Llamazares insiste en que «alguien miente» al menos sobre 3 aviones y el PP se centra en criticar las contradicciones entre ministros
MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) –
Los portavoces de los grupos parlamentarios en la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados pidieron hoy al ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Angel Moratinos, que el Gobierno y la Justicia sigan investigando y recabando más información sobre los supuestos vuelos de la CIA en España, y defiendan tanto la soberanía española como los Derechos Humanos.
El más beligerante fue el portavoz del Grupo IV, Gaspar Llamazares, que acusó al Gobiernan de «pasividad» y se declaró «indignado por el silencio del gobierno desde principios de año» y denunció los casos de tres aviones, que están sujetos a investigación en otros países por su uso en el secuestro o traslado secreto de prisioneros. «Al menos en estos tres casos concretos, alguien miente, y miente a sabiendas», manifestó.
En cambio, el portavoz del PP, Gustavo de Arístegui, hizo gala de «prudencia» y consideró que la información ofrecida por Moratinos sí confirmaba que en el caso de la inmensa mayoría de ellos las autoridades estadounidenses habían asegurado que no se había vulnerado ninguna legislación. Eso sí, De Arístegui criticó el «lamentable espectáculo» que a su juicio dio el gobierno por las «contradicciones» entre las primeras reacciones de los ministros de Interior y Justicia.
Durante el turno de intervenciones de los diputados, Gaspar Llamazares emplazó al Gobierno a implicar a la Fiscalía General del Estado y a la Audiencia Nacional en la investigación del caso, porque «el Gobierno no puede mirar hacia otro lado ante indicios evidentes» El Gobierno, dijo, debería «haber hecho una investigación exhaustiva» y no sólo preguntar a Washington.
Llamazares insistió en que debían haber comparecido ante el Congreso los ministros de Interior y de Defensa y al director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y espetó a Moratinos: «el Gobierno el ha enviado a usted a que se coma el marrón». Del ministro de Defensa, José Bono, que ha rechazado la «sospecha preventiva» contra Estados Unidos, dijo que «sospecha de quienes sospechamos».
«Hemos trabajado juntos contra la guerra y por la retirada de las tropas. No desperdicien ustedes el crédito obtenido, no debiliten la nueva política exterior buscando equilibrios inestables. Lo que está en juego ahora no es sólo la relación con Estados Unidos, son los Derechos Humanos, el Derecho Internacional y la soberanía de nuestro país», manifestó el portavoz de IV.
Además, presentó al ministro una batería de preguntas, empezando por si está dispuesto a revisar el convenio bilateral de Defensa con Estados Unidos, para que los aviones militares requieran autorización caso por caso y, en el caso de los aviones civiles, exigir «reciprocidad» y, por lo tanto, reclamar datos del pasaje, la tripulación y el equipaje, para «acabar con el derecho de pernada».
Por su parte, el portavoz popular aceptó las explicaciones de Moratinos al decir que los vuelos «no parecen ser los denunciados» –en referencia a las acusaciones de que eran ‘cárceles aéreas’– pero reclamó que se pueda tener «certeza absoluta» porque «tener la más mínima certeza de prácticas ilegales en la lucha contra el terrorismo no sólo es una vergüenza para el país que las practica sino contra todos los demócratas».
De Arístegui insistió en que cualquier sospecha de acciones ilegales en la lucha contra el terrorismo «corre el riesgo de poner en entredicho no sólo la legitimidad de la lucha, sino también su eficacia» y puso como ejemplo la prisión de Guantánamo, que calificó de «agujero negro de la legalidad» y las «prácticas abyectas de (la prisión en suelo iraquí) Abu Graib» que han dado alas a las «bestias del terrorismo yihadista».
«No podemos permitir que este caso se convierta en otro de esos», dijo el portavoz, añadiendo que las relaciones con Estados Unidos deben ser «fluidas» pero «ello no es óbice para que cuando algo no nos guste lo digamos». «Pedimos al gobierno de uno y otro país que sean transparentes y claros», añadió, eso sí, con respeto a los asuntos sensibles de la lucha contra el terrorismo.
Asimismo, el diputado hizo hincapié en que los vuelos de los que se habló hoy no están sujetos al Convenio Bilateral de Defensa renovado por el gobierno del PP en 2002, sino que son vuelos civiles.
«CONTRADICCIONES» E «INESTABILIDAD» DEL GOBIERNO
Eso sí, De Arístegui criticó las «contradicciones» entre miembros del Gobierno respecto a este tema, y sacó a colación también el caso de Francisco Larrañaga, español condenado a muerte en Filipinas, «en el que se pugnaba por ver quién tenía el mérito de lograr la suspensión de las penas de muerte»; y las diferencias sobre la venta de material militar a Venezuela.
Incidió también en que la intervención de Llamazares «pone de manifiesto la fragilidad interna de su gobierno y la fragilidad de sus pactos», y habló de «inestabilidad» del Ejecutivo.
A esto le respondió el socialista Rafael Estrella, que le emplazó a dejar de «preocuparse por la estabilidad del gobierno, porque eso les lleva todos los días a estar detrás de la pancarta, y a estar agitando, desde la cruz al libro de matemáticas». Estrella quiso también dar al PP la «bienvenida al discurso de autonomía en política exterior» respecto a Estados Unidos.
Acusó también a Llamazares de reclamar «protagonismo» y consideró «un poco peregrina» su tesis de que deba retenerse de manera «preventiva» un avión porque esté implicado en la comisión de un delito en otro país, si no se emite una orden nacional o internacional de retenerlo.
Estrella valoró que en este asunto han funcionado bien los tres poderes del Estado y que debe reafirmarse la idea de que «en la lucha contra el terrorismo no vale todo».
En este sentido, el portavoz de CiU, Josep Maldonado, pidió al ministro que no dé «carpetazo» al asunto «porque si hay algo más habrá que investigarlo». «Usted debe exigir al Gobierno norteamericano transparencia, porque también está en juego la soberanía del Estado y la credibilidad del Gobierno».
PROBLEMA DE SOBERANIA Y DE SEGURIDAD
También el portavoz del BNG Francisco Rodríguez llamó la atención sobre el «problema político de fondo» y apeló a no «tolerar actividades ilícitas que afectan a ciudadanos sospechosos que sean o no culpables», pero que pueden acabar afectando a todos los ámbitos y ser «un problema de seguridad de los Estados». Rodríguez instó al gobierno a «restaurar la legalidad anterior a 2002» y no dar a Estados Unidos «patente de corso».
Rodríguez denunció que «estamos ante una guerra no declarada, sucia, de proporciones alarmantes y que no se atiene a principios ni normas» y lamentó que la exposición de Moratinos dejó «muchos puntos negros sin aclarar». El portavoz acusó a Estados Unidos de «intimidación» a los demás Estados.
También por parte del PNV, Josu Erkoreka consideró que quedan «espacios de opacidad» sin aclarar, de los que el propio gobierno no tiene conocimiento.
El portavoz de CC, Luis Mardones, emplazó por su parte al gobierno a seguir investigando, especialmente en el caso del vuelo de Guantánamo a Bucarest que hizo escala en Los Rodeos (Tenerife) y recordó que Estados Unidos tiene bien cerca una base militar en Kenitra (Marruecos),.
«De los demás no hay ninguna constancia de ilegalidad, posiblemente no haya ilegalidad en ninguno, pero sí los servicios de inteligencia deberían preguntarse qué llevaba ese vuelo. Parece uno retrotraerse a la noche oscura de la política de división y el Pacto de Varsovia, entra uno en las calles de Bucarest», añadió. Ningún representante de ERC asistió a la comparecencia.
