LAS televisiones públicas deben regirse por los principios básicos de objetividad, veracidad e imparcialidad informativa, ya que su función consiste en servir al interés general y representar al conjunto de los ciudadanos, que son quienes sufragan su funcionamiento vía impuestos, pero el canal autonómico de Cataluña hace todo lo contrario, tras convertirse, junto con la Educación, en la mayor herramienta de propaganda y adoctrinamiento ideológico del separatismo.
La última prueba de ello fue el burdo ejercicio de manipulación que protagonizó ayer TV3 con el fin de desacreditar la histórica manifestación a favor de la unidad y la convivencia que llevaron a cabo más de un millón de personas por las calles de Barcelona bajo el lema «Todos somos Cataluña».
Además de arremeter constantemente contra el Gobierno y la aplicación del artículo 155, la cobertura de TV3 pretendió ofrecer una imagen negativa y distorsionada de una marcha que, una vez más, ha sido un ejemplo de civismo, tolerancia y, sobre todo, dignidad.
A ello se suma la «declaración institucional» que emitió el pasado sábado, donde todavía presentaba a Puigdemont como presidente de la Generalitat a pesar de su cese, lo que demuestra el fiel servicio que ofrece la dirección de este canal a la causa independentista, más allá de desvirtuar la realidad e ignorar la legalidad vigente.
Lo peor, sin embargo, son los constantes mensajes de odio e intolerancia que difunde TV3 a todo lo español, inoculando así un profundo desprecio hacia quienes no comparten el ideario del separatismo que, sin duda, contribuye de forma decisiva a la dramática fractura de la sociedad catalana.
Su nocivo sectarismo ideológico la convierte en una televisión política que trabaja por y para los independentistas, obviando con ello su función de servicio público y su deber de pluralidad informativa.
Brutal pelea de Castillón con el descarado independentista director de TV3
