Limitarse a alquilar los canales a empresas privadas no solucionaría el problema, ya que seguiría implicando un considerable gasto del Estado
Ningún tendero dudaría. O echaría el cierre o traspasaría el negocio si las cuentas no le salieran: porque la mercancía le costara un pico; mantener el local, una sangría; no vendiera un colín, y encima la gente ni siquiera se parara a curiosear el género.
Eso mismo ocurre con las televisiones autonómicas, pero si el Gobierno de Zapatero no ha soltado tan pesado lastre, modificando lo que haya que modificar de la Ley Audiovisual, ha sido por razones políticas.
Con el viejo mantra del «servicio público», se ha engordado a un voraz monstruo de 13 cabezas que nos cuesta un congrio a los españoles.
Por eso, es una buena noticia que el Gobierno del PP haya dado lo que puede ser el primer paso para la privatización de las autonómicas, al cambiar la Ley Audiovisual para que las comunidades decidan cómo gestionan este servicio público, si directamente o con fórmulas de gestión indirectas.
El anuncio que hizo este 13 de enero de 2012 Sáenz de Santamaría es coherente con el programa electoral del PP y con las palabras de Rajoy, que, en su discurso de investidura, calificaba de «insostenible» el coste de las autonómicas y propugnaba una modificación de la ley que permitiera el acceso de capital privado.
Buena noticia, siempre que esa búsqueda de fórmulas no derive en una combinación poco eficaz: gestión privada con titularidad pública.
Limitarse a alquilar los canales a empresas privadas no solucionaría el problema, ya que seguiría implicando un considerable gasto del Estado. Lo que procede es privatizar el capital.
El cuello de botella de nuestra economía, con la perentoria urgencia de achicar gasto público, exige soluciones solventes, no amagos de cara a la galería.
No tiene sentido que no haya dinero para quirófanos, que los pensionistas tengan que contener la respiración o que los trabajadores sufran un hachazo en su nómina, mientras las teles regionales tienen deudas astronómicas salidas del erario público.
Y claramente las cuentas no salen. Entre las 13 autonómicas, arrojarían pérdidas por valor de 772 millones de euros en 2009 según el informe de Deloitte para Uteca.
En 2010 cerraron con 536 millones en pérdidas y a cada hogar le costaron 152 euros. Y mientras que el número de empleados por cada punto de audiencia que acumulan es de 460, en las privadas esta relación apenas llega a los 100.
Los gastos de explotación por punto de audiencia son hasta tres veces superiores en el caso de las cadenas públicas autonómicas que en las privadas (104 millones frente a 37,2).
Para colmo, las teles regionales ni siquiera se ven. En conjunto, los 13 entes sólo reclutaron el año pasado a uno de cada 10 espectadores.
Sobran, pues, las razones para que el Gobierno del PP, cumpliendo con su propio programa -y su ideario liberal-, cambie el estatus de esas corporaciones para que o bien se privaticen o bien directamente cierren.
Lo procedente sería que, puestos a ello, aborde la situación de RTVE, otro agujero negro presupuestario, y estudie la posibilidad de una privatización, siquiera parcial, del Ente.
Se puede adelgazar sus contenidos hasta lo imprescindible para garantizar así el servicio público.
Lo que, desde luego, no se puede consentir es una televisión con la peor de todas las combinaciones: ruinosa, politizada hasta el sectarismo y que hace una suerte de competencia desleal a las privadas.
NOTA.- leer artículo original en La Gaceta.
