Son solo 18 segundos.
Pero es tiempo más que suficiente para que el todavía presidente de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig, dimitiese ipso facto.
Obviamente, el líder del PSOE en la región levantina no va a despegarse de la poltrona ni con agua hirviendo.
Al menos hasta que el 28 de mayo de 2023 tengan lugar las elecciones y los ciudadanos opten por cambiar de aires después de dos legislaturas de la banda del ‘pacto del Botánico‘.
Sin embargo, pese a que se resiste a dimitir incluso después de todo lo que ha salido sobre el llamado ‘caso Azud‘, igual la aparición de un viejo vídeo de 2018 le ‘fuerza’ a tener que dejar su puesto al frente del Gobierno valenciano.
Les ponemos en contexto.
Junio de 2018, Pedro Sánchez acaba de ser investido presidente del Ejecutivo español tras prosperar la moción de censura contra Mariano Rajoy días después de que se conociera la sentencia del ‘caso Gürtel‘.
En el programa ‘Liarla Pardo‘ (laSexta), su presentadora, Cristina Pardo, tenía como invitado a Ximo Puig y mantenía este curioso y revelador diálogo sobre una hipotética aparición de un caso de corrupción en el seno del político del PSOE valenciano:
Cristina Pardo: «Por hacer una equivalencia con Mariano Rajoy, si hubiera una sentencia condenatoria por financiación ilegal del PSPV-PSOE, ¿usted se sentiría concernido, dimitiría como se le ha hecho dimitir ahora a Mariano Rajoy».
Ximo Puig: «Si hubiera una trama parecida a la Gürtel, le aseguro que sí. Pero es que no tiene nada que ver».
Las evidencias
Obviamente, más de cuatro después de estas palabras de Puig, la realidad supera a la hipótesis planteada por la periodista de laSexta.
En un auto dictado el 2 de diciembre de 2022, el Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia sostiene que el PSOE financió irregularmente sus campañas electorales y señala como pieza clave a José María Cataluña, de quien afirma que «si bien aparece desvinculado formalmente desde el año 2004 de la Secretaría del PSOE, ello sería meramente formal, dado que seguía obteniendo recursos económicos de financiación necesaria para el partido». Pero también le atribuye haberse quedado un porcentaje de los mismos.
«Habría cobrado para él parte de los sobornos acordados como consecuencia de las adjudicaciones predeterminadas de obras públicas relacionadas con empresas públicas de titularidad estatal en el ámbito del Gobierno nacional, habiendo obtenido la mayoría necesaria para gobernar el partido socialista», en referencia a contratos otorgados por la empresa estatal Acuamed durante el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.
La instructora considera indiciariamente acreditado que Cataluña gestionó en 2019 «una entrevista con los máximos responsables de la Agencia Tributaria valenciana» en favor del empresario Enrique Gimeno. El objetivo, solventar un expediente que tenía abierto y que «finalmente acabó en conformidad». Lo cual denota, según la juez, la operativa de Cataluña «para obtener favores frente a la Administración gobernada por el PSOE» en la etapa de Ximo Puig.
En su auto, la juez otorga una especial relevancia al Grupo Axis, propiedad del empresario Jaime Febrer, que «habría desarrollado una dinámica, al margen de su actividad legal, consistente en el pago de comisiones ilegales a diferentes cargos públicos con el objetivo de obtener decisiones favorables a sus intereses económicos provenientes de diferentes Administraciones públicas».
Entre otras, sitúa la operación urbanística de El Espartal en el municipio alicantino de Jijona, donde se proyectaron 5.000 viviendas y un campo de golf. Sólo por esta operación, la juez apunta a que el abogado José Luis Vera, vinculado estrechamente con el PSOE de Valencia, y el empresario Febrer, «pactaron una comisión que ascendería a dos millones de euros». «De los cuales», agrega, «un millón sería para el PSOE» tal y como dejaron por escrito en una de las anotaciones intervenidas por la Guardia Civil.
