Juan C. Osta (Periodista Digital).- Los nacionalistas no se lo están poniendo fácil tampoco al presidente Marín. Están empeñados en convertir la sede de la Soberanía Nacional en un Babel donde, pese a tener la lengua común, sea habitual ver a los diputados con traductores colgados de las orejas. Marín les ha vuelto a advirtir que el uso del catalán, gallego y euskera sólo será posible a través de la aprobación de una Ley específica de Lenguas que lo regule.
Marín, en rueda de prensa en el Congreso, descartó así la posibilidad planteada por ERC de volver a permitir breves intervenciones en las lenguas cooficiales como fórmula para salvar el único obstáculo que impide la reforma del Reglamento.
El presidente de la Cámara Baja explicó que para autorizar el empleo de lenguas distintas al castellano sería necesario hacerlo a través de una iniciativa legislativa, como la que el nuevo Gobierno de Entesa de Catalunya incluye en su programa. «Ese el camino. Esto es lo constitucional«, comentó en la comparecencia ofrecida en la sala de prensa.
Marín reunió a los periodistas para exponer su posición después de que los grupos dieran por fracasada la reforma hace dos semanas al no encontrarse una solución en materia lingüística.
El portavoz del PP, Eduardo Zaplana, llegó a decir que Marín «tiraba la toalla«, lo que el presidente del Congreso desmintió hoy. Según él, «el tiempo de los pretextos ha terminado«, y es hora de llegar a un acuerdo para completar la modernización de la institución después de casi 18 años de intentos.
Marín se dirigió a los grupos minoritarios y, especialmente, aunque sin citarlo, a ERC, para instarles a no hacer de este asunto «una subasta» y a «no tomar de rehén la reforma del Reglamento» para tratar de conseguir otras reivindicaciones.
Subrayó que hasta ahora, ninguna institución autonómica ha demandado al Congreso lo que está pidiendo ERC, y la relación con todas ellas es de normalidad, sin que la lengua haya representado un problema. Por ello, añadió: «En el hemiciclo no se puede pedir más de lo que nos están pidiendo los Parlamentos y Gobiernos autonómicos«.
Marín rechazó que de este modo se esté discriminando a los grupos minoritarios, a los que recordó que están «magníficamente tratados» en lo que se refiere a subvenciones y medios.
Hizo hincapié en que la aprobación del Reglamento sería un éxito compartido del Gobierno, del PP, de las minorías y de los propios ciudadanos, «que tendrían un Parlamento ágil y eficaz«.
De aprobarse el nuevo Reglamento, se introducirían los llamados debates de actualidad con la participación del presidente del Gobierno, al margen del debate sobre el estado de la Nación.
Otra de las novedades es que en el pleno sólo se celebrarían «debates políticos» y no para discutir enmiendas a las leyes, razón por la que suelen prolongarse más las sesiones.
Esto supondría suprimir el debate en pleno de las enmiendas a la totalidad, con el que comienza la tramitación de los proyectos legislativos, y los grupos se limitarían a fijar su posición.
Junto al Reglamento, se aprobaría un catálogo con las normas de funcionamiento que se han venido aplicando en los últimos años, aunque no tendría rango de ley.
Marín admitió que la actual coyuntura política es un obstáculo para sacar adelante la reforma, pero hizo hincapié en que este asunto debería ser «neutral» al ir «en beneficio de todos«.
Informó de que su intención es enviar una carta a todos los diputados haciéndoles ver la necesidad de adecuar la institución a las demandas de los ciudadanos. «Hay que recuperar la autoestima de la institución«, concluyó.