Hicieron de la televisión pública andaluza su particular cueva de Alí Babá.
El PSOE de Susana Díaz convirtió Canal Sur en un chiringuito para los afines al partido dando contratos a dedo y además de manera indiscriminada, según consta en el informe de la Cámara de Cuentas relativo al año 2018 y al que ha tenido acceso el diario El Mundo.
Lo cierto es que el escrito de los miembros de ese organismo es una auténtica mina de oro para los actuales dirigentes que llevan los designios de la Junta de Andalucía, Partido Popular y Ciudadanos.
Y es que las sospechas de que la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) era manejada de manera partidista por los socialistas mientras tuvieron mando en plaza quedan ahora más que constatadas.
Una de las primeras denuncias que se constatan en el informe es que el PSOE de Díaz abusó todo lo que pudo de las adjudicaciones a dedo, incumpliendo reiteradamente los principios de publicidad, concurrencia y transparencia.
Llegó a ser paradigmático el hecho de que se suscribieron acuerdos con empresas que no contaban con la solvencia técnica mínima que se requería en cualquier contratación.
En total, de 275 expedientes de contratación correspondientes al ejercicio 2018, desglosados en 71 contratos de producción, 12 contratos no menores y 192 menores, se hallaron irregularidades en prácticamente todas esas firmas.
Los que se llevaron la parte más jugosa, según el informe de la Cámara de Cuentas, fueron productoras frecuentemente mimadas por el PSOE y que incluso habían tenido vínculos con el Partido Socialista.
El órgano fiscalizador ha arrojado sus sospechas sobre 71 contratos que superan holgadamente los 22 millones de euros y que se embolsaron solamente nueve empresas.
Lo curioso del caso, según se deduce del informe de la Cámara de Cuentas, es que mientras esas productoras externas se estaban haciendo de oro, dentro de la casa no se invertía un céntimo en, por ejemplo, modernizar los equipos.
Canal Sur, según esa institución, contaba a finales de 2018 con unos medios tecnológicos obsoletos, nula inversión, recortes de personal, plantilla envejecida y, pese a todo, un déficit de casi 7 millones de euros, pese a que la Junta de Andalucía, gobernada por aquel entonces por la socialista Susana Díaz, hizo transferencias por casi 140 millones de euro a la empresa pública.
Asimismo, los auditores de Cuentas han constatado irregularidades como que los contratos no se dividiesen en lotes para garantizar una mayor concurrencia.
También se ha detectado un incumplimiento de la obligación de publicar el anuncio en boletines oficiales o la realización de adjudicaciones directas a proveedores sin que en los expedientes se motivara la necesidad de estas contrataciones.
