sus ingresos; las cadenas privadas en abierto, el 3%, y las de pago, el 1,5%, según la Ley de Financiación de RTVE aprobada en 2009.
Por otro lado, preguntado por la próxima fase en la Televisión Digital Terrestre (TDT), que implicará el cambio de frecuencia de algunas cadenas de televisión para liberar espacio radioeléctrico, ha indicado que esta «segunda migración» es «un reto importante» que se afrontará de aquí a 2015.
«Estamos ya trabajando en el ministerio para hacerla de la manera más eficaz con la menor molestia para los ciudadanos y de la manera más eficaz para todas las empresas».
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