Félix Bolaños le coló una colosal trola a Silvia Intxaurrondo en directo.
En su entrevista en el programa ‘La Hora de la 1’, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes aseguró que “el acuerdo que hemos llegado [con Junts] es que vamos a desarrollar una ley orgánica, al amparo de la Constitución, para delegar las competencias en materia de inmigración”.
Aunque el socialista intentó quitarle importancia al pacto alcanzado entre el PSOE y el partido de Carles Puigdemont, Intxaurrondo insistía en la importancia de la cesión de las competencias.
Y Bolaños respondía: “Si hay una delegación de competencias en materia de inmigración, pues lógicamente lo que hoy asume el Estado, como la Constitución permite y así lo plantea nuestro texto constitucional, se puede delegar en una comunidad autónoma como va a ser el caso en materia de inmigración”.
Aunque el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes insistía en el cumplimiento de la Constitución, se trata de una gran trola. Ya que fuentes jurídicas del Tribunal Supremo aseguraron al diario ‘The Objective’ que la medida impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez choca con el artículo 149.2 de la Constitución, que atribuye al Estado central «la competencia exclusiva» de las políticas que afectan a «nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo”.
Además, precisan que la política de inmigración no es susceptible de ser transferida a una región porque colisionaría con el citado 149.2. «Esto es reconocer, de facto, la independencia de Cataluña. El control de la inmigración es el control de las fronteras exteriores, que no pueden estar bajo el control de una Policía regional», subrayan desde el sindicato policial Jupol, refiriéndose al papel que podrían tener los Mossos.
En un informe sobre la cuestión elaborado hace dos décadas, el profesor Vicente Garrido Mayol explica que la delimitación «no es precisa» y eso ha obligado al Tribunal Constitucional a pronunciarse en diversas ocasiones. Una de ellas, en 1994, cuando debió distinguir entre las relaciones internacionales y las actividades de proyección internacional, susceptibles a ser ejercidas por las regiones cuando no incidan en la política exterior.
Alerta en la Policía
El sindicato Jupol considera un «despropósito» que el Gobierno haya accedido a traspasar las competencias en materia de inmigración, que son exclusivas del Estado, a la Generalitat. Y todo ello, lamenta, a cambio de la abstención de Junts en unos decretos económicos. Para Jupol es un nuevo insulto por parte de los separatistas al Estado, al propio ejecutivo y al Cuerpo Nacional de Policía.
El sindicato también denuncia que esta decisión puede suponer «una nueva pérdida de competencias para los policías nacionales destinados en Cataluña», decisión, añade, que se ha tomado sin tener en cuenta criterios técnicos y operativos, solo políticos y partidistas. El Gobierno necesitaba los votos de Junts para que prosperaran sus decretos, y con esta cesión lo que ha conseguido es que los diputados de la formación independentista no participen en la votación de estas normas, y esto ha permitido que salga adelante el decreto ómnibus y el de medidas anticrisis.
En cualquier caso, para el sindicato este traspaso de la competencia de inmigración a Cataluña supone «un nuevo paso para consumar con la salida de la Policía Nacional de Cataluña, a la que pretenden convertir en un cuerpo policial sin funciones en el territorio catalán». Es, apunta Aarón Guerrero, el inicio del desmantelamiento del CNP en esa comunidad autónoma, «como han hecho con la guardia Civil en Navarra».
No hay que perder de vista la desaparición de unidades de la Guardia Civil del Seprona, del GREIM en Puigcerdà o del Grupo de Especialistas en Desactivación de Explosivos de Gerona y Lérida. Y a eso hay que añadir el despliegue de la policía marítima de los Mossos, a pesar de que tampoco tienen competencias en esta materia. Y las asociaciones de la Guardia Civil también habían mostrado su molestar recientemente por el hecho de que el aeropuerto del Prat cuente con una nueva comisaría de los Mossos. Sobre todo por la posibilidad de que sean unidades de la policía autonómica, los ARRO, los que pudieran sustituir al GAR en la zona aire del aeropuerto.
