La trama se destapó con un operativo policial en 2017

¿Qué es el ‘Fraude de la Rueda’? La estafa que puede arruinar a Mediaset, Atresmedia y otras 12 cadenas de TV

La Audiencia Nacional inició este procedimiento tras recibir denuncias formuladas por distintas asociaciones y socios individuales de la SGAE

¿Qué es el 'Fraude de la Rueda'? La estafa que puede arruinar a Mediaset, Atresmedia y otras 12 cadenas de TV

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha imputado a 14 entes televisivos, entre los que se encuentran las principales cadenas de televisión españolas. Se trata de un procedimiento denominado como «La Rueda» en el que se investiga el supuesto fraude por el que se obtenían ingresos millonarios por los derechos de autor de contenidos musicales emitidos en programas nocturnos. El magistrado les atribuye un delito de corrupción en los negocios cometido por medio de organización criminal.

Las televisiones investigadas son: Atresmedia, Mediaset, Canal Sur, TV Extremadura, Radiotelevisión del Principado de Asturias, Televisión de Galicia, Radio Televisión de Aragón, Televisión de las Illes Balears, RTVE, EITB, Telemadrid, Televisión Pública de Canarias, Radio Televisión de Castilla y León y la Televisión de Castilla-La Mancha.

La trama conocida como ‘la Rueda de las Televisiones’ se destapó con un operativo policial en 2017 para desarticular un sistema por el que varios socios de la SGAE habrían defraudado entre 2006 y 2011 alrededor de 100 millones de euros mediante el registro fraudulento de obras musicales.

En esta causa se investiga el registro de supuestas modificaciones de obras originales libres de derechos de autor y obras de escasa o nula calidad puestas a nombre de terceros (en algunos casos ni siquiera eran músicos), para emitirlas como hilo musical en programas nocturnos de televisión y facturar por ello.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional inició este procedimiento tras recibir denuncias formuladas por distintas asociaciones y socios individuales de la SGAE que ponían en conocimiento la existencia de un grupo de socios de esta sociedad que desde hacía 10 años veían realizando actuaciones irregulares respecto al registro y modificación de obras musicales.

El instructor apunta que los investigados podrían estar actuando en connivencia con trabajadores de productoras de televisión, de tal manera que «abonarían a estas comisiones para que su repertorio se difundiera en horas nocturnas, con preferencia a otras obras». Del mismo modo y para evitar ser detectados y aparecer siempre, los mismos beneficiados cedían sus derechos de autor a familiares, cónyuges, hijos o creando sociedades o productoras.

El auto del juez considera que la responsabilidad penal que pueda imputarse a las personas encargadas de las áreas de las televisiones que realizaron las negociaciones y a los investigados hasta el momento también debe trascender «a los entes televisivos implicados en los que eran reproducidos los repertorios musicales en cuestión».

En este sentido argumenta que «no activaron ni aplicaron protocolo alguno dirigido a evitar la comisión de hechos delictivos, ni implementaron eficazmente mecanismos de control o reacción idóneos para detectar las actuaciones criminales cometidas en el seno de sus corporaciones, permitiéndose así la emisión de repertorios musicales no con criterios de calidad, obtención de audiencias u otros fines lícitos para tales entes televisivos, sino con un objetivo de carácter defraudador».

La resolución señala que las diligencias practicadas hasta el momento revelan la inexistencia de mecanismos de prevención «dirigidos a instaurar una cultura de respeto a la legalidad vigente. Asimismo, estos indicios evidencian una transgresión radical de la legalidad y unas conductas que atacaron gravemente a la libre y recta competencia en la contratación». Por todo ello, Moreno concluye que existen indicios de que los entes televisivos han participado en la omisión de estos hechos, no como un mero instrumento del delito «sino auténticos sujetos de derechos y obligaciones, y por tanto deben adquirir el estatus jurídico procesal de investigado con los derechos y garantías inherentes al mismo».

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