Guerra de bandos entre la CAM y Telemadrid. El canal público, otrora vilipendiado desde la izquierda cuando en Madrid gobernaban Esperanza Aguirre e Ignacio González, ahora recibe el aliento de los medios progresistas como la SER.
La radio de PRISA ha informado en la mañana de este 22 de abril de 2020 de la auditoría que ha iniciado la Consejería de Hacienda de la Comunidad madrileña con el objetivo de controlar los contratos, presuntamente irregulares, llevados a cabo por Telemadrid en el año 2019. Este gesto ha sido presentado por la SER como una muestra que de Díaz Ayuso no da tregua «ni en época de pandemia». Al parecer, el coronavirus es suficientemente excusa para no controlar los presuntos desmanes y los gastos de un canal público cuando precisamente, la emergencia es tal que hay que vigilar hasta el último euro que se gasta en medios públicos.
«Ni la crisis del coronavirus permite una tregua en la guerra del gobierno de la CAM con Telemadrid», arrancaba la crónica del ‘Hoy por hoy’ sobre el canal público. Una crónica que pretendía presentar a José Pablo López y los suyos como víctimas del control y vigilancia a los que le somete el ‘malvado’ gobierno de la CAM porque a quién se le ocurre querer poner freno a esas supuestas irregularidades de las que ya ha dado cuenta PD en el pasado.
Estas eran las palabras exactas utilizadas por los locutores de la SER. Obsérvese como en todo momento se arremete contra Díaz Ayuso por su decisión de querer saber qué ocurre dentro de Telemadrid y como presentan a su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, como brazo ejecutor.
Ni la crisis del coronavirus permite una tregua en la guerra del gobierno de la CAM con Telemadrid. Lo está contando la SER, en plena emergencia, el gobierno madrileño ha dado orden a la intervención general para que inicie de inmediato una auditoría sobre la cadena pública para investigar los contratos realizados en 2019.
Esa instrucción ha llegado en pleno estado de alarma ante la sorpresa de la dirección de Telemadrid que ve en este gesto una maniobra de la presidenta para dar más presión.
Desde la dirección ven a Miguel Ángel Rodríguez como el muñidor de esa operación y que responde a uno de los deseos del jefe de gabinete de la presidenta que no olvidemos desde su Twitter acusó a José Pablo López de formar parte de una trama de contratos irregulares que arrancó cuando el presidente de la CAM era el tránsfuga Ángel Garrido.
La consejería de Hacienda ha iniciado ya una auditoría con el objetivo de realizar un control financiero sobre todos los contratos firmados por Telemadrid en 2019 y lo hace en plena pandemia sin tener en cuenta la merma que está sufriendo Telemadrid con el teletrabajo por lo que la dirección entiende que es una maniobra más de la CAM para presionarles.
Estos son los aliados de López. No en vano, el director del canal público, nombrado por Cristina Cifuentes, siempre ha procurado mimar y cuidar bien a la izquierda.
Desde Telemadrid intentan desviar el foco asegurando que esto es una medida de presión de la CAM, cuando lo que deberían aclarar es esa serie de contratos irregulares que les acusan de haber perpetrado.
En el pasado, el propio Miguel Ángel Rodríguez acusó por Twitter al director de la cadena pública de formar parte de una trama de contratos irregulares que se iniciaron cuando el presidente era «el tránsfuga de mierda de Ángel Garrido«, que se acabó yendo a Ciudadanos tras no dejarle el PP ser candidato a las elecciones autonómicas.
El pasado 26 de marzo de 2020 la Intervención General de la CAM reclamó a Telemadrid todo tipo de documentación y contratos con el objetivo de realizar un control financiero de la cadena.
Una denuncia por la contratación masiva de falsos autónomos pone en la cuerda floja al director de Telemadrid
Periodista Digital informó en exclusiva el pasado 19 de marzo de 2019 que una gravísima denuncia contra Telemadrid por la presunta contratación de falsos autónomos dejaba contra las cuerdas al director general de la cadena, José Pablo López.
La denuncia, a la que pudo acceder Periodista Digital en exclusiva, fue presentada en octubre de 2018 ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que lleva cinco meses investigando si José Pablo López ha cometido un presunto fraude haciendo contratos mercantiles de trabajadores para evitar asumir sus cotizaciones a la Seguridad Social y eludir el control de la Comunidad de Madrid a través de la Consejería de Economía
