La bomba saltó a media mañana del 9 de junio de 2025.
El magistrado Ángel Hurtado, del Tribunal Supremo, decidía procesar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos en el marco del caso que afecta a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Este procedimiento marcaba la primera vez que el máximo responsable del Ministerio Público se enfrenta a juicio penal, con una posible condena de hasta cuatro años de cárcel y consecuencias políticas imprevisibles. El auto judicial también alcanzaba a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y sitúa a ambos a un paso del banquillo.
El asunto, de sobra conocido, gira en torno a la supuesta filtración a los medios de comunicación de un correo electrónico confidencial remitido el 2 de febrero de 2024 por la defensa de González Amador a la Fiscalía. En dicho mensaje se ofrecía a reconocer delitos fiscales para pactar con el Ministerio Público, una información que, según la instrucción, debía estar protegida por estricta reserva profesional.
En el informativo de Vicente Vallés, en Antena 3 Noticias, el periodista resumió en medio minuto el panorama que se generaba con este procesamiento y hasta alucinó con el hecho de que no tuviera consecuencias para Álvaro García Ortiz, ya que este ni se prestó a dimitir ni nadie del Gobierno Sánchez, comenzando con el titular de Justicia, Félix Bolaños, le invitó a que dejase la Fiscalía General del Estado:
El procesamiento del fiscal general es un caso inédito en los países donde rige el Estado de Derecho. La negativa a dejar el cargo en estas circunstancias se enseñará en las facultades de Derecho por las implicaciones que tiene en la defensa de la legalidad. Y se estudiará en las facultades de Ciencias Políticas por la defensa que un gobierno hace de un fiscal procesado en una causa penal por el Tribunal Supremo de un país. España es hoy un ejemplo de lo que no suele ocurrir.
