El principal perjudicado por la Sentencia del Tribunal Supremo anulando parcialmente las licencias de TDT y la decisión del Consejo de Ministros de ejecutar dicho fallo judicial es quien parece serlo a primera vista: el grupo de las grandes cadenas de televisión. Fuentes del sector han dicho que se trata del lógico colofón a algo que se ha hecho mal desde el principio. Según han explicado, para las grandes empresas audiovisuales presionaron a los gobiernos para que relajaran el rigor de concurrir a un concurso público para adquirir las licencias de televisión, hasta el punto de que ni tan siquiera hubo dicho concurso —Las TDT, una historia de favores de Zapatero para tener contentas a las grandes televisiones privadas–.
De hecho, recuerdan desde el sector, los últimos canales que se asignaron a las grandes televisiones en época de Zapatero tenían como objetivo principal compensarlas y silenciar sus posibles críticas ante los favores concedidos a PRISA y Roures en forma del lanzamiento de Cuatro y la licencia de funcionamiento para laSexta. Ambas cadenas vieron la luz con su correspondiente múltiplex, concedido como en el caso de Antena3 y Telecinco, sin concurso alguno.
Dado que la legislación, antes de 2010 la Ley de Contratación Pública y desde ese año la Ley Audiovisual, exige que la concesión de una licencia de TDT (estatal, autonómica o municipal) requiera de un concurso público, la situación del sector «estuvo mal desde su origen», según las fuentes. Resultado de ese ‘pecado original’ es la sentencia que tanto ha dolido a los responsables de las grandes televisiones. Estas últimas, según las mismas fuentes, no se esperaban el fallo judicial, puesto que están acostumbradas a que muchos jueces se plieguen a las presiones de los grandes medios y los políticos, interesados en que la situación siguiera como hasta ahora. La excepción, sostienen las fuentes, es un magistrado que se mantiene firme sin ceder.
Hay más casos que podrían terminar siendo anulados si el ejemplo del Supremo es seguido por otros jueces. Desde el sector aseguran a Periodista Digital que cuando se anuncia el concurso para la concesión de una nueva licencia, ésta ya está otorgada de antemano. «Primero se otorgan y después se convoca», llegan a asegurar algunas fuentes de forma contundente. Esto supone una irregularidad que, de ser llevada a los tribunales, puede dar lugar a nuevos fallos contra las empresas del sector de la TDT.
SILENCIO DE LOS MEDIOS ANTE LAS ADVERTENCIAS
Desde el momento en que el Gobierno de Zapatero otorgó sin concurso en 2005 las licencias de TDT a las grandes cadenas, hubo voces del sector audiovisual que advirtieron que se trataba de una irregularidad que podría terminar en un desastre en forma de sentencia contra esas mismas licencias (así como, en 2010, las nuevas licencias concedidas a las mismas empresas). Sin embargo, las fuentes han dicho a Periodista Digital que ese tipo de noticias no llegan a los medios, sobre todo cuando afectan a grandes empresas de comunicación. Ahora lanzan otro aviso: «Hay otros desmanes que van a terminar todavía peor».
Con advertencias o sin ella, la sentencia del Supremo es un varapalo para unas empresas que pensaban que ningún juez se iba a atrever a tocar canales que llevan, según qué casos, hasta cinco o incluso diez años emitiendo, con toda la inversión que eso implica. También parecían creer, sostienen en el sector, que el negocio de alquiler a tercero de las frecuencias concedidas iba a continuar sin cambios.
UTECA, advierten desde el sector, está presionando para que se llegue a una salida que disminuya el daño para sus asociados. La decisión del Consejo de Ministros es para esta patronal de las televisiones privadas una mala noticia añadida. Las fuentes dudan de que el Gobierno la hubiera adoptado si su intención fuera no ejecutar la sentencia. Es más, señalan, incluso si desde el Ejecutivo intentaran ganar tiempo podría entrar en acción un tercero que instara a poner en marcha un acto administrativo que por su propia naturaleza es ejecutable.
¿QUÉ GANA EL DEMANDANTE?
Quien podría instar a que se ejecutara dicho acto administrativo es la propia empresa demandante, Infraestructuras y Gestión 2002, que presentó su recurso representado por el despacho especializado MassMedia Assistants. La firma que representada por estos últimos se dedica, señalan la fuente, a la instalación y alquiler de postes de repetición de radio y televisión por todo el mundo. Según señalan desde el sector, ofrecen dicho servicio con independencia de que sus clientes dispongan o no de la correspondiente licencia. De esta manera, al quedar libres las frecuencias afectadas por las sentencia del Supremo ellos pueden ofrecer a sus potenciales contratadores la posibilidad de emitir a través de las mismas.
