En aquella época, LaSexta, sin duda de las cadenas más críticas con el Ejecutivo del PP, atravesaba por problemas económicos que comprometían seriamente su supervivencia
La información es como el gas: tiende a llenar todo el espacio disponible. Y la información política y el debate lo hacen a la velocidad del rayo.
La mala situación del PSOE, el pobre nivel del Congreso de los Diputados y el escaso peso político en el conjunto de España del resto de grupos de oposición ha convertido a los debates nocturnos de fin de semana en Telecinco y La Sexta en la auténtica oposición al Gobierno de Rajoy.
El asunto trae de cabeza a los ‘expertos‘ de La Moncloa, que cada día están menos seguros que tácticas como parapetarse detrás de una pantalla de plasma o dejar que el tiempo corra mirando al tendido, juegan a su favor.
Dice un cínico aforismo periodístico que resulta más rentable poner cara de tonto cuanto te preguntan, que contestar y que la gente descubra que eres tonto de verdad, pero en las circunstancias españolas actuales, no funciona.
La vieja vieja tesis de que lo mejor es preservar del debate a Mariano Rajoy y que el líder hable o aparezca lo menos posible, hace aguas cuando crece la marea ciudadana, se instala la tesis de que el Gobierno no tiene soluciones y la ciudadanía sufre acogotada por una crisis sin precedentes.
Es inneglable que el silencio oficial potencia foros televisivos donde la búsqueda de audiencia, la superficialidad del medio, la necesidad de montar ‘duelos‘ y el natural sensacionalismo televisivo hacen que proliferen las apariciones de representantes de colectivos radicalizados y de periodistas de todo pelaje, cuyos mensajes -argumentados o insensatos- aumentan la crispación en la opinión pública.
Se predica y siembra en terreno abonado, porque la gente está harta.
Algunos dirigentes populares son conscientes de lo que que está pasando. Hay incluso personajes en la oficina de prensa del PP y en el area de comuniación de La Moncloa convencidos de que no pueden seguir como hasta ahora.
Pero la línea oficial sigue siendo la de meter la cabeza en el caparazón y esperar a que amaine el temporal:
«Las instrucciones de la dirección es que los dirigentes del PP no asistan a programas que convierten la política en espectáculo, aunque no se ponen pegas a participar en debates donde se trate la política desde una visión seria».
Oficialmente, no hay un veto específico a programa alguno, pero eso no cuela.
Es un secreto a voces en la sede de Génova 13 y en el area de comunicación de La Moncloa de que se ha dado la orden de que ningún político del PP vaya a El Gran Debate de Jordi González en Telecinco ni a La Sexta Noche de Iñaki López, los dos programas que se hacen la competencia los sábados por la noche.
Para algunos dirigentes populares el no acudir a esos programas es un «error garrafal»:
«Si hay tertulianos que te dan caña es mejor argumentar que no estar».
MATICES Y TONOS
La competencia entre los dos programas de debate de la noche del sábado es feroz. Y cada vez más explícita.
Hace exactamente una semana, Telecinco lanzó un brutal ataque contra la cadena de Planeta a cuenta de la polémica entrevista a José María Aznar en Antena 3.
‘El Gran Debate’ elaboró una pieza locutada cargada de intencionalidad y mala baba en la que señalaba que la entrevista de Gloria Lomana no había sido otra cosa que un maniobra de José Manuel Lara, presidente del Grupo Planeta, y Mauricio Casals, presidente del diario La Razón y a quien en la pieza apodan como ‘El Príncipe de las Tinieblas’, para desestabilizar a Mariano Rajoy.
Periodista Digital pudo saber que la pieza, de una brutalidad inusual, puso a algunos de los tertulianos que debatían en el plató de T5 –Pilar Rahola, Ernesto Ekaizer, Isabel Durán, Carlos Cuesta, Jaime González, Nacho Escolar, Xavier Sardá y Alejo Vidal-Quadras– en una incómoda situación. Varios de ellos tienen intereses o simplemente buena relación con Planeta, porque son habituales de Onda Cero y algunos espacios de Antena 3.
Desde Telecinco, sin ambages, se acusó al grupo estructurado alrededor de Antena 3 de estar en connivencia con Aznar, en una operación destinada a erosionar el poder de Rajoy.
El mensaje tiene fuerza de titular, pero escaso fundamento.LaSexta es un proyecto de televisión surgido al calor del anterior presidente del Gobierno, que quería crear un grupo de comunicación propio que le sirviera de contrapeso al Grupo Prisa, que Zapatero veía demasiado afín a Felipe González y la vieja guardia del PSOE.
Desde el principio, la cadena ha sido muy crítica con el Gobierno popular. Lo sigue siendo, aunque con matices, y en en algunos programas ha dejado de serlo.
No se puede pasar por alto que ha sido el propio Rajoy quien le ha dado el balón de oxígeno que ha evitado su desaparición. No se trata de una operación ‘inocente‘.
EL GOBIERNO SALVA A LA SEXTA
Como explica S.E. en ‘ABC‘,el Gobierno de Mariano Rajoy flexibilizó las condiciones que fijó la Comisión Nacional de la Competencia en su dictamen del 11 de julio de 2012 para permitir la fusión entre Antena 3 y La Sexta.
En aquella época, la segunda de las cadenas, sin duda una de las más críticas con el Ejecutivo del PP, atravesaba por problemas económicos que comprometían seriamente su supervivencia.
Una decisión contraria a la unión de ambos operadores o la imposición de unas condiciones exigentes que hicieran inviable que se produjera la misma -simplemente, mantener las que habían sido aprobadas por la citada comisión-, habría acabado sin duda con el cierre de La Sexta y por tanto también con el fin de una voz abiertamente contraria a la acción gubernamental.
El acuerdo del Consejo de Ministros, en sus cuestiones previas, precisa:
«Las condiciones impuestas por la Comisión Nacional de la Competencia hacen inviable la operación a juicio de la adquiriente (Antena 3), con lo que, de facto, producen el mismo efecto que la denegación de la autorización».
Añade el documento:
«El otorgamiento de las licencias audiovisuales, las Administraciones Públicas deben velar por la consecución de intereses públicos, como son el pluralismo político e informativo, la protección de los derechos de los consumidores, la contribución al desarrollo tecnológico, etc.».
Y concluye:
«La intervención del Consejo de Ministros en la operación se basa en la necesidad de proteger unos intereses generales que son perseguidos por la Administración desde la misma concesión de las licencias y que se ven afectados por la imposición de condiciones asimétricas en un mercado relacionado, el mercado de la publicidad, fuente principal de ingresos de los licenciatarios».
De acuerdo con estas consideraciones generales el Consejo de Ministros presidido por Mariano Rajoy decidió no atender el dictamen de la Comisión Nacional de la Competencia y flexibilizó en gran medida las condiciones de la fusión, hasta hacerla viable desde un punto de vista económico.
Lo hizo y el Gobierno lo explica oficialmente así:
«La operación de concentración garantiza la pervivencia de canales que sirven a públicos objetivos diferentes que, de otra manera, quedarían privados, casi con certeza, de una línea editorial de características propias bien definidas con el consiguiente empobrecimiento del pluralismo que debe quedar protegido».
El Consejo de Ministros, en su acuerdo, fue más lejos y añadió:
«La búsqueda de un adecuado equilibrio en la pluralidad política e informativa justifica la intervención del Gobierno para tratar de evitar la desaparición de una línea editorial, máxime en la coyuntura actual en la que el modelo de negocio de muchos prestadores del servicio de televisión ha pasado a convertirse en meros arredandores de canales que carecen de una línea y oferta de programación propias».
Aquí, cada uno va a lo suyo.
