Unidad Editorial ingresa más de cinco millones de euros al año por el alquiler de dos de sus tres señales
La sentencia del Tribunal Supremo es clara como el agua: declara nulo el acuerdo del 16 de julio de 2010 del Consejo de Ministros por el que se entregaron nueve canales de TDT a Antena 3, Telecinco, Sogecable, Veo7, Net Televisión y La Sexta.
El fallo retrasa también la intención de poner en marcha la cuarta generación de telefonía móvil 4G LTE, puesto que funcionará en la banda de frecuencias de 800 Mhz que desocupen las televisiones
Y el ministro de Industria, José Manuel Soria, preguntado por los periodistas este lunes en la Mobile World Congress que se celebra esta semana en Barcelona, no descartó ninguna solución, incluso la retirada de los canales a los adjudicatarios, aunque están pendientes de la solución que den los servicios jurídicos del Estado.
«No descartamos nada. El Supremo lo que ha dicho es que no se adjudicaron conforme a la ley a esos operadores. Lo que se adjudicó ha sido anulado».
El tema se las trae, porquela medida no sólo perjudicaría de lleno a Vocento y a Unidad Editorial, inmersos en número rojos y que hacen caja alquilando sus frecuencias a empresas como Intereconomía o 13TV, sino que se traduciría en una avalancha de denuncias por parte de las principales cadenas de televisión: Mediaset y Antena 3.
Los dos grupo televisivos, que han invertido una media de 20 millones de euros al año en desarrollar el canal que recibieron en 2010, podrían exigir una indemnización por la retirada de la licencia, ya que el error fue del Gobierno Zapatero, que se hizo trampas a sí mismo, en sus maniobras para crear su propio grupo de comunicación.
Según la propia ley audiovisual, el espectro liberado tenía que adjudicarse a través de un contrato público, disposición que el propio Ejecutivo se saltó y concedió automáticamente los canales a grupos existentes.
A Mediaset le otorgó un canal más; a Antena 3 otro, Vocento (Net televisión) recibió dos y Unedisa (Veo 7) otros dos.
Todo el mundo se las prometía muy felices, pero casi nadie fue capaz de hacer rentable su espacio y muchos han terminado cerrando, para no arruinarse más, y alquilando a otros la frecuencia, lo que es de dudosa legalidad.
Como explican Á.Semprún y J. Alfonso en ‘El Economista’, las editoras de ABC y El Mundo tienen las señales alquiladas a distintos grupos internacionales, como Paramount, Disney o MTV y a otros nacionales como la Conferencia Episcopal (13 TV) o Intereconomía.
Estos contratos aseguran unos ingresos fijos al año, en uno de los peores momentos para el sector de la comunicación por el hundimiento de la publicidad (la inversión se ha reducido un 48 por ciento desde 2007) y la caída de las ventas.
Por ejemplo, Unidad Editorial ingresa más de cinco millones de euros al año por el alquiler de dos de sus tres señales, mientras que Vocento tiene alquiladas las cuatro, por lo que ingresa más de 10 millones.
Desde que el Supremo impugnó el reparto de los canales, Industria trabaja para acatar la sentencia, ya que no cabe recurso.
Aparte de la retirada de los canales, que también ayudaría a reducir la factura del dividendo digital al tener que trasladar menos señales al nuevo espectro, el ministerio que dirige Soria también contempla repetir la subasta o cambiar la ley.
La opción de volver a licitar el concurso ha sido rechaza por Vicepresidencia del Gobierno, ya que también supondría dejar a Vocento y al grupo que dirige Antonio Fernández-Galiano sin las señales, ya que no cumplen con las condiciones para poder acceder al concurso.
En este caso, saldría beneficiada 13 TV, que lleva tiempo detrás de que el Gobierno le dé una señal. Por su parte, la opción de la subasta dejaría indiferente a Mediaset y Antena 3, porque las recuperarían, aunque supondría mucho lío.
Así las cosas, la única opción sería aprovechar un resquicio legal para arreglar el problema o aprobar una disposición transitoria que diera cobertura al régimen anterior de la entrada en vigor de la nueva ley audiovisual.
De todas formas, no parece que ni el Gobierno, ni las teles ni las telecos tengan prisa en acatar la sentencia. Una vez resuelto, se volverá activar el desarrollo del 4G, un plan que el Gobierno ya ha ya retrasado hasta el 2015.
