La Generalitat pide disculpas por los 'errores' políticos en la cadena

La ley exprés que tramita el PP para cerrar Canal 9 el 29 de noviembre 2013

La decisión se adoptó en el seno del Consell y no se consultó a Madrid

La ley exprés que tramita el PP para cerrar Canal 9 el 29 de noviembre 2013
José Císcar explica a los periodistas el cierre de Canal 9. EP

El vicepresidente de la Generalitat Valenciana asegura que las posibles responsabilidades penales derivadas 'ya están en los tribunales'

El Grupo Popular en las Cortes Valencianas registró este viernes 8 noviembre 2013 una proposición de ley para suprimir el servicio que prestan la radio y televisión públicas autonómicas y proceder a la liquidación de la empresa Radiotelevisión Valenciana (RTVV).

La proposición, que al no ser del Gobierno no tiene que ser revisada por el Consell Jurídic Consultiu, se tramitará por el procedimiento de lectura única, que no admite enmiendas, y los populares estiman que su debate y votación tendrá lugar el 27 de noviembre 2013.

Si se cumple el calendario, entrará en vigor el viernes 29 de noviembre 2013, un día después de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, momento en el que Canal 9 dejará de emitir, tal como establece el artículo 1, y se producirá la extinción de la totalidad de los contratos.

Según la proposición, el coste laboral del cierre -45 días por año trabajado- lo asumirá RTVV con el presupuesto que tenía para 2014, que era de 69 millones, mientras que la Generalitat pagará los 20 millones de salarios de tramitación a los 952 despedidos en el ERE que fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia. Después, se producirá la liquidación de la empresa.

No creará otra televisión

Sobre los rumores de que el Gobierno de Fabra pretende promover, dentro de unos meses, una televisión como la de Castilla y León, el vicepresidente, José Císcar, lo negó. «Este Gobierno descarta absolutamente crear una nueva televisión», afirmó.

Císcar pidió «perdón», en nombre del Ejecutivo, por «las decisiones erróneas que han tomado gobiernos del Partido Popular» en Canal 9 desde 1995, es decir, bajo los mandatos de Eduardo Zaplana, José Luis Olivas y Francisco Camps.

Las movilizaciones contra el cierre continúan este sábado con manifestaciones en las tres capitales de provincia y acciones legales que intentan frenar el proceso. La coalición Compromís ha presentado un recurso y pedido medidas cautelares contra el nombramiento por decreto del nuevo director general.

Los errores del PP

El vicepresidente de la Generalitat Valenciana ha reconocido que a lo largo de los 24 años de historia de Radiotelevisió Valenciana se han tomado «decisiones acertadas, decisiones menos acertadas y decisiones erróneas». Ha asegurado que esas decisiones corresponden tanto a los sucesivos gobiernos del PP como al gobierno socialista que puso en marcha la televisión autonómica en 1989 y ha «asumido» la parte de culpa que corresponda a su partido.

«Asumimos y pedimos disculpas por los errores de los gobiernos del PP en RTVV. Todos somos humanos y todos nos equivocamos.»

Císcar sí ha querido subrayar que las posibles responsabilidades penales derivadas de la gestión del PP en RTVV «ya están en los tribunales» y ha invitado a cualquiera que conozca algún otro posible delito a que lo denuncie ante la Justicia.

Sobre las responsabilidades políticas del asunto, poca autocrítica. «Si una dimisión arreglara la situación de 1.600 trabajadores, no tengan la menor duda de que se produciría, pero no es el caso», ha asegurado Císcar, que ha asegurado que en ningún momento ha puesto su cargo a disposición del presidente. «No me siento responsable, sí afectado».

El vicepresidente ha insistido en que la Generalitat quiso cambiar el modelo de radiotelevisión porque era «insostenible económicamente», ha defendido que el ERE se hizo de forma «muy minuciosa y respetando siempre la ley» y ha vuelto a desviar la responsabilidad del ERE ahora nulo a los «órganos de gobierno» de RTVV (en alusión a la dirección general de Rosa Vidal) por las alteraciones en la fase de ejecución. «El ERE se tenía que ejecutar tal cual estaba aprobado», ha dicho Císcar, que no ha descartado ejecutar acciones penales contra la última dirección del ente.

También ha repartido culpas en cuanto a la quiebra de la empresa, con una deuda de 1.200 millones de euros:

«Se ha gastado dinero tanto cuando gobernaba el PSOE como con los gobierno del PP; pero nadie lo discutió en su momento. Se ha gastado, por ejemplo, dinero en el fútbol pero todos vemos los partidos de ‘Champions’ y todos estábamos de acuerdo».

 

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