En 2013 se subvencionó a las autonómicas con 880 millones y aún así tuvieron, además, 1.600 millones de euros de deuda

¿Sirve para algo todo el dinero público que se mete en TVE y en las teles autonómicas?

Leopoldo González Echenique esta obligado a meter mano en la plantilla, compuesta por 6.400 trabajadores

¿Sirve para algo todo el dinero público que se mete en TVE y en las teles autonómicas?
Televisión, televisor, cadenas, medios de comunicación, audiencia e información. PD

La televisión privada, que arrancó en 1990, ha desembocado en un duopolio potente, que, como es natural, se rige por el criterio del máximo beneficio

Pese a las ayudas, RTVE prevé cerrar el año con pérdidas de 130 millones de euros, dinero que pagan todos los contribuyentes.

¿Cuánto tiempo hace falta para que Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría y los miembros del Gobierno que tienen ‘mano‘ en la comunicación, se den cuenta de que el actual modelo de RTVE está agotado?

Ahora, el posible cierre de Teledeporte hace inaplazable el debate de la privatización.

La pérdida de audiencia ha dejado a la empresa a la deriva con unos números inasumibles en un momento en el que a todos los españoles se les pide que se aprieten el cinturón.

Pero más allá de las razones económicas (se prevé que RTVE pierda en 2014 unos 130 millones) hay un trasfondo político poco transparente, que no puede quedar al margen.

A los distintos gobiernos, sean del color que sean, no les duelen prendas mantener costosos medios de comunicación que pagamos todos para ejercer el control de la información sin cuestionarse siquiera qué hace un medio de comunicación en manos del poder político.

El problema se repite tambiénen las autonómicas. Los gobiernos regionales han gastado 7.688 millones en sus teles desde la crisis y hasta ahora sólo Canal Nou ha echado el cierre.

Un ejemplo claro de que faltan medidas valientes, decisiones de calado que hagan replantarse el futuro de un ente, como RTVE, que no puede aspirar a grandes audiencias con el dinero de todos.

La televisión no es un medio de comunicación más: su potencia y su capacidad de penetración le otorgan un papel de servicio público vinculado no sólo a la información sino también a la cultura, a la integración territorial y a la extensión del pluralismo político.

Por ello, aunque la iniciativa privada debe desempeñar un papel significativo en el desarrollo del audiovisual, no rechina en absoluto, ni siquiera a los liberales templados, la presencia del Estado en el sector.

El drama, en el caso concreto de España, es que eso significa en la práctica -como ha quedado patente desde 1956 cuando nació TVE y queda de relieve cada día en todas las CCAA- que el político de turno en el poder la usa a su servicio y de forma impúdica.

Y rizando el rizo, ajeno a la lógica e inmune a la experiencia, sale ahora el eurodiputado y líder de Podemos, Pablo Iglesias, y se declara ferviente partidario de establecer mecanismos de control público para regular los medios de comunicación. ¡Lo que faltaba en España!

Nadie, con dos dedos de frente y una pizca de sentido común, negaría de forma tajante que puede ser útil para la ciudadanía una televisión en una Comunidad Autónoma.

Para eso, sería imprescindible acotar su misión y rentabilizar su gestión. Misión que cumpliría informando sobre hechos que, por ejemplo, cadenas nacionales o sus centros regionales no cubren.

El otro problema y no es baladí es el coste de ese servicio público; porque puede ser conveniente, pero no es imprescindible.

No es necesario utilizar toda la franja horaria para ejercer su misión. Ni tener corresponsales por todos lados o volcarse en el entretenimiento.

Lo de RTVE es de aurora boreal. Cuando en 2006 el Gobierno de Rodríguez Zapatero transformó el ente público en corporación mercantil estatal, más allá de cambios en su Consejo, composición y forma de elección, se produjeron cambios en su gestión dirigidos a ocultar los problemas financieros y de deuda que arrastraba la TV pública nacional y, aún peor, se obviaron sus verdaderos problemas de negocio y explotación.

No sólo se zanjaron las pérdidas y endeudamiento de ese año con diversas transferencias extraordinarias de fondos públicos presupuestarios y otros; también se quitaron de en medio los más de 8.000 millones de euros de deuda acumulada hasta entonces por RTVE, que fueron absorbidos por el Estado, y se ocultaron sus auténticas cuentas mediante un sistema de contabilidad separado y diferenciado entre lo que se denominaban actividades de servicio público y actividades comerciales.

Además, los contribuyentes pagamos cada año la prejubilación de los 4.150 trabajadores de más de 52 años afectados en aquel ERE, con el 92 por ciento del sueldo.

Tras el bloqueo impuesto por el propio sistema para elegir al presidente de RTVE y el eterno desacuerdo de los principales partidos, al poco de llegar Mariano Rajoy al Gobierno se cambió el sistema de elección y representación en el Consejo de la Corporación, pero sin abordar el verdadero problema, económico y democrático, como es el de un medio de comunicación en manos del poder político.
RTVE camina al borde del precipicio.

Siete años después de que el Gobierno saliera a su rescate y asumiera una deuda de 7.850 millones, la sombra de la quiebra vuelve a rondar a la Corporación.

Entre 2007 y 2013, y ante los exiguos recortes que desde La Moncloa se le han dejado hacer a Leopoldo González Echenique, presidente del ente desde junio de 2012, RTVE ha generado un agujero de unos 700 millones.

Esto ha obligado al Ejecutivo que preside Mariano Rajoy a lanzar un nuevo salvavidas en forma de inyección extra de 130 millones y de reducción de capital de 390 millones para «reequilibrar su situación financiera y patrimonial».

González Echenique prevé ampliar el recorte de gasto hasta el 19 por ciento este año, respecto a 2012, pero prevé cerrar el ejercicio con pérdidas de al menos 130 millones si el Gobierno no aprueba otros refuerzos presupuestarios (en lo que va de año el déficit acumulado suma 67 millones).

Le guste o no al Gobierno Rajoy, que ha optado por mirar para otro lado, el presidente de RTVE esta obligado a meter mano en la plantilla, compuesta por 6.400 trabajadores.

Una medida que se ha intentado evitar por todos los medios, por lo que entre 2011 y 2013 apenas ha recortado un 20 por ciento los gastos, mientras sumaba pérdidas de 277 millones, ante la reducción de los ingresos y el deterioro de los activos inmobiliarios (la minusvalía acumulada de los inmuebles de RTVE al cierre de 2013 ascienden a 387,7 millones).

El grueso de los ahorros se han realizado en el presupuesto de contenidos, que se ha reducido un 46,76 por ciento con respecto a 2011, frente al 8,6 por ciento que se espera que se ajusten los gastos salariales de cara a 2014 (en 2013 cayeron un 2 por ciento con respecto a 2011).

Pero es que con las autonómicas pasa otro tanto: en 2013 se les subvencionó con 880 millones y aún así tuvieron, además, 1.600 millones de euros de deuda.

Sin contar, por ejemplo, que en 2008 la Generalitat absorbió 1.046 millones de la televisión catalana, que de nuevo sigue con pérdidas y endeudándose.

Por razones económicas, ya que los criterios políticos siempre desvirtuarán la eficiencia económica, pero también porque es contrario a la libertad de las personas, la comunicación o el entretenimiento no pueden estar en manos del poder político.

La televisión privada, que arrancó en 1990, ha desembocado en un duopolio potente, que, como es natural, se rige por el criterio del máximo beneficio.

Hasta la inclinación ideológica de las cadenas es un asunto de mercado, que se administra con ‘liberalidad‘, lo que explica que Atresmedia y Mediaset, cada una por su lado, tengan dos cadenas LaSextaTV y Cuatro TV, dedicadas en cuerpo y alma a promocionar a ‘Podemos‘, el Coletas Pablo Iglesias, el juez Elpidio, la escrachera Ada Colau y todo lo que suene o huela a antisistema o anticonstitucional. ¡Todo por la audiencia!.

 

 

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