Televisión Española, al rescate.
Enric Hernández, persona de confianza de Moncloa colocado en TVE para ‘supervisar’ los contenidos informativos, y su mano derecha, Mónica López, presentadora de ‘La hora de la 1′, han tapado que el alcalde de Castril (Granada), Juan José López Ródenas, enjuiciado por un delito de malversación del que lo acusa el Ayuntamiento de esta localidad, es del PSOE.
Informar, lo que se dice informar de lo que ocurre, sí lo ha hecho el programa matinal de la primera cadena pública. Lo que pasa que lo han hecho a su manera. Y lo más llamativo, no han contado que Ródenas es o era, en el tiempo que ocupó la alcaldía, socialista.
Llueve sobre mojado sobre una televisión que ya no es pública sino gubernamental desde el ‘asalto’ perpetrado por Moncloa mediante Rosa María Mateo y el mencionado Hernández.
«El ex alcalde de la localidad granadina de Castrils está acusado de haber gastado (con el teléfono municipal) 1.579 euros en líneas eróticas. Él dice que le han engañado», era el reporte que daban en el programa ‘La hora de la 1’ tanto la presentadora López como su reportera, Renata Rota, sobre lo sucedido. En la pieza no se habla en ningún momento de su militancia política.
El ex alcalde de la localidad granadina de Castrils está acusado de haber gastado (con el teléfono municipal) 1.579 euros en líneas eróticas.
Él dice que le han engañado.
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— La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) February 9, 2021
Al banquillo un exalcalde socialista por gastar 1.600 € del ayuntamiento en servicios eróticos
El exalcalde socialista de Castril, localidad de Granada de poco más de 2.000 habitantes, se sienta este 9 de febrero de 2021 en un banquillo de los juzgados andaluces acusado de un delito de malversación de fondos públicos.
La Audiencia de Granada enjuiciará a Ródenas por gastarse, durante su etapa de gestión, de 1.579 euros de líneas telefónicas del ayuntamiento con fines ajenos a la actividad municipal. Dicho dinero fue empleado para contratar servicios eróticos tales como «cámara oculta sexy», además de otro tipo de productos televisivos.
El juicio está señalado para -como mínimo- el 9 y 10 de febrero en la Sección Primera de la Audiencia de Granada, si bien en plaza Nueva solo se seleccionará a los miembros del jurado este martes y el miércoles la vista oral se trasladará, como viene siendo habitual a causa de la pandemia, al edificio judicial de La Caleta, tal y como han detallado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
La Fiscalía ha solicitado el sobreseimiento de las actuaciones, mientras que la acusación particular, ejercida por el Ayuntamiento de Castril, pide para el exregidor nueve meses de prisión, multa de 804 euros e inhabilitación especial para cargo o empleo público durante nueve meses.
Alternativamente, solicita que se aplique la pena del Código Penal vigente a la fecha de los hechos de multa de 3.240 euros y suspensión de empleo o cargo público por 21 meses.
La causa gira en torno a una facturas de las líneas que usaba en el Ayuntamiento el entonces alcalde, entre diciembre de 2008 y enero de 2011, en las que se reflejaban importes por conceptos ajenos a la actividad municipal, como servicios de televisión o de «cámara oculta sexy», entre otros, por un importe de 1.579 euros.
La causa se ha archivado y reabierto varias veces y en ella se ha tratado de valorar si contrató de forma consciente y voluntaria los servicios o si por el contrario fue víctima de una práctica fraudulenta, como ha venido alegando el exregidor, que ha negado haber contratado ninguno de los servicios por los que se le ha tarifado.
El exalcalde socialista mantiene que en cuanto tuvo noticias de que se habían incluido estos irregulares conceptos en la facturación de su teléfono, abonó en la cuenta municipal 1.579 euros, de modo que no ha existido perjuicio al Ayuntamiento de Castril.