En el Gobierno de Pedro Sánchez un escándalo sucede a otro. Y sucede a un ritmo tan frenético que no da tiempo casi a asimilar cada uno de ellos. Sin embargo, más allá del ruido el poso del ‘sanchismo’ va calando, sobre todo, en el territorio legislativo donde los cambios del Gobierno, al amparo de sus socios, están tocando elementos fundamentales en el Estado de Derecho.
Sin embargo, el asalto a la Justicia perpetrada por Sánchez lo ha resumido a la perfección Vicente Vallés en la edición nocturna del informativo de Antena 3 TV del 15 de diciembre de 2022. Sólo veinte segundos necesita el periodista para dejar el descubierto la situación que se está viviendo en el país:
«Moncloa y sus socios han eliminado el delito de sedición, han rebajado el de malversación y han cambiado las mayorías para elegir el Tribunal Constitucional. No son asuntos menores: estamos ante medidas que cambian sustancialmente la arquitectura legal de nuestro Estado de Derecho y que se han aprobado mediante un procedimiento acelerado al máximo y con un debate reducido al mínimo»
El asalto al Constitucional
El asalto al Tribunal Constitucional se produjo apenas hace unas semanas con el nombramiento de Juan Carlos Campo, exministro de Justicia y pareja de la tercera autoridad del Estado, la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, y de Laura Díaz, que fuera una de las ‘fontaneras’ de Moncloa. Díaz ejerció como Directora General de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y antes había ocupado el puesto de Directora del Gabinete del Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.Es decir, dos personas de la máxima confianza de Sánchez. Dos nombramientos que llegaban sin esperar a que el Consejo General del Poder Judicial nombraran los dos que les corresponden.
Sedición y malversación
En estos días el escándalo jurídico es el que afecta a la sustancial modificación del Código Penal. Un traje hecho a medida para los socios independentistas de Pedro Sánchez que se encontrarán con un escenario legal en el que repetir el golpe de Estado del 1 de octubre de 2017 ya no les granjeará las consecuencias penales. Un cambio legislativo de gran calado que, por el momento, está superando todos los (pocos) escollos que los que se están encontrando. El Tribunal Constitucional no se posicionará sobre el asunto hasta el lunes 19 de diciembre de 2022, es decir cuando la última locura ‘sanchista’ ya se haya aprobado en la Cámara Baja.
